El Congreso tuvo en sus manos la posibilidad de revertir el veto presidencial que impedía una recomposición en los haberes de los jubilados. Sin embargo, la definición terminó inclinándose en contra de los sectores más vulnerables: los votos de los diputados entrerrianos Marcela Ántola y Atilio Benedetti, alineados con el gobernador Rogelio Frigerio, fueron decisivos para garantizar la continuidad del ajuste.
La medida, que hubiera significado un alivio en los bolsillos de miles de jubilados que atraviesan una crisis económica marcada por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, quedó anulada por una maniobra legislativa que priorizó la disciplina política por encima de las necesidades sociales.
El veto presidencial, justificado en razones fiscales, encontró así un respaldo inesperado en los representantes entrerrianos, que optaron por cerrar filas en torno a la estrategia oficialista. Su “giro” no solo blindó la decisión del Ejecutivo, sino que dejó en evidencia el peso de Frigerio como operador clave en la política nacional.
Las críticas no tardaron en llegar. Desde la oposición denunciaron que “se trató de un golpe directo contra los jubilados, que siguen siendo la variable de ajuste del Gobierno”. En la misma línea, organizaciones de adultos mayores advirtieron que el desenlace “es una nueva estafa contra quienes trabajaron toda su vida” y que la política eligió “resguardar al poder económico antes que garantizar un ingreso digno para los abuelos”.
Para los jubilados, el resultado significó mucho más que una derrota legislativa: fue la confirmación de que, en el tablero político, su bienestar quedó relegado detrás de la lógica del ajuste.