El Gobierno nacional habilitó aumentos que llegan al 100% en determinadas estaciones de peaje de las rutas nacionales 205 y 226. Mientras tanto, miles de kilómetros de la red vial argentina muestran un deterioro creciente, con baches, falta de mantenimiento y obras paralizadas. Viajar cuesta cada vez más, pero las condiciones de circulación no mejoran. Otro golpe a una economía familiar que ya no encuentra margen para absorber nuevos aumentos.
El Gobierno de Javier Milei vuelve a cargar sobre los bolsillos de los argentinos. Esta vez, el impacto llega a través de los peajes. Con la autorización de la Dirección Nacional de Vialidad, bajo la órbita del ministro de Economía, Luis Caputo, comenzaron a regir nuevos cuadros tarifarios que, en determinadas estaciones, representan incrementos cercanos al 100%.
La medida, que entró en vigencia el jueves 29 de octubre, alcanza particularmente a los peajes de Uribelarrea, sobre la Ruta Nacional 205, e Hinojo, en la Ruta Nacional 226, ambos administrados por la empresa Corresur.
Con la actualización, los automóviles y camionetas de hasta dos ejes pasaron de pagar $1.787,10 a $3.608,24 utilizando TelePASE. Pero quienes no cuentan con ese dispositivo y deben utilizar el sistema de pago electrónico manual enfrentan una tarifa de $7.216,49 por pasada.
Se trata de un incremento que llega apenas cuatro meses después de la primera actualización aplicada por la concesionaria, que había comenzado a operar esos corredores en julio.
La empresa justificó el nuevo cuadro tarifario en la finalización de las denominadas obras iniciales de puesta en valor, cuya ejecución fue verificada y aprobada por Vialidad Nacional.
Sin embargo, aquí aparece una pregunta inevitable: ¿qué están pagando realmente los argentinos cuando atraviesan un peaje?
Pagar más para circular por rutas deterioradas
El problema no es solamente el aumento. Es el contexto en el que se produce.
La red vial nacional atraviesa una situación preocupante. Baches, deformaciones de calzada, banquinas deterioradas, señalización deficiente y falta de intervenciones estructurales forman parte de un escenario que padecen diariamente miles de automovilistas, transportistas y trabajadores que necesitan las rutas para desarrollar sus actividades.
Un informe publicado en agosto por La Nación, sobre la base de datos oficiales procesados por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), expuso que el 57,5% de los kilómetros relevados se encontraba en estado malo o regular.
El dato tiene otra dimensión todavía más preocupante: la evaluación alcanza solamente al 49% de los 40.643 kilómetros que conforman la red nacional.
En paralelo, el presupuesto destinado a Vialidad Nacional para 2026 ronda los $563.000 millones, una cifra que representa una reducción real del 79% respecto de 2023.
Es decir, mientras el Estado nacional reduce drásticamente los recursos destinados a la infraestructura vial, habilita incrementos tarifarios que terminan trasladándose directamente a quienes utilizan las rutas.
El ajuste también se siente cada vez que se viaja
Para una familia que necesita trasladarse por razones laborales, educativas, de salud o simplemente para visitar a sus seres queridos, los peajes representan un gasto que se suma al combustible, los seguros, los repuestos y el mantenimiento del vehículo.
Para quienes trabajan con el transporte de pasajeros o de mercaderías, el impacto también termina trasladándose a los costos de producción y, potencialmente, a los precios que paga el consumidor.
El argumento de que los aumentos forman parte de los contratos de concesión no alcanza para despejar el interrogante de fondo: ¿qué garantías tienen los usuarios de que las tarifas que pagan se traducirán en rutas seguras, transitables y con obras de infraestructura acordes a las necesidades del país?
La discusión adquiere especial relevancia en Entre Ríos, donde las rutas nacionales 12 y 14 constituyen corredores fundamentales para la producción, el turismo y la conexión con el resto del país y los países vecinos. Son vías estratégicas para una provincia que depende de su infraestructura vial para movilizar buena parte de su actividad económica.
Un país donde viajar también se convierte en un privilegio
El Gobierno presenta el esquema de concesiones privadas como una alternativa para garantizar el mantenimiento y la modernización de los corredores viales. Pero esa transformación necesita algo más que contratos y nuevos cuadros tarifarios: requiere inversiones comprobables, controles efectivos y resultados visibles para los usuarios.
Porque el ciudadano no puede convertirse en el financista permanente de un sistema en el que los aumentos llegan mucho antes que las mejoras.
La Argentina atraviesa una profunda pérdida del poder adquisitivo. Los salarios corren detrás de los precios, las familias recortan consumos esenciales y cada gasto adicional obliga a reorganizar una economía doméstica cada vez más ajustada.
Ahora también habrá que pagar más para circular por rutas que, en muchos sectores, están lejos de ofrecer condiciones adecuadas de seguridad.
La pregunta es tan sencilla como incómoda: ¿cómo se explica que el Estado encuentre rápidamente el mecanismo para aumentar los peajes, pero no consiga garantizar que los argentinos puedan viajar por rutas en condiciones dignas y seguras?
En el país del ajuste, hasta viajar se está convirtiendo en un gasto cada vez más difícil de afrontar. Y mientras las tarifas suben, los baches siguen esperando que alguien se haga cargo.