El concejal opositor de Paraná rechazó la iniciativa del Ejecutivo municipal que modifica el artículo 8 del Código Tributario y amplía el universo de contribuyentes alcanzados por la tasa comercial. Sostuvo que la medida podría afectar a quienes producen o venden desde sus casas, a los microemprendedores y a los trabajadores de plataformas. También cuestionó la continuidad de una sobretasa del 20%.

El concejal de la oposición en Paraná, Maximiliano Rodríguez Paulin, lanzó duras críticas contra la intendenta Rosario Romero por un proyecto de modificación del Código Tributario Municipal que el Ejecutivo envió al Concejo Deliberante. Según advirtió, la iniciativa amplía el alcance de la Tasa de Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, conocida como tasa comercial, e incorpora a sectores que hasta ahora no estaban contemplados de la misma manera.

A través de una publicación en sus redes sociales, el edil cuestionó que la administración municipal presente la modificación como una adecuación a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa «Banco de Galicia c/ Municipalidad de Córdoba», pero que, a su entender, utilice ese antecedente para extender la recaudación en lugar de revisar las obligaciones tributarias existentes.

El planteo de Rodríguez Paulin apunta especialmente a quienes desarrollan actividades económicas desde sus domicilios, producen o comercializan a pequeña escala, realizan trabajos mediante plataformas digitales o encuentran en los emprendimientos familiares una alternativa de generación de ingresos.

«En lugar de usar el fallo para cobrar menos, lo usa para cobrarle a más gente», cuestionó el concejal, quien puso en duda qué tipo de servicio concreto podría justificar el cobro de una tasa municipal a personas que trabajan desde sus casas o realizan actividades sin un establecimiento comercial abierto al público.

El argumento jurídico detrás del cuestionamiento

En su explicación, el concejal hizo referencia al criterio establecido por la Corte Suprema respecto de la naturaleza jurídica de las tasas municipales. En términos generales, el tribunal ha sostenido que este tipo de tributos debe estar vinculado con la prestación efectiva de un servicio público concreto, individualizado y relacionado con el contribuyente.

Desde esa perspectiva, Rodríguez Paulin considera que la modificación impulsada por Romero no debería traducirse en una ampliación automática de los sujetos alcanzados por la tasa comercial, especialmente cuando se trata de actividades de pequeña escala en las que, según su interpretación, no existiría una prestación municipal específica que justifique el cobro.

La discusión abre un interrogante sobre los límites de la potestad tributaria municipal y la relación entre los servicios que presta el Estado local y las obligaciones que impone a quienes desarrollan actividades económicas.

También cuestionó la sobretasa del 20%

Otro de los aspectos señalados por el concejal es la continuidad del Fondo de Promoción de la Comunidad y el Turismo, que representa un recargo del 20% sobre la tasa comercial.

Para Rodríguez Paulin, ese adicional tampoco tendría una prestación de servicios concreta que justifique su aplicación, por lo que cuestionó que el Ejecutivo invoque el fallo de la Corte para fundamentar una modificación tributaria mientras mantiene vigente ese recargo.

En ese sentido, planteó lo que considera una contradicción en el criterio del municipio respecto de los fundamentos jurídicos que deberían respaldar el cobro de tasas.

Los $63.000 millones de recaudación previstos para 2027

El edil también puso el foco en las proyecciones presupuestarias del municipio. Según los números que difundió, Paraná prevé recaudar alrededor de 63.000 millones de pesos durante 2027 solamente por la tasa comercial.

A partir de ese dato, cuestionó la necesidad de ampliar la cantidad de contribuyentes alcanzados e introdujo una lectura política sobre el destino de esos recursos y el contexto electoral del próximo año.

«¿Hace falta ir a buscar también al que se rebusca? ¿O es caja para un año electoral?», planteó en su publicación.

Finalmente, Rodríguez Paulin anticipó que se opondrá a la modificación en el Concejo Deliberante y que solicitará expresamente que queden excluidos los emprendedores, la producción familiar y quienes trabajan mediante plataformas digitales.

La discusión tributaria promete trasladarse al recinto del Concejo, donde el oficialismo deberá defender los alcances de la propuesta y la oposición buscará introducir modificaciones.

En el centro del debate aparece una cuestión que excede la discusión técnica sobre el Código Tributario: hasta dónde puede llegar la presión fiscal de un municipio sobre quienes encuentran en el trabajo independiente, los pequeños emprendimientos y la producción familiar una forma de sostener sus ingresos.

Mientras la gestión de Rosario Romero sostiene la necesidad de adecuar la normativa tributaria, desde la oposición advierten que la iniciativa puede terminar convirtiendo a los sectores más pequeños de la economía en nuevos objetivos de la recaudación municipal.

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