La dramática advertencia lanzada por la Asociación de Pastores Unidos de Concordia (APUC) no sólo expone una crisis social alarmante, sino también el deterioro acelerado de una ciudad que supo ser símbolo de resistencia comunitaria frente a la pobreza. “Familias enteras van a los basurales para saciar su hambre”, denunciaron los referentes religiosos en un documento dirigido al intendente Francisco Azcué, donde además reclamaron la declaración de la Emergencia Alimentaria y la Emergencia en Salud Mental.


El pronunciamiento de los pastores golpea porque no proviene de un espacio partidario ni de sectores opositores tradicionales. Surge desde quienes recorren diariamente los barrios más postergados de Concordia, escuchan a las familias y observan cómo la marginalidad vuelve a instalarse con crudeza en una ciudad históricamente castigada por los indicadores de pobreza.

La imagen de personas buscando comida entre residuos no es solamente una postal de la exclusión: es la evidencia concreta de un Estado municipal que parece haber perdido capacidad de respuesta frente a la emergencia social. Y también refleja las consecuencias directas del modelo económico impulsado por el presidente Javier Milei, sostenido políticamente por sectores que en Entre Ríos encuentran eco en la gestión local.

En Concordia, la administración de Azcué llegó prometiendo orden, transparencia y eficiencia. Sin embargo, con el correr de los meses comenzaron a multiplicarse los cuestionamientos por despidos, recortes y ausencia de políticas sociales integrales. Incluso desde distintos sectores políticos se advirtió que la gestión municipal quedó reducida a una lógica de ajuste y administración de crisis, sin un horizonte claro para enfrentar el crecimiento de la pobreza.

La declaración de APUC deja además una pregunta incómoda: ¿cómo puede una ciudad gobernada bajo el discurso de la “renovación” terminar naturalizando escenas de hambre extrema? Porque cuando una familia llega a un basural para buscar alimento, ya no se está frente a un problema económico aislado. Se trata de una ruptura profunda del tejido social, de una derrota colectiva y de un fracaso político.

Los pastores también reclamaron medidas urgentes en materia de salud mental, otro síntoma de una crisis que avanza silenciosamente en los sectores más vulnerables. El aumento de consumos problemáticos, la desesperanza y la desintegración familiar aparecen hoy como parte inseparable del deterioro económico.

Mientras tanto, desde el oficialismo local algunos concejales respondieron atribuyendo “intencionalidad política” a las críticas. Pero el problema de fondo no desaparece desacreditando a quienes denuncian la realidad. Las escenas de hambre no son operaciones políticas: son consecuencias concretas de decisiones políticas.

La gestión de Azcué enfrenta así uno de sus momentos más delicados. Porque la sociedad puede tolerar errores administrativos, demoras o internas políticas. Lo que difícilmente pueda aceptar es la sensación de abandono frente a una emergencia humana cada vez más visible.

Cuando el hambre avanza hasta los basurales, ya no alcanza con discursos de austeridad ni relatos de eficiencia. Allí donde el Estado se retira, la pobreza ocupa todo el espacio. Y una ciudad que naturaliza eso corre el riesgo de perder mucho más que indicadores económicos: pierde humanidad.

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