La investigación por presunto enriquecimiento ilícito suma nuevos procedimientos en Concordia. La causa, que abarca más de una década, vuelve a poner en el centro de la escena al exgobernador entrerriano y expone un fuerte cruce entre el Poder Judicial y un sector del PJ provincial
Nuevos allanamientos en Concordia
Este lunes se realizaron allanamientos en propiedades del exgobernador Gustavo Bordet en la ciudad de Concordia, en el marco de una causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito.
Los procedimientos se llevaron adelante en la vivienda ubicada en la zona de calles Urquiza y Salta, así como en otros inmuebles vinculados al exmandatario, incluyendo una propiedad en un barrio cerrado. La medida fue impulsada por el fiscal José Emiliano Arias, quien encabeza la investigación.
Según se informó, los operativos tienen como objetivo recolectar documentación patrimonial, dispositivos electrónicos y todo elemento que permita reconstruir la evolución económica del exfuncionario y su entorno.
Una causa que abarca más de una década
La investigación judicial se centra en el período comprendido entre 2007 y 2023, etapa en la que Bordet fue intendente de Concordia y luego gobernador de Entre Ríos.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que el exmandatario habría incrementado su patrimonio de manera desproporcionada, presuntamente mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles a través de terceros o con valores subdeclarados.
Entre los elementos bajo análisis aparecen: posibles omisiones en declaraciones juradas. Compra de terrenos a valores inferiores al mercado. Construcción de propiedades con costos inconsistentes. Viajes al exterior sin registros de consumos oficiales
La causa, caratulada por enriquecimiento ilícito, se inició hace más de dos años y continúa en etapa investigativa, sin imputaciones firmes hasta el momento.
El antecedente reciente: allanamiento a su hija
Hace apenas semanas, la Justicia ya había avanzado con un procedimiento en la vivienda de una de las hijas de Bordet en Paraná.
Ese operativo fue el primero en concretarse debido a que la joven no cuenta con fueros, a diferencia del exgobernador -actual diputado nacional- y su esposa, también legisladora provincial.
En ese contexto, la fiscalía ya había puesto el foco en bienes familiares y posibles maniobras de triangulación patrimonial, ampliando el alcance de la investigación.
Bordet y su defensa: críticas al accionar judicial
En la antesala de estos nuevos allanamientos, Bordet había anticipado que no se ampararía en sus fueros para evitar los procedimientos y aseguró estar a disposición de la Justicia. Sin embargo, también cuestionó con dureza la investigación, señalando una supuesta “intencionalidad mediática” y apuntando directamente contra el fiscal Arias por una presunta falta de objetividad.
El exgobernador sostuvo que el proceso se ha convertido en un “espectáculo” y negó irregularidades en su patrimonio
El PJ entrerriano denuncia “ensañamiento”
El avance de la causa también generó una fuerte reacción del Partido Justicialista de Entre Ríos, que salió en defensa de Bordet.
Desde el espacio cuestionaron lo que consideran un uso político y mediático de la investigación, denunciando una “marcada intencionalidad” por parte de la fiscalía y hablando de un posible “ensañamiento”.
No obstante, las críticas del peronismo chocan con un dato central: la causa sigue su curso en la Justicia y se sustenta en indicios que motivaron medidas concretas como los allanamientos.
Entre la política y la Justicia
Los nuevos procedimientos profundizan un escenario donde se cruzan dos dimensiones sensibles: la investigación judicial sobre el patrimonio de un exgobernador y la reacción política de un espacio que busca contener el impacto.
Mientras la Justicia intenta avanzar en la recolección de pruebas, el debate público se desplaza hacia otro terreno: el de la credibilidad institucional.
Porque, más allá de las denuncias de “persecución” o “espectacularización”, la pregunta de fondo sigue intacta: ¿hubo o no un crecimiento patrimonial incompatible con la función pública?
La respuesta, por ahora, sigue en manos de la Justicia. Y el expediente, lejos de cerrarse, parece recién entrar en su etapa más decisiva.