La gestión del intendente Fabricio “Gino” Mesquida acumula cuestionamientos por el manejo de los adicionales salariales, el deterioro de espacios públicos y el presunto favoritismo hacia un reducido círculo de funcionarios y allegados. Desde la oposición reclaman que el Tribunal de Cuentas intervenga y permanezca una semana en el municipio para revisar su funcionamiento.
La situación política e institucional de Piedras Blancas comienza a mostrar señales de un deterioro que ya no se limita a las diferencias entre oficialismo y oposición. Las críticas hacia el intendente Fabricio “Gino” Mesquida se multiplican y apuntan tanto a la administración de los recursos municipales como al estado de abandono que, según denuncian trabajadores y dirigentes opositores, atraviesa distintos sectores de la localidad.
A los cuestionamientos por la falta de respuestas y la escasa presencia del jefe comunal en determinadas jornadas se suman ahora denuncias por el manejo discrecional de los adicionales salariales, presuntos privilegios para personas cercanas al intendente y un pedido concreto de intervención de una delegación del Tribunal de Cuentas.
El escenario plantea interrogantes sobre las prioridades de una administración que, mientras enfrenta reclamos por el deterioro de servicios e infraestructura, también debe responder por decisiones internas que generan malestar entre sus propios trabajadores.
El adicional como herramienta de disciplinamiento
Uno de los principales focos de conflicto dentro del municipio tiene que ver con la distribución de los adicionales salariales. Según relatan trabajadores que se consideran perjudicados, Mesquida estaría utilizando este mecanismo como una herramienta de presión y disciplinamiento hacia quienes no acompañan determinadas decisiones o prácticas de su gestión.
Pero el malestar no se limita a quienes mantienen diferencias con el intendente. También alcanza a empleados que, aun habiendo acompañado y sostenido cotidianamente el funcionamiento municipal, aseguran haber recibido recortes importantes.
“Hay empleados que se esfuerzan más de la cuenta por sostener una gestión que viene de mal en peor y, sin embargo, les han pagado adicionales de apenas 150 mil pesos”, sostienen desde el ámbito municipal.
La pregunta que comienza a instalarse es por qué trabajadores con responsabilidades y compromisos cotidianos reciben sumas tan reducidas mientras otros integrantes del entorno oficialista accederían a adicionales considerablemente superiores.
Privilegios de hasta dos millones de pesos
Las denuncias adquieren mayor dimensión cuando se pone el foco en quienes, según versiones que circulan en la comunidad, percibirían adicionales cercanos a los dos millones de pesos e incluso superiores.
Entre los nombres mencionados aparece un chofer oficial del municipio de apellido Moreyra, a quien se le atribuiría una relación de estrecha cercanía con Mesquida, incluso por compartir intereses vinculados con la adquisición de caballos.
Si estas diferencias salariales responden a responsabilidades, funciones y tareas efectivamente desempeñadas, la administración debería poder explicarlas con documentación y criterios objetivos.
De lo contrario, la distribución de los adicionales corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de privilegios para unos pocos y castigos económicos para quienes no forman parte del círculo de confianza del intendente.
La transparencia en el uso de los recursos públicos no puede depender de las simpatías personales ni de la cercanía política con quien gobierna.
Piedras Blancas, entre el abandono y la pérdida de infraestructura
Mientras las internas municipales crecen, desde la oposición advierten que la localidad atraviesa un preocupante proceso de deterioro.
Uno de los ejemplos más señalados es el camping Pirayú, un espacio turístico que supo representar un motivo de orgullo para Piedras Blancas y que hoy, según describen concejales opositores, presenta un estado de abandono alarmante.
Vidrios rotos, instalaciones fuera de servicio y sectores que requieren importantes inversiones forman parte del panorama que denuncian quienes conocen el lugar.
“Fijate lo mal que está que se llamó a licitación y no se presentó nadie. Es mucho lo que hay que invertir”, señaló una edil al referirse a la situación del complejo.
El deterioro de un espacio de estas características no representa solamente un problema de mantenimiento. También implica perder una herramienta de promoción turística, generación de actividad económica y disfrute para vecinos y visitantes.
Otro caso que despierta preocupación es el de una draga adquirida durante la administración del exintendente Julio “Yuli” Weisheim. La maquinaria, que podría constituir un recurso importante para el municipio y generar ingresos mediante la prestación de servicios, permanecería abandonada y expuesta al riesgo de hundirse.
