El abogado Carlos Guillermo Reggiardo anunció que dejará de ejercer a partir del 1.º de febrero de 2027. En una contundente presentación ante el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos denunció años de amenazas, agresiones, procedimientos que considera ilegales y falta de respaldo institucional. Conocido por ser el defensor del intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, también cuestiona duramente el funcionamiento del Poder Judicial entrerriano.

La decisión de Carlos Guillermo Reggiardo de solicitar la baja de su matrícula profesional abre un nuevo capítulo en sus fuertes cuestionamientos al funcionamiento del sistema judicial de Entre Ríos. El abogado, radicado en Santa Elena y conocido por ejercer la defensa del intendente Daniel Rossi, comunicó formalmente que dejará de ejercer la profesión a partir del 1.º de febrero de 2027, después de lo que define como años de amenazas, agresiones, denuncias y obstáculos institucionales que terminaron por desgastar su actividad profesional y personal.
En una extensa carta fechada este 17 de noviembre, dirigida a las autoridades del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Sección Victoria, y al Consejo Directivo Provincial, Reggiardo expuso los motivos de una decisión que, según sus propias palabras, no responde a una pérdida de vocación por el derecho, sino a la imposibilidad de continuar trabajando bajo las condiciones que denuncia.
«Me alejo del ejercicio profesional con la sensación de que la institución que debía acompañarme no estuvo cuando la necesité», expresó en uno de los pasajes más contundentes de su presentación.
Amenazas, agresiones y una institución que, según denuncia, lo dejó solo
Reggiardo sostiene que los problemas que atravesó no comenzaron con el actual gobierno provincial, sino que se remontan a la gestión de Sergio Urribarri y continuaron durante distintas administraciones políticas, judiciales y colegiales.
En su relato menciona amenazas, una agresión física sufrida en 2017 dentro de un supermercado de Victoria, que asegura quedó registrada por las cámaras de seguridad y fue difundida por medios provinciales, y un allanamiento en su domicilio que considera ilegal por haberse realizado sin orden judicial.
También advierte que su familia sufrió las consecuencias de estos episodios.
Uno de los principales reproches está dirigido al Colegio de la Abogacía, institución a la que acusa de no haberle brindado acompañamiento ni defensa frente a situaciones que, desde su perspectiva, comprometieron sus garantías para ejercer libremente la profesión.
En ese sentido, recordó que en abril de 2024 había solicitado una reunión con la entonces presidenta de la entidad, María Marta Simón, para plantear los ataques y cuestionamientos que recibía desde distintos sectores, incluida la Asociación de la Magistratura.
Según señaló, llevaba años denunciando amenazas y agresiones sin que la institución se interesara siquiera por conocer su situación.
Cuestionamientos al Poder Judicial y expedientes disciplinarios .
El abogado también relacionó su decisión con las denuncias que presentó contra funcionarios políticos, jueces, fiscales y autoridades judiciales, en actuaciones vinculadas con presuntos hechos de corrupción, irregularidades administrativas y cuestionamientos al funcionamiento de organismos públicos.
A ese escenario suma los expedientes disciplinarios tramitados en su contra. Particularmente, cuestiona la reiteración de la ejecución de una suspensión de 60 días en el expediente 4357 y las circunstancias en que fue notificada otra sanción, correspondiente al expediente 4355.
En diciembre de 2024, además, había renunciado a su función como delegado del Instituto de Derecho Penal del Colegio, argumentando que sus planteos no habían sido escuchados.
Reggiardo aclara que la solicitud de baja no implica reconocer responsabilidades que ha rechazado ni desistir de las denuncias, recursos y acciones que mantiene en distintas instancias.
Frigerio también fue puesto en conocimiento
Otro tramo de la presentación involucra al gobernador Rogelio Frigerio. El abogado recuerda que en junio de 2025 dirigió una presentación al mandatario, a la vicegobernadora y al presidente de la Cámara de Diputados para informarles sobre las situaciones que denunciaba y reclamar garantías para quienes llevan adelante presentaciones por presuntos hechos de corrupción e irregularidades institucionales.
Si bien reconoce que el conflicto se inició antes de la actual administración, considera que Frigerio tiene una responsabilidad política por las respuestas que el Estado debe brindar durante su gestión.
«No alcanza con hablar de transparencia y república si quien denuncia se siente cada vez más desprotegido», plantea.
Un abogado ligado a la defensa de Daniel Rossi
Rossi viene sosteniendo fuertes cuestionamientos al Poder Judicial provincial, al que acusa de actuar con selectividad a la hora de investigar y llevar al banquillo de los acusados a personas vinculadas con hechos de corrupción en la gestión pública.
En ese escenario, la carta de su abogado defensor vuelve a poner sobre la mesa un debate que excede una situación individual: la independencia judicial, las garantías para ejercer la defensa, el funcionamiento de los organismos de control y la protección institucional de quienes denuncian presuntas irregularidades.
No se trata solamente de la decisión de un profesional de abandonar su matrícula. Se trata de una denuncia pública que vuelve a interpelar a las instituciones encargadas de garantizar el ejercicio de la abogacía y el funcionamiento de la Justicia.
Una renuncia que deja preguntas abiertas
Reggiardo solicitó que la baja se haga efectiva el 1.º de febrero de 2027, con el propósito de ordenar los expedientes pendientes y su trabajo en Santa Elena. También pidió que el Colegio le informe por escrito la fecha efectiva y los requisitos administrativos correspondientes.
Su decisión, según deja expresamente aclarado, no significa que vaya a abandonar sus denuncias ni que esté dispuesto a guardar silencio sobre lo que considera que debió atravesar.
La última frase de su presentación resume el fondo de su reclamo: «El silencio del Colegio también forma parte de esta historia».
¿Qué garantías tiene un abogado para ejercer su profesión cuando denuncia amenazas, agresiones y presuntas irregularidades provenientes de sectores del propio sistema que debería garantizar sus derechos?
Una pregunta que el Colegio de la Abogacía y las autoridades judiciales de Entre Ríos no deberían dejar sin respuesta.