El acto libertario en La Plata mostró que la batalla discursiva de cara a los comicios bonaerenses y nacionales estará poblada de agresiones y noticias falsas. Controversias en la derecha por el cierre de alianzas.

Por Alberto López Girondo

El presidente Javier Milei inauguró el pasado viernes en el estadio Atenas de La Plata la campaña electoral de la alianza La Libertad Avanza (que incluye al PRO, pero sin nombrarlo) con un discurso que complementa el mensaje sintetizado en una bandera una semana antes en Villa Celina: «Kirchnerismo Nunca Más». En términos prácticos, esto sería «polarización o muerte». Y deslizó varias frases en las que quedó claro que su enemigo declarado es el actual gobernador, Axel Kicillof, sobre quien descargó varios de sus epítetos preferidos. De paso, presentó a sus candidatos para cada sección electoral y a quienes serán sus estrellas en la lista de diputados nacionales, José Luis Espert y Diego Santilli.

En un discurso en el que obvió cualquier mención a dos de los más graves problemas que aquejan a su Gobierno –el desmadre de variables económicas en las últimas semanas y el avance de la investigación por la criptoestafa $Libra– se subió a un drama que impacta en la sociedad, el escándalo por el fentanilo contaminado, que ya habría provocado un centenar de muertes.

La frase presidencial ante una tribuna enfervorizada fue: «¿Acaso les parece que el juez que tiene la causa sea justo el hermano del ministro de Salud de Kicillof? Ese es el modelo del amiguismos, corrupción, encubrimiento y crimen que ya destruyó el país y que no quieren soltar en esta provincia a pesar de todo el daño que causa». El magistrado que lleva adelante el caso, Ernesto Kreplak, efectivamente es hermano del titular de la cartera de Salud provincial, Nicolás Kreplak. La pregunta es: ¿qué tiene que ver eso con la causa, si el organismo de control en estos temas es de jurisdicción nacional?

El caso estalló a raíz de una observación sobre muertes sospechosas que profesionales del Hospital Italiano de la capital bonaerense detectaron proveniente de la aplicación del opioide. La investigación del juez Kreplak llevó el origen a ampollas distribuidas por el laboratorio HLB PHARMA, propiedad de Ariel García Furfaro, un empresario que tiene vinculaciones con sectores del peronismo.

El caso del fentanilo es casi un símbolo del momento político que se vive en el país. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se paseó por programas de tevé «amigos» para señalar culpas en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), pero quedó pedaleando en el aire. «La Anmat falló, porque el señor que tiene el laboratorio es un amigo del poder y logró que el poder le permitiera hacer esto», dijo, y buscó explicar las supuestas ventajas de dejar que los médicos recomienden determinados medicamentos en base a su conocimiento. 

Más allá de lo insólito de semejante debate, el «Coloso» trastabilló ante Jonatan Viale cuando venía diciendo que la culpa de la tragedia era de la «Anmat kirchnerista» y el comunicador, al que no se puede acusar de opositor a esta gestión precisamente, le recordó que la partida había sido elaborada en diciembre de 2024, es decir, el control estaba a cargo del actual Gobierno. El periodista Ari Lijalad, por su parte, reveló que el organismo al que Sturzenegger pretende eliminar aprovechando estas muertes, había detectado irregularidades en Laboratorios Ramallo, donde se fabricaba el fentanilo, desde días antes de haber producido esa partida letal, y las autoridades no hicieron nada.

Color violeta

En el fragor de una campaña de medio término que se avizora como la más áspera de las últimas décadas, el oficialismo ensaya una agresiva estrategia de cara a las urnas el 7 de septiembre y sobre todo el 26 de octubre. Así, sobrepasó los límites al alterar declaraciones de Kicillof para que parezca estar diciendo algo que no dijo, en un video difundido en las redes por el vocero presidencial y el propio mandatario.

Asimismo, las definiciones de cara a la carrera electoral suscitaron reacciones y rupturas en el arco de la derecha. Un espectro conservador que no acepta la sumisión motorizada por el expresidente Mauricio Macri. Lo expresó quien fuera su embajador en China y que ya había ocupado el mismo puesto diplomático en Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea durante el menemismo, Diego Guelar.

Haciendo un poco de historia, y tras recordar que de ser «un partido municipal» el PRO se convirtió en la referencia de la centroderecha a nivel nacional, Guelar apeló a brulotes típicos de esta época para cuestionar a Mauricio Macri por haber entregado ese espacio a la Libertad Avanza en el acuerdo que selló con Karina Milei para la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Formalmente, el exembajador fue expulsado de esa fuerza política por «haber faltado el respeto» al expresidente. En favor de Macri habría que decir que algunos de sus acólitos ya lo habían abandonado, como es el caso de los diputados Diego Santilli y Cristian Ritondo o los intendentes Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro, que no dudaron en vestirse de violeta para mostrar su adhesión al paleolibertarianismo. Oponerse tal vez lo hubiera dejado más desamparado.

La que no quiso cruzarse de vereda fue la exgobernadora bonaerense y actual diputada María Eugenia Vidal, quien recorrió canales para contar que su propuesta, sin dejar de ser antiK, busca una alternativa fuera de LLA. Una «ancha calle del medio» que no termina de consolidarse.

Bastante más lejos de la avenida General Paz, que Vidal atravesó para competir con suerte dispar ante ambos públicos, un grupo de gobernadores plantea una oferta electoral que tiene puntos de contacto con esa percepción del momento actual. El santafesino Maximiliano Pullaro, el jujeño Carlos Sadir, el santacruceño Claudio Vidal, el chubutense Ignacio Torres y el cordobés Martín Llaryora armaron un frente al que denominaron Provincias Unidas con el que esperan articular los intereses diversos del Interior en el Congreso que se viene. Se trata de distritos con un fuerte componente agropecuario e industrial, como Córdoba y Santa Fe, junto con otros donde la minería y la energía explican parte sustancial de su economía.


Voces de provincias

Torres, que integra el PRO, había cuestionado la alianza con LLA alegando que «ir al resguardo de los vencedores es muy sencillo, es tomar atajos e ir a la cómoda». Pullaro, radical, dio profesión de fe antiK estas semanas al decir en una entrevista que el mejor Gobierno desde 1983 había sido el de Raúl Alfonsín y el peor el de Néstor Kirchner. Llaryora, del peronismo cordobés, sacudió el avispero cuando anunció un aumento para los jubilados provinciales del 84,21% y un bono de 100.000 pasos para los que tengan ingresos menores a 1.300.000, a cobrar desde el viernes 15 de agosto.

Todos ellos, hay que decir, bancaron hasta ahora la gestión de Milei y sus legisladores nacionales fueron clave para aprobar las leyes que pidió o para impedir que le bloquearan los vetos a las que no le gustan a la Casa Rosada. La que hizo un mea culpa de ese apoyo fue la diputada Margarita Stolbizer. «A la luz de lo que lo que pasó, siento que pequé un poco de inocente. En aquel momento era razonable que votara la Ley bases en general sin prever lo que iba a pasar después», dijo la diputada por el GEN, un desprendimiento de la UCR –donde militó desde 1983– que se alinea en el bloque Hacemos Coalición Federal.

Quizás esta respuesta sirva para explicar el nerviosismo de los mercados, del oficialismo y de parte de la oposición «amigable». Ya no estamos en aquel momento inaugural de Milei. Desde entonces pasaron cosas y el electorado que lo está padeciendo tiene la palabra.

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