La detención de Edgardo Kueider en Paraguay con más de 200.000 dólares no declarados, ha encendido nuevamente las alarmas sobre la gestión del exgobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Red de corrupción; Diego Lara y el blindaje judicial del poder; el Tribunal de Cuentas como un órgano funcional al poder político; la figura de Julio Rodríguez Signes entre las sombras del poder y más.
La detención del senador Edgardo Kueider en Paraguay con más de 200.000 dólares no declarados ha destapado una serie de irregularidades y vínculos sospechosos en la gestión del exgobernador Gustavo Bordet. Según Clarín, Bordet y Kueider compartieron al menos nueve viajes al exterior, un hecho que contradice las declaraciones públicas del exgobernador, quien asegura no tener una relación cercana con el senador detenido.
Estas salidas internacionales, realizadas mientras Kueider ocupaba cargos clave en la gobernación, han generado cuestionamientos sobre su propósito. Los viajes coinciden con un período de contratos irregulares, denuncias de corrupción en ENERSA y maniobras para garantizar la impunidad de los involucrados en el poder político.
La trama de ENERSA, los Tortul y las coimas estructurales
Una de las principales líneas de investigación apunta a los contratos de ENERSA, la empresa de energía estatal de Entre Ríos, durante la gestión de Bordet. La familia Tortul, propietaria de Securitas, habría pagado sobornos para obtener contratos millonarios.
Edgardo Kueider, quien integraba el directorio de ENERSA, está señalado como uno de los facilitadores de estas irregularidades. Las propiedades y fondos no declarados vinculados a Kueider y a su asesora Iara Guisel Costa refuerzan las sospechas de corrupción y triangulación de bienes, operando a través de empresas pantalla como Betail S.A.
Diego Lara y el Tribunal de Cuentas: ¿control o encubrimiento?
Diego Lara, presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos desde 2020, ha sido señalado por la oposición y por analistas políticos como un garante de la falta de control durante la gestión de Bordet. Lara, designado por el propio Bordet, habría liderado un organismo que dejó de fiscalizar adecuadamente las cuentas públicas, permitiendo que los manejos sospechosos en áreas estratégicas como ENERSA y la obra pública no fueran auditados ni denunciados.
El Tribunal de Cuentas, en lugar de ejercer su rol fiscalizador, se convirtió, según las denuncias, en una herramienta funcional al poder político, blindando a Bordet y su entorno frente a investigaciones por corrupción.
Julio Rodríguez Signes: un fiscal de Estado cuestionado
Julio Rodríguez Signes, Fiscal de Estado de Entre Ríos desde 2008, también es señalado en esta trama. Como responsable de la defensa jurídica del Estado provincial, Rodríguez Signes habría facilitado la legalización de contratos cuestionables y maniobras administrativas que garantizaron la continuidad de negocios irregulares.
El rol del Fiscal de Estado en la omisión de denuncias o auditorías clave ha sido fuertemente criticado, especialmente en casos como los de ENERSA, donde las conexiones entre empresas contratistas, funcionarios y políticos parecen evidentes.
Los viajes internacionales: el enigma de Bordet y Kueider
La revelación de los nueve viajes compartidos entre Bordet y Kueider plantea preguntas cruciales. Si ambos niegan tener una relación de cercanía, ¿por qué compartieron salidas internacionales de manera recurrente? ¿Fueron estos viajes parte de operaciones encubiertas relacionadas con los fondos no declarados y los bienes triangulados?
Un sistema judicial cómplice y demorado
La justicia en Entre Ríos enfrenta graves cuestionamientos por su pasividad en los casos que involucran al poder político. Mientras las causas contra opositores avanzan rápidamente, las investigaciones sobre Bordet, Kueider y sus aliados parecen congeladas, perpetuando una sensación de impunidad en la provincia.
La urgencia de respuestas
La relación entre Bordet y Kueider, los viajes ocultos y las operaciones irregulares exigen un esclarecimiento inmediato. La ciudadanía de Entre Ríos merece transparencia y justicia. Este escándalo debe ser investigado a fondo para determinar si los recursos públicos fueron utilizados para beneficios personales y si el sistema de control fue manipulado para proteger a los responsables.
La justicia federal, el Congreso y los medios nacionales deben avanzar sin concesiones en esta trama que amenaza con convertirse en uno de los mayores casos de corrupción en la historia de la provincia.