Hoy se cumplen seis años de la detención de Milagro Sala -el 1 de enero de 2016- y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, pidió celeridad a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva la situación de la líder de la Tupac Amaru en la causa “Pibes villeros”, la más grande que enfrenta y por la que fue condenada a 13 años de prisión. “Se hace insostenible seguir esperando”, dijo Gómez Alcorta, que fue defensora de Sala, y que también cuestionó que no haya un “escrutinio público” sobre el Poder Judicial.
“Hay una mirada que no se puede seguir sosteniendo, hace dos años se espera una resolución en la Corte Suprema de Justicia. En este contexto, todos los días se hace más larga y pesada la detención de Milagro. Hoy son seis años de algo que efectivamente todos suponíamos que en el algún momento se tenía que poder enderezar, recuperar las lógicas del Estado del derecho, y se hace insostenible seguir esperando”, planteó la funcionaria, luego de firmar una solicitada junto a otros miembros del Ejecutivo, referentes de Derechos Humanos y dirigentes sociales y gremiales donde se habló de la situación de Sala como “lawfare” y donde fue considerada una “presa política”.
En cuanto a ese documento, Gómez Alcorta destacó que la firmaron actores de las distintas terminales del Frente de Todos y puntualizó: “Tiene un nivel de contundencia y habla de la vigencia de la ilegalidad de la detención”. En ese sentido, también habló en Radio 10 de un proceso “ilegal, arbitrario e injusto” contra la líder social que está en prisión domiciliaria y que supo tener un elevado poder político en Jujuy.
En la causa en cuestión -por el desvío de 60 millones de pesos originalmente destinados a la construcción de viviendas sociales-, Sala fue condenada por encabezar una asociación ilícita, algo que Gómez Alcorta entendió como “el modo” utilizado “cuando se quiere perseguir a una persona”. Al respecto, señaló: “La asociación ilícita es un delito que tiene problemas constitucionales. Está pensado para la persecución política, se utiliza en estos casos porque tiene una pena muy alta y en cualquier delito en el cual intervengan varias personas se coloca esa imputación. Por eso, la condena es a 13 años”.
Convencida de la injusticia de la prisión para Sala, Gómez Alcorta señaló que, pese a que ella no está de acuerdo, “en el último de los casos” se la podría haber imputado a la líder social por administración fraudulenta, con una condena máxima a seis años. “Hace dos años dejé de ser su abogada, pero sigo siendo su amiga y estoy en contacto con ella, sé como la pasa. Es importante que hoy levantemos la voz”, añadió en cuanto a la jefa de la Tupac Amaru que apunta contra el gobernador jujeño Gerardo Morales como el artífice de los procesos judiciales en su contra.
Fuente: (La Nación)