La fiscalización se hizo sobre las condiciones de uso de Mercado Libre, Mercado Pago y préstamos personales. La empresa tiene cinco días hábiles para responder.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires imputó a Mercado Libre tras detectar presuntas cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión y advirtió que la empresa podría enfrentar una sanción económica superior a los $1.800 millones.
La actuación fue impulsada por la Dirección Provincial de Defensa de los Consumidores, que llevó adelante una fiscalización sobre el sitio oficial de la firma y detectó más de diez cláusulas que, según consideró, podrían infringir la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor.
El análisis se centró en las condiciones generales de uso del llamado “ecosistema MELI”, incluyendo los términos vinculados a préstamos personales y al funcionamiento de Mercado Pago para compras y pagos.
Desde la gestión de Axel Kicillof señalaron que la fiscalización fue iniciada de oficio, más allá de la posible existencia de denuncias puntuales, y remarcaron que se trata de la empresa con mayor cantidad de reclamos en territorio bonaerense.
“Mercado Libre es la empresa con más reclamos en la Provincia: 2396 denuncias individuales sólo en los primeros cuatro meses del año”, indicaron.
Además, desde la administración provincial sostuvieron que las cláusulas observadas podrían generar un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio de los usuarios.
“La autoridad de aplicación constató que diversas cláusulas de los contratos presentarían abusividad en términos del artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor”, señalaron.
Entre las cláusulas observadas por el gobierno bonaerense aparecen aspectos vinculados a la indeterminación en el cobro de tarifas, la aceptación tácita de modificaciones contractuales, el traslado de responsabilidad al usuario por el uso no autorizado de la cuenta, la compensación entre cuentas y la exoneración de responsabilidad de la empresa por fallas técnicas.
También se incluyeron cuestionamientos por débitos sobre cuentas de terceros ajenos al contrato, una cláusula de indemnidad a favor del proveedor, la caducidad automática de plazos por incumplimientos futuros indeterminados, la exención anticipada de responsabilidad y la fijación de una jurisdicción exclusiva, algo que, según se advirtió, podría dificultar el acceso a la justicia para los consumidores.
Tras la imputación, Mercado Libre fue notificada y ahora cuenta con un plazo de cinco días hábiles e improrrogables para presentar su descargo por escrito y acreditar personería, además de fijar domicilio electrónico y físico en la ciudad de La Plata.
La empresa también tiene la posibilidad de presentar una propuesta para adecuar, modificar o suprimir las cláusulas cuestionadas, lo que podría cerrar el expediente.
En caso de no avanzar en ese sentido, la firma de Marcos Galperin podría quedar expuesta a una multa de hasta $1.815 millones.