El ministro de Economía, Luis Caputo, quedó involucrado en una denuncia penal que busca esclarecer las operaciones financieras realizadas con parte del oro de las reservas internacionales y que, según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), habrían generado pérdidas superiores a los 1.000 millones de dólares durante 2025. La presentación también apunta contra el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curuchet.
La denuncia fue presentada este viernes por el abogado Gregorio Dalbón, quien solicitó que se investigue a los funcionarios por presunta defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El planteo pone el foco sobre el manejo de recursos estratégicos del Estado y reclama explicaciones por el impacto económico de las operaciones cuestionadas.
«Son recursos de la República y exigen una explicación a la altura de semejante cifra», advirtió Dalbón en el escrito judicial, en el que también reclamó una investigación rápida, profunda e independiente para determinar cómo se tomaron las decisiones y quiénes fueron los responsables.
De acuerdo con los datos citados en la presentación, las operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas del Banco Central habrían arrojado resultados negativos por 1.023 millones de dólares durante 2025, equivalentes a 1.469.155 millones de pesos a valores de cierre. De ese total, 960,2 millones de dólares corresponderían a pérdidas por opciones financieras y otros 62,8 millones al pago de primas.
La magnitud de los números vuelve a poner bajo cuestionamiento la administración de las reservas y las decisiones adoptadas por las autoridades económicas. La Justicia deberá establecer si las operaciones tuvieron una justificación financiera suficiente, qué riesgos se asumieron y si existieron irregularidades que provocaron un perjuicio patrimonial para el Estado.
El escrito solicita que se determine quién decidió, autorizó y diseñó las maniobras, además de identificar a las contrapartes involucradas y los controles aplicados. Entre las medidas que podrían requerirse figuran citaciones a declaración indagatoria, allanamientos, secuestro de documentación y dispositivos electrónicos, peritajes contables y financieros y levantamiento de secretos, siempre que correspondan según el avance de la causa.