El relevamiento nacional consultó a 3.365 trabajadores de la educación de 19 provincias y describió un escenario marcado por la pérdida del poder adquisitivo, el recorte de partidas educativas y el agravamiento de las condiciones laborales. El 80,5% manifestó haber padecido problemas de salud durante el último año de trabajo.
La política de ajuste del gobierno de Javier Milei vuelve a quedar en el centro de la discusión sobre el presente y el futuro de la educación pública. Un informe de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), elaborado a partir de una encuesta nacional a 3.365 docentes de 19 provincias, expuso las dificultades económicas, laborales y sanitarias que atraviesa el sector en un contexto de reducción del gasto público y desfinanciamiento de las políticas educativas.
El relevamiento, realizado durante noviembre y diciembre de 2025, analizó las condiciones de trabajo, los salarios, la infraestructura escolar y el impacto de la actividad docente sobre la salud física y mental. Los resultados trazan un panorama preocupante para quienes sostienen cotidianamente el funcionamiento de las escuelas.
Uno de los datos más contundentes es que el 77% de los encuestados señaló que el salario docente constituye el único o principal ingreso de su hogar. Esta dependencia económica vuelve especialmente sensible al sector frente a la pérdida del poder adquisitivo y a la falta de recomposición salarial.
Salarios que no alcanzan y jornadas que se extienden
El informe advirtió que, en noviembre de 2025, más de un tercio de los docentes relevados percibía ingresos inferiores al millón de pesos, mientras que la Canasta Básica Total oficial para un hogar tipo se ubicaba en $1.257.329.
A su vez, el salario inicial nacional para un docente de jornada simple, sin antigüedad, promediaba menos de $800.000, con diferencias importantes entre provincias.
La situación económica también repercute en la organización del trabajo. Según la encuesta, la mitad de los docentes trabaja en dos establecimientos educativos y una cuarta parte se desempeña en tres o más. Además, tres de cada diez realizan otra actividad remunerada fuera de la docencia.
A estas condiciones se suma una carga laboral que no termina cuando finalizan las clases. La planificación, la corrección de trabajos, las evaluaciones, la atención de canales digitales y las tareas administrativas prolongan la jornada y reducen el tiempo de descanso.
En ese marco, el 70,2% de los encuestados manifestó experimentar sobrecarga laboral de manera constante o durante gran parte del tiempo.
El recorte presupuestario, otro foco de preocupación
Uno de los apartados más críticos del documento apunta al financiamiento educativo nacional. Según los datos presentados por CTERA, la función Educación y Cultura del presupuesto nacional registró una contracción real del 54,5%.
El informe también señaló fuertes reducciones en partidas destinadas a infraestructura, equipamiento y programas educativos. Entre los recortes denunciados figuran:
- Infraestructura y equipamiento escolar: reducción del 98%.
- Programa Conectar Igualdad: reducción del 97%.
- Políticas socioeducativas: reducción del 88%.
- Fortalecimiento de jardines de infantes: reducción del 100%.
A esto se suma la continuidad de la suspensión del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), cuya eliminación del esquema de financiamiento nacional es uno de los principales reclamos de las organizaciones sindicales del sector.
Para CTERA, estos números reflejan un proceso de desfinanciamiento que afecta tanto los ingresos de los trabajadores como las herramientas disponibles para garantizar condiciones adecuadas de enseñanza y aprendizaje.
La discusión excede, por lo tanto, la cuestión salarial: involucra el mantenimiento de los edificios escolares, el acceso a recursos tecnológicos, las políticas de inclusión y el acompañamiento de las trayectorias educativas.
Salud docente: una señal de alarma
Otro de los resultados más relevantes del relevamiento está relacionado con la salud de los trabajadores de la educación.
El 80,5% afirmó haber padecido problemas de salud durante el último año laboral. Entre las afecciones mencionadas aparecen dificultades en la voz, malestar psíquico, problemas vinculados con la salud mental y trastornos osteoarticulares y respiratorios.
El estudio también advirtió sobre las dificultades para acceder a la cobertura de riesgos del trabajo: el 44,6% de los casos de accidentes o enfermedades laborales relevados no contaba con cobertura efectiva de una ART. El informe atribuyó esta situación tanto a la falta de denuncia como al rechazo formal o la ausencia de respuesta.
A su vez, la encuesta puso el foco en los adicionales salariales vinculados con el presentismo o la asistencia perfecta. El 43,5% de los docentes manifestó percibir este tipo de conceptos y, entre ellos, el 76,5% indicó que representan una parte decisiva de sus ingresos.
Según la interpretación de CTERA, este mecanismo puede generar presión para concurrir a trabajar aun cuando existen problemas de salud, ante el temor de sufrir descuentos salariales.
El costo del transporte constituye otra dificultad: el 76% de los encuestados afirmó afrontar sus gastos cotidianos de movilidad sin viáticos ni esquemas de boleto docente gratuito en sus distritos.
Un debate que interpela a todo el sistema educativo
Los resultados vuelven a poner sobre la mesa una discusión central para el sistema educativo argentino: qué lugar ocupa la educación pública dentro de las prioridades presupuestarias del Estado y cuáles son las consecuencias concretas de la reducción del gasto sobre quienes trabajan en las escuelas y las comunidades que dependen de ellas.
La política económica del Gobierno nacional tiene como uno de sus ejes el equilibrio fiscal y la reducción del gasto público. Desde CTERA, en cambio, se cuestiona que ese objetivo se alcance mediante recortes que, según el sindicato, comprometen el financiamiento educativo, los salarios y las condiciones de trabajo.
El relevamiento aporta indicadores sobre esa tensión, aunque sus resultados corresponden a una encuesta sindical realizada en 19 provincias y no deben interpretarse automáticamente como una medición representativa de la totalidad de los docentes argentinos.
La dimensión del problema, sin embargo, plantea interrogantes que exceden la disputa entre el Gobierno y los gremios: cómo sostener la calidad educativa con salarios deteriorados, jornadas extendidas, problemas de infraestructura y mayores dificultades para cuidar la salud de los trabajadores.
En definitiva, el informe de CTERA vuelve a colocar a la educación pública en el centro del debate nacional y obliga a discutir no solo cuánto gasta el Estado, sino también qué políticas considera prioritarias y qué consecuencias sociales tiene la distribución de esos recursos.
Fuente: APFDigital, a partir del informe de CTERA sobre salud y condiciones de trabajo de la docencia argentina.