Las recientes disposiciones anunciadas por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, pueden ser vistas como la aplicación de una política diferenciada de las propuestas de ajuste violento alentadas por las fuerzas liberales y de ultraderecha, coincidentes con las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Por Carlos Heller
El organismo internacional pretendía imponer una devaluación del peso del 100%, como acaba de reconocer Massa públicamente. La corrección del tipo de cambio finalmente pudo ser atenuada (como se sabe, fue del 22%) por la firmeza negociadora del Gobierno argentino y se anunció que la cotización se mantendrá fija hasta mediados de noviembre.
En ese marco, algunos grupos oligopólicos impulsan subas de precios por encima del porcentaje de incidencia de la depreciación cambiaria y en muchos casos sin la más mínima justificación desde los costos.
De allí la decisión oficial de recomposición del ingreso de la ciudadanía: frente a la realidad de esos aumentos en productos básicos se fijó como prioridad mejorar los ingresos de los sectores más débiles y vulnerables.
El listado de medidas incluyó: sumas fijas no remunerativas (60.000 pesos en dos cuotas) y créditos para trabajadoras y trabajadores con salarios de hasta 400.000 pesos; mejoras para monotributistas; aumentos para jubiladas y jubilados (refuerzo de 37.000 pesos mensuales en septiembre, octubre y noviembre para quienes cobran la mínima); suma fija para trabajadores/as de casas particulares; incrementos de la tarjeta Alimentar y de la asignación del Potenciar Trabajo.
En las microempresas el costo del plus salarial lo compensa el Estado mediante un pago a cuenta del 100% de las contribuciones patronales (para las pequeñas empresas llegará al 50%). Estos incrementos podrán ser absorbibles por paritarias. Es un beneficio que llegará a 5,5 millones de personas.
A todo eso se añadieron bajas en las retenciones para exportación de productos de las economías regionales y alivio fiscal a sectores productivos, incluidas empresas pequeñas y medianas.
Llamó la atención, en este contexto, que algunos sectores del empresariado hayan salido a hablar de «imposición», para oponerse al pago de la suma fija a sus empleados. El caso es que muchas de esas grandes empresas son las mismas que recibieron durante el período de la pandemia (2020-2021) los fondos públicos del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Es decir, la asistencia destinada a mantener los procesos productivos del país y garantizar el sostenimiento del empleo durante la crisis sanitaria.
En la actual coyuntura, una de las grandes asignaturas pendientes es poder avanzar con una fuerte recomposición de ingresos, generar empleo de calidad y atender las urgencias de los más necesitados y desprotegidos. En este sentido, las perspectivas son promisorias a partir de un mayor ingreso o ahorro de divisas, por exportaciones agropecuarias (ya superada la sequía) y energéticas (gracias al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner y la reversión del Gasoducto Norte, licitada recientemente).
Asimismo, al cumplirse un año del intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, reafirmamos que el futuro es con más distribución y equidad, pero también con más democracia y no volviendo a los tiempos de la violencia oscura y las políticas neoliberales.
Frente al suceso más grave de los 40 años ininterrumpidos de democracia en la Argentina, el Partido Solidario (PSOL) señaló en un comunicado que subsiste un «clima de impunidad, una investigación obstructiva y negligente y una decisión judicial de no indagar en los vínculos financieros que lo hicieron posible». Por último, advirtió el PSOL, «tampoco hubo un acompañamiento de una parte de la oposición, la que ni siquiera repudió el hecho. La falta de condena y el surgimiento de una atmósfera de ocultamiento es también parte de la violencia política en el país».