“No la han sacado de donde está. Parece que están esperando que se hunda. Es una herramienta que puede generar ingresos. ¿Así cuidan los bienes municipales?”, cuestionan desde sectores opositores.
La pregunta es inevitable: ¿qué explicación puede ofrecer una administración municipal para justificar que una maquinaria de valor estratégico permanezca sin utilización y sin el mantenimiento necesario?
Internas políticas y desorden institucional
A las denuncias administrativas y al deterioro de la infraestructura se suma un escenario de creciente fragmentación dentro del propio oficialismo.
Concejales de la oposición anticipan que solicitarán la presencia de una delegación del Tribunal de Cuentas para que revise el funcionamiento administrativo y contable del municipio.
“Necesitamos que vengan y se instalen una semana en el municipio”, sostienen, dejando en claro que pretenden una revisión que permita esclarecer las situaciones denunciadas y determinar si existen irregularidades en el manejo de los fondos públicos.
El pedido también está atravesado por las disputas internas que comienzan a hacerse visibles en el espacio político de Mesquida.
Según versiones que circulan en el ámbito local, existiría un sector encabezado por Alberto Goró, secretario municipal, que estaría respaldando políticamente a un dirigente justicialista que tomó distancia del actual intendente.
Se trata de un referente conocido de la política local sobre quien también circulan cuestionamientos vinculados con el manejo de fondos destinados a publicidad y convenios con tarjetas Sidecreer. En particular, se mencionan presuntas situaciones de incompatibilidad por su participación en acuerdos comerciales que involucraban al mismo establecimiento que administraba.
Se trata de señalamientos que requieren documentación y aclaraciones, pero que forman parte de un clima de desconfianza que ya atraviesa distintos sectores del peronismo local.
Las diferencias comienzan a traducirse en pases de factura, reacomodamientos y una disputa que amenaza con profundizar la fractura del PJ en Piedras Blancas.
El patrimonio de Mesquida, otra pregunta que exige respuestas
Por encima de las internas partidarias, uno de los cuestionamientos más sensibles que se escuchan en la localidad está relacionado con el crecimiento patrimonial del intendente.
Desde sectores opositores sostienen que la evolución de sus bienes y propiedades genera interrogantes que, a su entender, deberían ser esclarecidos mediante los mecanismos institucionales correspondientes.
La discusión adquiere mayor relevancia porque, según recuerdan sus críticos, Mesquida habría llegado a la intendencia con dificultades económicas para afrontar el financiamiento de su propia campaña electoral.
Hoy, en cambio, sus detractores hablan de una transformación patrimonial que consideran difícil de explicar y reclaman que se investigue si existe correspondencia entre sus ingresos y los bienes que se le atribuyen.
En Piedras Blancas, la ironía popular ya encontró una frase para resumir ese malestar: “Cuando te pregunten dónde queda Piedras Blancas, hay que contestar: al lado de los campos de Mesquida”.
La expresión, que circula entre vecinos y sectores críticos de la gestión, sintetiza el cuestionamiento político sobre el supuesto crecimiento patrimonial del jefe comunal. Pero detrás de la ironía hay una cuestión mucho más seria: la necesidad de que los funcionarios públicos puedan dar cuenta de su patrimonio y explicar cualquier evolución significativa.
En una gestión que pierde el rumbo, las explicaciones son una obligación
Piedras Blancas necesita respuestas. Necesita que sus espacios públicos recuperen el valor que supieron tener, que sus herramientas municipales no terminen abandonadas y que los trabajadores reciban un trato justo, sin diferencias que puedan interpretarse como premios o castigos políticos.
También necesita instituciones que funcionen, controles efectivos y una administración capaz de explicar cómo distribuye los recursos que pertenecen a toda la comunidad.
El pedido de intervención del Tribunal de Cuentas puede convertirse en una instancia necesaria para despejar dudas y determinar si las denuncias tienen sustento administrativo y contable.
Porque gobernar un municipio no significa disponer de sus recursos como si fueran propios, ni convertir los adicionales salariales en instrumentos de lealtad política.
En Piedras Blancas, las preguntas se acumulan y las respuestas todavía no aparecen. Y cuando el abandono de la ciudad convive con denuncias de privilegios para unos pocos, la transparencia deja de ser una consigna para convertirse en una obligación ineludible.