El Gobierno habilitó a las entidades educativas privadas de todos los niveles a fijar el precio de sus aranceles mensuales sin límites.

Las entidades ya no deberán comunicar sus estructuras de costos a la Secretaría de Comercio. El problema de alumnos inscriptos en 2023 y que ahora los padres quedan rehenes del aumento.

Esta medida se toma a pocas semanas de que los colegios secundarios reciban a alumnos y alumnas que adeudan materias de ciclos anteriores y a casi un mes del inicio de clases.

El principal problema es que los alumnos ya fueron inscriptos el año pasado y ahora los padres quedan rehenes del aumento que se disponga sin tener la posibilidad de buscar otro colegio o pasarse a la escuela pública.

Este lunes, el Gobierno de Javier Milei dispuso la derogación de 69 normas que, según el ultraderechista, «obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado».

Entre ellas se derogó una norma que regía desde 2019 por la cual los colegios privados debían comunicar sus estructuras de costos a la Secretaría de Comercio, que en función de un análisis permitía o no los aumentos.

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