El Sindicato de Serenos de Buques, acompañado por gremios portuarios, se declaró en alerta y movilización ante la reforma que flexibiliza su contratación. Desde el sector empresario aseguran que la función es obsoleta desde la implementación del PBIP.
El Sindicato Único de Serenos de Buques, junto a gremios portuarios como SUPA, SOMU, SEAMARA, SOEA y SUTRAVIP, rechazó de manera categórica el Decreto 37/2025, firmado por el presidente de la Nación. La norma, que elimina la obligatoriedad de contratar serenos en los puertos, ha encendido alarmas en el sector, dejando a 800 familias trabajadoras en una situación crítica.
Reunidos en la delegación sindical de San Lorenzo, los gremios denunciaron el impacto negativo de esta medida en la seguridad ciudadana, el combate al delito y el tejido social de la región. En el acta emitida, remarcaron la esencialidad de la tarea de los serenos para garantizar la seguridad portuaria y pidieron a las autoridades nacionales que reviertan de manera inmediata la normativa.
“Esta medida afecta gravemente el sustento de los trabajadores, el comercio regional y el consumo, con consecuencias críticas para los cuentapropistas y el tejido social”, expresaron. Los gremios también se declararon en estado de alerta y movilización, comprometiéndose a elevar el comunicado a las autoridades competentes y a intensificar las acciones sindicales.
Como parte de las medidas de lucha, se convocó a una reunión el lunes 27 de enero, a las 10 horas, en la sede del Sindicato Único de Portuarios Argentinos (SUPA). El encuentro reunirá a entidades sindicales, trabajadores, fuerzas vivas y funcionarios políticos para discutir los pasos a seguir frente a lo que consideran un ataque a los derechos laborales y la estabilidad del sector.
La reforma, presentada como una modernización del Régimen de Navegación Marítima y Lacustre (REGINAVE), tiene como objetivo simplificar procedimientos y alinear la normativa con estándares internacionales. Sin embargo, la flexibilización de la contratación de serenos ha generado rechazo por parte de los gremios, que advierten sobre el impacto social y laboral que trae consigo esta decisión.