El gobernador remitió a la Legislatura un proyecto para modificar el Código Procesal Laboral. La iniciativa contempla un cuerpo especializado de peritos, cambios en los honorarios y modificaciones al mecanismo para apelar sentencias. Desde el sector empresario venían reclamando cambios frente a lo que consideran un escenario de elevada litigiosidad.
El gobernador Rogelio Frigerio dio un nuevo paso en su estrategia de acercamiento al sector productivo entrerriano. El Ejecutivo provincial remitió a la Legislatura un proyecto de reforma del Código Procesal Laboral que modifica aspectos centrales del funcionamiento de los procesos judiciales vinculados con accidentes y riesgos del trabajo.
La iniciativa había sido anunciada por Frigerio durante la Jornada de la Industria organizada por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), donde el mandatario planteó la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos laborales y la preservación de las fuentes de empleo.
Según publicó Página Judicial este miércoles, la reforma responde en buena medida a planteos realizados por el empresariado entrerriano, particularmente a partir de cuestionamientos sobre la litigiosidad laboral y el modo en que se calculan los intereses de las indemnizaciones.
Un cuerpo especializado de peritos
Uno de los principales cambios previstos es la creación, dentro del Poder Judicial, de un cuerpo especializado de profesionales médicos para intervenir en cuestiones vinculadas con riesgos del trabajo y accidentes laborales.
El proyecto contempla que esos profesionales sean seleccionados mediante concurso y que sus honorarios dejen de estar atados al monto económico del juicio. La intención oficial es avanzar hacia pericias con mayor especialización técnica y reducir las distorsiones que, según el Gobierno, puede generar el actual sistema.
El modelo toma como referencia experiencias implementadas en otras provincias, entre ellas Santa Fe y Córdoba.
También cambia el mecanismo para apelar
Otro de los puntos relevantes de la iniciativa es la eliminación del depósito obligatorio del monto total de la condena para que un empleador pueda apelar una sentencia de primera instancia.
El proyecto también plantea el desacople de los honorarios de los peritos respecto del valor económico de los litigios.
Desde el Gobierno sostienen que las modificaciones buscan fortalecer las garantías del debido proceso, mejorar el acceso a una instancia revisora y dotar de mayor previsibilidad al funcionamiento de la Justicia laboral.
El reclamo empresario que llegó a la Legislatura
La reforma no aparece aislada de las demandas que el sector empresario viene planteando desde hace tiempo.
La UIER había cuestionado lo que definió como una creciente litigiosidad laboral y había puesto particularmente el foco en los criterios utilizados para calcular los intereses de las indemnizaciones. Entre las alternativas planteadas por la entidad figuraba precisamente la intervención de profesionales especializados en medicina laboral y un esquema de honorarios desvinculado del monto del juicio.
Ahora, varios de esos planteos forman parte del proyecto enviado por el Ejecutivo provincial.
Desde la administración de Frigerio, según consignaron medios que accedieron a los fundamentos de la iniciativa, se sostiene que no se busca modificar la legislación laboral de fondo sino introducir cambios en los procedimientos para evitar que determinados conflictos judiciales puedan comprometer la continuidad de pequeñas y medianas empresas.
Una reforma que vuelve a poner en discusión el equilibrio entre trabajadores y empresas
La discusión que abre el proyecto excede, por lo tanto, una cuestión estrictamente procesal.
La reforma vuelve a instalar en Entre Ríos un debate sensible sobre cómo debe funcionar la Justicia laboral y hasta dónde las modificaciones destinadas a otorgar mayor previsibilidad a las empresas pueden convivir con el principio de protección que caracteriza al derecho del trabajo.
El propio Frigerio había planteado meses atrás que las interpretaciones judiciales no deberían terminar afectando a quienes generan empleo. En septiembre, ante industriales entrerrianos, volvió sobre esa idea al sostener que las leyes laborales deben proteger derechos, pero que esa protección no debería terminar destruyendo las fuentes de trabajo.
Con el proyecto ya en manos de la Legislatura, la discusión deja de ser un anuncio frente al empresariado y pasa ahora al terreno parlamentario. Allí deberán debatirse los alcances concretos de una reforma que, más allá de sus aspectos técnicos, constituye también una señal política del rumbo que el Gobierno provincial pretende imprimirle a la relación entre producción, empleo y Justicia laboral.