Tras el rechazo de Diputados a los vetos del Poder Ejecutivo a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, la oposición en la Cámara alta presentó un pedido de sesión especial para el jueves 2 de octubre.
Senadores de la oposición presentaron un pedido de sesión especial para el jueves 2 de octubre, en la que buscarán revertir los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario. La decisión de la Cámara alta se produce tras la demostración de fuerza de la oposición en Diputados, donde las leyes ya habían obtenido un respaldo contundente.
Se trata de un paso crucial. Para que el veto sea revertido, la Cámara alta debe obtener una mayoría especial de dos tercios de los votos de los senadores presentes en el recinto. Los legisladores de la oposición en el Senado necesitan conformar una gran unidad para lograr la anulación del veto. Si los 72 senadores están presentes, se necesitarían al menos 48 votos para rechazar la decisión presidencial.
El precedente más reciente y relevante es el rechazo al veto presidencial a la ley de emergencia en Discapacidad, que se concretó en el Senado hace solo unas semanas. En aquella ocasión, la oposición logró una mayoría contundente de 63 votos a favor de la insistencia, 7 en contra y ninguna abstención.
Este antecedente refuerza la confianza de los bloques opositores en que pueden replicar el resultado para las leyes de salud pediátrica y financiamiento universitario. De conseguir la mayoría de dos tercios, el Senado comunicará su decisión al Poder Ejecutivo, que deberá promulgar y publicar las leyes en el Boletín Oficial, sin la posibilidad de volver a vetarlas.
Estas leyes, una vez en vigencia, obligarían al Gobierno a destinar los fondos y recursos necesarios para el funcionamiento de los hospitales pediátricos y las universidades nacionales, revirtiendo los recortes que generaron una fuerte crisis en estos sectores.
Si, por el contrario, la oposición no lograra reunir los votos necesarios en el Senado, el veto presidencial se mantendría y las leyes quedarían definitivamente rechazadas. En este escenario, el Congreso no podría volver a tratar estos proyectos de ley durante el período parlamentario que está en curso.