La multinacional Cargill suspendió las operaciones de su planta de acopio en Arribeños y dejó sin actividad a 30 trabajadores. El conflicto se originó por una denuncia de transportistas independientes sobre un presunto cobro del 3% por fuera de los canales formales para acceder a las cargas.
La empresa agroexportadora Cargill suspendió las operaciones de su planta de acopio ubicada en la localidad de Arribeños, partido de General Arenales, en medio de un conflicto con transportistas independientes que reclaman por las condiciones para acceder a los viajes de carga.
La paralización comenzó el 3 de julio y dejó sin actividad a 30 trabajadores vinculados al establecimiento, además de generar un fuerte impacto sobre talleres mecánicos, comercios y proveedores que dependen del movimiento de la planta.
La compañía informó que las operaciones permanecerán suspendidas «hasta que existan garantías de seguridad».
La denuncia de los transportistas por un presunto cobro del 3%
El conflicto tiene como eje la denuncia realizada por un grupo de fleteros contra un representante de la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas (CATAC), a quien acusan de actuar como intermediario obligatorio sin prestar un servicio logístico efectivo.
Según explicó Cristian Cardoso, vocero de los transportistas afectados, «este personaje operaba como intermediario sin un contrato activo ni un servicio logístico real. Las 30 familias fleteras decidieron abrirse de esa persona porque sufrían condiciones desfavorables, pero al hacerlo se quedaron automáticamente sin trabajo».
Los camioneros sostienen además que para acceder a los viajes debían pagar un 3% del valor de cada carga por fuera de los canales formales, una práctica que rechazaron y que, según afirman, derivó en la interrupción de las asignaciones de fletes, agregó Infogremiales.
La respuesta de CATAC y de Cargill
Desde la conducción de CATAC rechazaron las acusaciones. Su presidente, Ramón Jatip, aseguró que los transportistas «se fueron voluntariamente», negando la existencia de un esquema de comisiones irregulares.
Por su parte, Cargill señaló que las personas que impulsan el reclamo no son ni fueron empleados de la compañía, sino prestadores independientes.
La empresa indicó que la asignación de cargas responde a «criterios comerciales y operativos propios de la actividad, en el marco del derecho de libre contratación» y remarcó que la seguridad constituye un valor «fundamental e innegociable», motivo por el cual las operaciones solo se reanudarán cuando existan las condiciones necesarias.
El conflicto lleva alrededor de diez meses y, según los transportistas, la falta de avances en las negociaciones podría derivar en una intensificación de las medidas de fuerza.
Cristian Cardoso advirtió que, si no existen respuestas por parte de la empresa, las protestas podrían extenderse a otras plantas que Cargill posee en la región. (Infonews)