Juntos x Entre Ríos presentó un pedido de informes para conocer cómo se desarrolló la licitación que terminó con la concesión por diez años del histórico espacio municipal. La existencia de un único oferente, la publicidad del proceso, las condiciones económicas y el destino de la Escuela Municipal de Circo vuelven a colocar a la gestión de Rosario Romero bajo la mirada de la oposición y de sectores de la comunidad cultural.
La polémica en torno al Centro Cultural Gloria Montoya vuelve a instalarse en el centro de la escena política de Paraná. Esta vez, el bloque de concejales de Juntos presentó un pedido de informes dirigido a la administración de la intendenta Rosario Romero para conocer en detalle cómo se desarrolló la Licitación Pública N.º 51/2026, mediante la cual el Municipio concesionó por diez años el histórico inmueble ubicado en las barrancas del Parque Urquiza.
La adjudicación fue realizada a favor de Paracima S.A.S., que estará asociada con Tribus Club de Arte, para desarrollar allí un proyecto gastronómico, cultural y recreativo. La licitación tuvo un único oferente, una circunstancia que no invalida por sí misma el procedimiento, pero que, según plantearon los concejales opositores, merece ser analizada para determinar si existieron condiciones suficientes de publicidad, competencia y acceso para potenciales interesados.
El pedido de informes reclama información precisa, detallada y verificable sobre distintos aspectos del proceso. Entre ellos, los mecanismos utilizados para difundir la convocatoria, la cantidad de personas o empresas que consultaron o solicitaron el pliego, los pedidos de aclaración recibidos y la eventual realización de estudios sobre el mercado de operadores culturales, gastronómicos o recreativos.
También se solicita conocer por qué, frente a la presentación de un único oferente, el Ejecutivo no dispuso una prórroga, una mayor difusión o un segundo llamado.
Una concesión por diez años que despierta interrogantes
La Municipalidad había informado que el proceso se inició mediante el Decreto N.º 1355, del 24 de junio de 2026, y que la apertura de ofertas se realizó el 21 de julio. Posteriormente, mediante el Decreto N.º 1761, del 10 de agosto, se aprobó la licitación y se adjudicó la concesión por diez años.
Según la información oficial difundida, la convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial electrónico municipal desde el 29 de junio hasta la fecha de apertura y también en un medio gráfico de Paraná los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.
Precisamente allí aparece uno de los ejes centrales del planteo opositor. Para Juntos, no alcanza con establecer si se cumplieron los requisitos formales de publicación. La discusión pasa por determinar si la convocatoria logró efectivamente llegar a una cantidad suficiente de potenciales interesados como para favorecer una competencia real.
El planteo tiene un dato concreto como punto de partida: hubo un solo oferente.
Los concejales aclararon que no existe un «número mágico» de participantes que determine automáticamente la validez de una licitación. Sin embargo, consideran que una oferta única constituye un indicador que permite revisar las condiciones en las que se diseñó y comunicó el proceso.
Una polémica que comenzó antes
El debate no nació con el pedido de informes de Juntos. Dsde que se conoció la concesión, distintos sectores comenzaron a reclamar mayores precisiones sobre el destino del inmueble, las condiciones económicas del contrato y el futuro de la Escuela Municipal de Circo Larrisa, que funcionaba allí desde hace dos décadas.
La comunidad educativa de la escuela cuestionó haber conocido la concesión a través de los medios y manifestó preocupación por la continuidad de la institución. En ese momento, docentes y trabajadores también denunciaron dificultades vinculadas con el pago de haberes y la situación contractual de parte del personal.
La discusión derivó incluso en la búsqueda de un espacio alternativo para la Escuela de Circo. Una primera propuesta de traslado al Club Catamarca Central fue rechazada por la comunidad educativa, mientras desde el Municipio se aseguró que la intención no era cerrar la institución.
Así, una cuestión que originalmente podía presentarse como un proyecto de recuperación y refuncionalización de un inmueble municipal terminó abriendo un debate mucho más amplio sobre qué espacios culturales deben permanecer bajo gestión pública, cómo se concesionan los bienes municipales y qué condiciones deben garantizarse cuando un patrimonio público pasa a manos privadas.
El canon, las inversiones y las condiciones del contrato
Otro de los puntos que viene siendo reclamado desde distintos sectores es el conocimiento público de las condiciones económicas de la concesión.
La organización periodística La Caldera presentó un pedido formal de acceso a la información para obtener, entre otros documentos, el pliego, la oferta de Paracima, el dictamen de evaluación, el contrato, el canon y las inversiones comprometidas. También solicitó conocer las condiciones vinculadas con la Escuela de Circo y la participación de Tribus Club de Arte.
El planteo opositor en el Concejo Deliberante vuelve a colocar esas cuestiones sobre la mesa.
En definitiva, el interrogante no pasa solamente por saber quién ganó la licitación. También interesa conocer qué recibe la ciudad, qué debe aportar el concesionario, cuánto se pagará por la explotación del inmueble, qué inversiones deberán realizarse, qué controles tendrá el Estado y qué contraprestaciones culturales se garantizarán durante los diez años de concesión.
De un espacio público a un nuevo modelo de gestión
La administración de Rosario Romero sostiene que el objetivo es recuperar un inmueble municipal y convertirlo nuevamente en un espacio activo para actividades culturales, gastronómicas y recreativas, manteniendo incluso el nombre Gloria Montoya como parte de su identidad.
La oposición, en cambio, pretende que el Ejecutivo explique con mayor profundidad cómo se llegó a esa decisión y bajo qué condiciones se concretó. Allí aparece el verdadero debate político.
Porque el Gloria Montoya no es simplemente un edificio ubicado en una zona privilegiada de Paraná. Durante años fue un espacio vinculado a la actividad cultural de la ciudad y, particularmente, a la Escuela Municipal de Circo. Por eso, la discusión sobre su concesión trasciende la licitación en sí misma.
Lo que está en juego es la manera en que el Estado administra sus bienes, cómo garantiza transparencia y competencia en los procesos de contratación y qué controles establece cuando decide delegar durante una década la explotación de un espacio público.
El pedido de informes de Juntos vuelve a poner esas preguntas sobre la mesa. Ahora será la administración municipal la que deberá responderlas con documentación y argumentos. Porque cuando se trata de patrimonio público, la transparencia no debería ser una consecuencia de la polémica, sino una condición previa de cualquier decisión de semejante magnitud.