El flujo de fondos entre lo que se recibe del organismo y lo que hay pagarle deja de ser positivo para nuestro país y empieza su camino descendente. Cómo se llegó hasta acá y qué planea el Gobierno.
Por Santiago Bulat
Argentina fue el único país grande de América Latina que demoró su ingreso al Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta el cambio de estrategia llevado adelante por el gobierno militar que derrocó a Juan Domingo Perón en el 55. La incorporación oficial fue el 20 de septiembre de 1956. En abril de ese año, el presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu emitió un decreto para que el país iniciara los trámites necesarios que permitieran unirse a esta institución multilateral -había sido creada en diciembre de 1945 como resultado de los acuerdos de Bretton Woods y contaba con la participación de 29 países después de la Segunda Guerra Mundial-.
El diagnóstico de aquel entonces era que los precios de las exportaciones se derrumbaban y afectaban a la balanza de pagos del país. Los controles de precios volvían a endurecerse y, a pesar de los aumentos impositivos, el déficit del Tesoro arrojaba un valor equivalente a un tercio de los ingresos públicos totales. Para octubre de 1955 nacería lo que hoy conocemos como múltiples tipos de cambio: uno oficial y otro completamente libre.
El primer acuerdo que tuvo Argentina con el FMI se firmó en diciembre del año 1958, bajo la presidencia de Arturo Frondizi. Se trató de un programa Stand-By que implicó unos US$75 millones de entonces -equivalente a un 0,5% del PBI- y del 50% de la cuota del país en el organismo.
A partir de ahí se firmaron 21 acuerdos más. Algunos de facilidades extendidas (Extended Fund Facilities) y otros Stand By. Los primeros para problemas estructurales en la balanza de pagos, es decir, en el saldo de ingresos y egresos de dólares. Los segundos (Stand By), para problemas de corto plazo.
Para el caso de Luis Toto Caputo, no son 21, sino 2. El primero fue firmado en junio de 2018, cuando él estaba al frente del ministerio de Finanzas.
La crisis cambiaria se disparó en abril de 2018 y llevó el tipo de cambio desde $18,6 a comienzos de año hasta $22,7. Es decir, una suba del 22%. El 8 de mayo de 2018, el expresidente de la Nación Mauricio Macri anunció el inicio de conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Al día siguiente llegaría a Washington una misión con Nicolás Dujovne a la cabeza donde 2 actores claves no participaron: Federico Sturzenegger y Luis Caputo. Uno era el presidente en curso del Banco Central (BCRA) y el otro lo sería en poco tiempo, pero con el agravante de no haberse vinculado en las negociaciones.
El inicio de conversaciones con el FMI no había logrado calmar a los mercados, más bien lo contrario. La sequía agrícola que ya se notaba en el monto operado en el mercado de cambios; un contexto externo de tasas de interés más adverso; y el crecimiento de la deuda del BCRA en un contexto de baja coordinación monetaria y fiscal seguían siendo el detonante de que el valor del dólar pasara de $22,7 hasta $24,7 en menos de una semana. Para intentar salvar esta posición, Luis Caputo realizó una colocación de deuda en pesos por US$ 3.000 millones a dos grandes fondos de inversión: Templeton y Blackrock. Le permitiría dar algo más de tranquilidad al mercado, demostrando que el acceso al financiamiento aún estaba disponible.
Cuando Luis Caputo asumió en la presidencia del Banco Central los pasivos remunerados -las famosas LEBAC- acumulaban $1,2 billones -cerca de 9% del PBI- y su objetivo principal, que permitiría frenar la expectativa devaluatoria, sería el de reducir reducir los pasivos de la entidad. Para eso, debería vender dólares de las reservas y como contrapartida, sacar pesos del mercado, reduciendo la deuda.
En su gestión, las Lebac pasaron de $1,2 billones hasta $0,34 billones al 25 de septiembre de 2018. Las reservas brutas, que eran US$ 63.300 millones, terminaron en su gestión en US$ 49.602.
