La Justicia Federal de San Martín frenó este martes el pase a disponibilidad de más de 300 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Además, el fallo impone una multa de 10 millones de pesos diarios al Gobierno de Javier Milei si no se cumple la medida.
El dictamen del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial Nº 2, a cargo de la magistrada Martina Frons, responde a una presentación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Según la presentación, la maniobra del Ministerio de Economía es un «despido encubierto», ya que los trabajadores en esa situación cobran solo el 50% de su salario y pueden permanecer así hasta 12 meses antes de ser despedidos de manera definitiva.
La decisión de la Justicia se produce a pesar de que el Congreso Nacional ya había rechazado el decreto desregulador del Presidente que habilitaba este tipo de medidas. El delegado de ATE en el INTA, Sebastián Fajardo, había señalado la desobediencia del Gobierno a una cautelar previa y al rechazo legislativo.
El fallo judicial fue contundente: «Corresponde intimar al inmediato cumplimiento de la misma, bajo apercibimiento de imponer sanciones conminatorias de pesos DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) diarios». Esta medida busca frenar el vaciamiento de los organismos públicos y proteger a los empleados estatales.