El Gobierno nacional oficializó un nuevo régimen de desvinculación para empleados públicos que busca reducir la estructura del Estado. La medida alcanza a cerca de 20.000 trabajadores potencialmente elegibles y establece que los cargos de quienes se retiren serán eliminados. Desde el inicio de la gestión libertaria ya se perdieron más de 74.000 puestos de trabajo estatales.
El gobierno de Javier Milei vuelve a poner en marcha la motosierra sobre el empleo público. A través de un nuevo régimen de retiros voluntarios, la administración nacional busca profundizar la reducción de personal estatal, una política que tiene como uno de sus principales impulsores al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La medida quedó oficializada mediante el Decreto 1203/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y firmado por el Presidente, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el propio Sturzenegger. El programa estará dirigido a trabajadores de planta permanente y a empleados con contratos por tiempo indeterminado comprendidos en la Administración Pública Nacional centralizada.
Aunque el Gobierno presenta la iniciativa como parte de un proceso de reorganización administrativa y optimización de recursos, la decisión se inscribe en una política de achicamiento estatal que ya produjo una fuerte reducción de la dotación de trabajadores públicos.
Una nueva etapa de la motosierra
El dato que dimensiona el alcance del proceso es contundente. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el Estado nacional perdió más de 74.000 puestos de trabajo, según cifras difundidas a partir de registros oficiales.
Ahora, el Ejecutivo vuelve a promover salidas de trabajadores mediante compensaciones económicas. Se estima que alrededor de 20.000 empleados podrían reunir las condiciones para adherir al nuevo esquema, aunque eso no significa que todos vayan a hacerlo.
El punto central de la norma es que los puestos de quienes acepten el retiro serán eliminados. Es decir, las desvinculaciones no están planteadas como una renovación de personal, sino como una reducción permanente de la estructura estatal.
En ese marco, el discurso oficial sobre la eficiencia vuelve a abrir una discusión de fondo. Reducir la cantidad de empleados puede representar un ahorro presupuestario, pero también plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para sostener sus funciones, garantizar servicios y responder a las demandas de la sociedad.
Quiénes podrán acceder al régimen
El programa contempla distintas modalidades de compensación, de acuerdo con la edad de los trabajadores, sus años de aportes jubilatorios y su antigüedad laboral.
La inscripción está prevista entre el 1 y el 30 de noviembre, con la posibilidad de una prórroga de hasta 30 días corridos. La adhesión implica la finalización definitiva de la relación laboral y, de acuerdo con la normativa, quienes acepten el retiro no podrán volver a trabajar en el Estado nacional durante ocho años.
El régimen no alcanza a la totalidad del sector público. Está dirigido al personal comprendido en las condiciones establecidas para la Administración Pública Nacional centralizada, con exclusiones previstas para determinados organismos y sectores.
Por eso, más allá de las condiciones económicas ofrecidas, la iniciativa vuelve a instalar la preocupación por el futuro laboral de miles de trabajadores y sus familias, en un contexto marcado por el ajuste del gasto público.
El costo del achicamiento estatal
La administración libertaria sostiene que la reducción de estructuras y dotaciones permitirá utilizar de manera más eficiente los recursos públicos. Sin embargo, el debate no puede limitarse exclusivamente al número de empleados ni al ahorro que pueda reflejar una planilla presupuestaria.
El Estado no es solamente una estructura administrativa. También es el instrumento mediante el cual se garantizan derechos, se sostienen políticas públicas y se presta asistencia a la población. Por eso, cada recorte exige evaluar qué funciones se pierden, cómo se reorganizan las tareas y qué consecuencias puede tener sobre la calidad de los servicios.
Con los nuevos retiros voluntarios, Milei y Sturzenegger profundizan una orientación que convirtió al achicamiento estatal en una de las principales banderas de gestión. La pregunta que permanece abierta es si la reducción del empleo público se traducirá efectivamente en una administración más eficiente o si terminará debilitando capacidades que resultan necesarias para el funcionamiento del país.
Mientras el Gobierno celebra la reducción del gasto y la eliminación de cargos, miles de trabajadores enfrentan la incertidumbre de una nueva etapa de ajuste. La discusión, en definitiva, excede la decisión individual de aceptar o no una compensación económica. Lo que está en juego es qué Estado pretende construir la Argentina y cuáles serán las consecuencias sociales de seguir reduciéndolo.
Fuente: Página/12, “Milei y Sturzenegger avanzan con el vaciamiento del Estado: abrieron nuevos retiros voluntarios”, publicado el 19 de octubre de 2026. Leer la nota original.