El Gobierno de Santa Fe ha dado lugar a contrataciones en gran número. En un solo decreto, el Gobernador Pullaro, ha puesto en posesión de cargos a más de 100 personas ¿Austeridad? ¿Ajuste? ¿Eficiencia?
Por Maxi Romero
Esto plantea “preguntas” sobre la verdadera intención detrás de estas contrataciones, especialmente en un contexto donde se habla de austeridad y eficiencia en el sector público.
“Es voluntad de la señora Ministra de Igualdad y Desarrollo Humano (Tejeda) gestionar la designación de diversas personas como Asistentes Técnicos para prestar funciones en el ámbito de la citada Jurisdicción”, dice el Decreto del Poder Ejecutivo 1861-2024 firmado por Maximiliano Pullaro.
El decisorio considera que “se requiere la modificación (ampliación) del Detalle Analítico de la Planta de Personal en la Jurisdicción 44 – Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, de dieciséis cargos de Asistente Técnico Nivel XI y ochenta y nueve cargos Asistente Técnico Nivel XII, mediante la reducción de cargos en la Jurisdicción 91 – Obligaciones a cargo del Tesoro”.
El Decreto 1861, no es el único con designaciones de “asistentes técnicos”. Los últimos de la especie son el 1856, 1858, 1860, etc.
Luego, del relato de “eficiencia”, control “de ausentismo” y concursos de ascensos congelados en el Estado, podría suponerse que el ingreso al sector público sería difícil. Pero parece que no: “asistentes técnicos”, el Gobierno de Pullaro necesita.
Lo que no podemos informar es la función concreta que desarrollará cada designado. Dicho de un modo coloquial: el escritorio u oficina en la que ejercerá su tarea diaria cada persona.
Esto podría generar inquietud y preguntas sobre la transparencia y la real justificación de estas contrataciones.
La aparente contradicción entre la retórica de control del ausentismo, ajuste, control del gasto y reducción de cargos en otras áreas del gobierno con la creación de estos nuevos puestos puede generar críticas sobre la coherencia política de la Casa Gris.
La oposición política tiene el rol fundamental de indagar para que se clarifique el propósito de estas designaciones y cómo se alinean con las prioridades del gobierno en términos de gestión pública y servicio a la comunidad. (Nota22)