La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, dictó el procesamiento de Claudio y Marcelo Tórtul y de los gerentes de Enersa Marcelo Morales, Juan Carlos Pimentel y Alejandro Cis. Es en el marco de la causa en la que se investiga el accionar de una presunta asociación ilícita dedicada al pago de sobornos para mantener contratos entre la empresa de seguridad Securitas y la distribuidora de energía entrerriana. A los Tórtul la magistrada les trabó embargos millonarios y dispuso que continúen cumpliendo prisión preventiva en dependencias de Gendarmería. A los tres gerentes también los embargó por fuertes sumas y les prohibió salir del país, aunque les anticipó penas de cumplimiento condicional.
Se trata de la causa iniciada tras una investigación interna de la filial argentina de la empresa de seguridad privada Securitas en la cual se detectaron indicios de supuestos pagos de coimas a funcionarios públicos para lograr y mantener contratos con distintos organismos y empresas, entre ellas Enersa.
En la resolución de 217 páginas con fecha 3 de mayo a la que accedió ANÁLISIS, la magistrada confirmó la prisión preventiva de Claudio Raúl Tórtul y Marcelo Javier Tórtul y dictó su procesamiento por considerarlos prima facie autores de los delitos de asociación ilícita en carácter de organizadores en concurso real con cohecho activo (coautores) y negociaciones incompatibles con la función pública (partícipes necesarios). A cada hermano le trabó embargo por 30 mil millones de pesos.
Respecto de Alejandro Cis, ex gerente de Logística de Enersa, la magistrada resolvió procesarlo por cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionarios público y negociaciones incompatibles con la función pública. Le trabó embargo por 1.000 millones de pesos.
Por último, a Marcelo Morales -gerente de Asuntos Legales- y Juan Carlos Pimentel -ex gerente general y actual gerente de Innovación Tecnológica-, la jueza los procesó sin prisión preventiva por considerarlos presuntos autores de los delitos de violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. Los embargos para estos dos imputados fueron de 100 millones de pesos a cada uno.
Para extender las prisiones preventivas de los Tórtul, la jueza consideró que “los imputados revisten calidad de empresarios del rubro de la seguridad con importantes medios económicos y aceitados vínculos con personal militar y de fuerzas de seguridad”.
Sumando los presuntos pagos indebidos a miembros de fuerzas de seguridad, la jueza consideró que “los medios al alcance de los imputados constituyen parámetros a tener en cuenta de cara a los peligros procesales”. Acto seguido, mencionó que “desde la óptica del riesgo de fuga existen elementos objetivos para considerar que poseen amplias facultades para abandonar el país o permanecer ocultos”.
También aludió a la posibilidad de entorpecimiento e influencia sobre testigos, dado que muchos implicados fueron o son sus subordinados.
Respecto de Cis, Morales y Pimentel Arroyo Salgado les dictó la prohibición de salir del país. “Basta, de momento, para asegurar los fines del proceso a su respecto”, mencionó. También sobre estos tres imputados indicó que “no se descarta la posibilidad de la aplicación de penas de ejecución condicional”.
La causa se inició por una “autodenuncia” de apoderados de Securitas, enmarcada en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Los apoderados reportaron que los ejecutivos de diversas empresas del grupo, entre ellos Claudio y Marcelo Tórtul, gerentes de la Regional Litoral de Securitas, “abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo Securitas, con el fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban”, reseñó Arroyo Salgado.
Los hermanos Tórtul están presos junto a los ejecutivos Jorge Christian Faria, Luis Vecchi, Alberto Alesci, Alejandro Castex, Gabriel Di Cesare y Fernando Azpiroz.
Securitas Argentina es la filial local de Securitas AB, que ofrece servicios de seguridad, monitoreo, consultoría e investigación con sede principal en Estocolmo (Suecia). En la investigación interna, la compañía identificó distintos hechos “que podrían configurar delitos como defraudación contra la administración pública, cohecho, dádivas y administración infiel o fraudulenta”, enumeró la jueza.
Los hechos denunciados sucedieron entre 2016 y 2018, aunque no se descarta que hubieran acontecido antes de dicho período. Fueron detectados en una pesquisa que incluyó el análisis de una gran cantidad de documentos (1.27 terabytes de data), aproximadamente 395.900 correos electrónicos, 290 cajas con documentación relevante, 85 entrevistas con 43 empleados de la firma y el análisis de 76 equipos electrónicos (computadoras, teléfonos celulares, etc.).
De esa investigación surgieron hechos presuntamente delictivos vinculados a la contratación de la empresa de seguridad privada en diversos organismos, entidades y empresas. Entre otros, se menciona el Registro Nacional de las Personas (Renpaer), la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), la petrolera PDVSA, AySA, la Policía de Tucumán, Prefectura Naval Argentina, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Registro Nacional de Armas (Renar), Aeropuertos Argentina 2000 y Enersa.
En la denuncia se apuntó a la relación comercial entre la empresa entrerriana y Securitas en el período entre 2016 y 2018. Se indicó que era principalmente gestionada por la Regional Litoral a cargo de los hermanos Tórtul que, según permitió determinar la investigación interna, “habrían efectuado pagos en efectivo para mantener la contratación”.
Ese efectivo “habría sido obtenido a través de un supuesto proveedor fraudulento de nombre Tornell SA” (otra empresa propiedad de los Tórtul), que facturaba sin brindar ningún servicio concreto.
Tras detallar la copiosa documentación aportada por Securitas en el marco del “acuerdo de colaboración eficaz” alcanzado con la compañía -que incluyó abundante documental vinculada a Enersa- Arroyo Salgado puntualizó: “Se imputa a Securitas la realización de presuntos pagos indebidos a funcionarios de Enersa con la finalidad de mantener y/o renovar el contrato con dicho cliente, pagos estos que habrían ocasionado el enriquecimiento de los funcionarios públicos intervinientes en el pacto venal”.
También remarcó que, en el acuerdo de colaboración pactado, Securitas se obligó a continuar cooperando con la investigación mediante “la revelación de información y datos precisos y comprobables; la identificación de sus autores o partícipes, incluyendo funcionarios públicos; y el recupero del producto de los delitos en cuestión”.
En el marco de la investigación, Arroyo Salgado ordenó los registros de llamadas entrantes y salientes con geolocalización desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2018 de “las personas que podrían haber intervenido” en cada uno de los casos investigados y dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bursátil para determinar si los aludidos poseen registros de operaciones sospechosas.
Para la jueza, la organización operó al menos desde junio de 2012 con la posible intervención de “otras personas que de momento no han sido legitimadas”. (Análisis Digital)