Alejandro Werner, ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI estaba muy en contra de la estrategia llevada adelante por el ahora ministro de Economía. Criticaba que él fuera la persona elegida para suceder a Sturzenegger y la manera en que se utilizarían los recursos que el organismo le brindaría a la Argentina -aquellos 45.000 millones de dólares de los que terminaron llegando menos-. Toto Caputo tenía dos problemas entonces: uno era que no había negociado el primer acuerdo. Por ende, las metas estaban desalineadas de lo que él esperaba como presidente de la entidad. El segundo era que el Fondo no estaba de acuerdo con su estrategia de intervención en el BCRA de vender reservas para sanear el balance de la entidad y así bajar la cantidad de deuda en pesos (LEBACS).
Finalmente, Toto terminó renunciando al Banco Central el 25 de septiembre con un dólar a $38 y una discusión no resuelta con el FMI. Como cuentan en el libro Argentina en el Fondo, escrito por Alejandro Werner y Martin Kanenguiser, el entonces directorio estaba en contra de cómo manejaba la política monetaria y pedía por el cambio de puesto que luego ocupó Guido Sandleris.
Argentina de ayer y de hoy
Tanto el directorio que lleva adelante las negociaciones con el FMI como su directora general cambiaron de nombres y Argentina firmó un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas en marzo de 2022. El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034.
Ahora se abre un nuevo capítulo con el FMI que en el que los tiempos apremian porque seguimos teniendo la mayor deuda que se haya tomado con el organismo. Hoy representamos el 29% del total de créditos que tienen asignados a más de 100 países. Lo cierto es que, a partir de este segundo semestre, el flujo de fondos entre lo que se recibe del FMI y lo que hay que pagarle deja de ser positivo para Argentina y empieza su camino descendente. Aproximadamente, para lo que queda de 2024, el saldo neto a pagar es de US$ 270 millones, mientras que en 2025 ese monto saltará a US$ 2.650 millones y en 2026 a 3.800 millones. Urge entonces repensar un nuevo programa. ¿Nuevos fondos?
El gobierno liderado por Mauricio Macri fue mucho más laxo con el gasto público, dado que el déficit fiscal creció en 2016. Pero fue mucho más confiado con la salida del cepo cambiario, que, salvo algunas normas, prácticamente se eliminó por completo al inicio de la gestión. La administración actual empezó de manera inversa: buscó un equilibrio fiscal desde el inicio con un fuerte componente de ajuste fiscal y suba de impuestos, pero incluso sumó nuevas restricciones a un mercado cambiario ya muy restringido. Quizás buscando cautela y que el tipo de cambio oficial no sufriera vaivenes. De todas maneras, también necesitará buscar nuevos fondos y, para eso, volver a discutir con el organismo multilateral, que ve con buenos ojos el manejo de la caja.
Ahora empieza el “segundo semestre” que en aquel entonces auguraba brotes verdes. En este momento, el Gobierno habla de la entrada de la segunda etapa o la “fase 2”. Una de las condiciones para que la actividad vuelva a flote tiene que ver con la salida del cepo cambiario y, al igual que cuando a Caputo le tocó liderar las negociaciones con el FMI, quiere que haya menos presión de los pesos. Es decir, que haya menos emisión por déficit fiscal y menos pasivos en el Banco Central -Lebac, Leliq, pases o lo que toque de momento-.
El presidente convalida esta mirada y dice que para salir del cepo falta terminar con los pasivos remunerados y con los “puts”, los seguros que tienen los tenedores de bonos por si el precio de su valor baja considerablemente y el BCRA es el encargado de emitir dinero para comprarlos. En la conferencia del viernes se anunció la eliminación de los primeros, pasando una deuda del BCRA hacia el Tesoro de la Nación -se necesita aún más un superávit fiscal más fuerte, para que sea considerado sostenible-. La salida del cepo tendrá que esperar y quizás algo más la recuperación económica. A saber: el FMI no está de acuerdo y hasta prohíbe los múltiples tipos de cambio. (Cenital)