En las últimas semanas se produjeron importantes avances en las dos causas judiciales que más preocupan a Milei. Testimonios que reafirman las denuncias periodísticas y conexiones con otras investigaciones.
Por Franco Mizrahi
A poco menos de un mes de las elecciones legislativas y en medio de una aguda crisis económico-financiera, las dos causas judiciales que más preocupan al presidente Javier Milei, $Libra y el «Coimagate», tuvieron importantes movimientos en los últimos días. En ambas está involucrado Milei y su hermana Karina está acusada de cobrar coimas.
La investigación sobre el caso $Libra cambió de juez este miércoles, justo cuando se había ordenado analizar la información extraída de los celulares de dos intermediarios del criptoescándalo allegados al jefe de Estado. Por orden de la Cámara Federal porteña, el caso pasó del juzgado de María Servini al del Marcelo Martínez de Giorgi por considerar que tiene conexidad con una causa previa en la que Karina Milei fue acusada de cobrar dinero para coordinar entrevistas con el presidente.
Por otra parte, en la pesquisa en que se investiga un esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el fiscal federal Franco Picardi consideró que los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, que apuntan a la secretaria general de la Presidencia, son válidos para iniciar una investigación penal. Para Picardi, hay diversos elementos «independientes» que respaldan la validez de los audios filtrados, como la declaración testimonial del consultor y dueño de La derecha diario, Fernando Cerimedo, quien dijo en sede judicial que Spagnuolo le había contado lo mismo que se le escucha decir en las grabaciones y que hasta le había dicho que también le había contado la maniobra al presidente Milei y a la ministra Sandra Pettovello.
Cambio de juez
El presidente de la cámara porteña, Mariano Llorens, resolvió este miércoles que el caso $Libra cambie de magistrado. Ordenó que pase del juzgado de Servini al de Martínez de Giorgi por un conflicto de competencia. El movimiento llamó la atención de los querellantes. En los tribunales de Comodoro Py este tipo de cambios suelen guardar algún tipo de relación con intereses políticos. En Casa Rosada, por ejemplo, sabían que esto iba a suceder antes de que se rubricara la resolución de cámara. Lo curioso es que el mismo Llorens había rechazado esta unificación cuando ambas pesquisas daban sus primeros pasos. Ahora cambió de postura por «la prueba producida y la posición unánime que han expresado los magistrados intervinientes».
El 17 de septiembre el juez Lijo, que subrogaba a Servini mientras estaba de licencia, declaró la incompetencia del juzgado federal Nº1 para seguir interviniendo en $Libra y envió la causa al despacho de Martínez de Giorgi. ¿Qué sostuvo uno de los candidatos del Gobierno para integrar la Corte? Que el criptoescándalo debía pasar al juzgado Nº8 por conexidad con una causa donde Karina Milei fue acusada de cobrar dinero para gestionar «entrevistas presidenciales» por lo que es investigada por «cohecho» y «negociaciones incompatibles». Martínez de Giorgi no aceptó la competencia y devolvió la causa a Servini. Según su criterio, todo debía investigarse de manera conjunta, pero en el juzgado Nº1. Cuando se reincorporó a su despacho, la jueza respaldó lo hecho por Lijo y elevó todo a la cámara para que resuelva el diferendo.
Este miércoles Llorens zanjó el conflicto. Sostuvo que la causa que tiene Martínez de Giorgi «resulta más amplia» y comprende los hechos del criptoescándalo por lo que todo debe recaer en su juzgado. Lo que no cambió es el fiscal. En ambos casos interviene Eduardo Taiano.
El 9 de septiembre pasado, dos días después de la derrota electoral de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses, Taiano había reactivado la causa $Libra apuntando al presidente y su hermana. ¿Qué hizo aquel día? Ordenó analizar la extracción de información que se había realizado meses atrás de los celulares del trader Mauricio Novelli y del exintegrante de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales, cuyos aparatos telefónicos fueron secuestrados en marzo, pero nunca se habían estudiado hasta el momento. El fiscal ordenó buscar comunicaciones y chats entre estos intermediarios de la criptoestafa y el jefe de Estado, su hermana Karina Milei y el impulsor del token $Libra, Hayden Davis, entre otros. Pidió un cruce de información con 14 líneas telefónicas adjudicadas a Javier Milei. Dos semanas más tarde, la causa se unificó con una que apunta directamente a la hermana del presidente.
Grabaciones y algo más
El otro expediente que involucra de lleno a los Milei es el «Coimagate», donde se investiga un esquema de corrupción en la compra de medicamentos de alto costo para personas con discapacidad. El disparador de la causa fue una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, que se hizo eco de la filtración de audios de Spagnuolo que hizo el canal Carnaval Stream.
La pesquisa por ahora involucra a Spagnuolo, al exfuncionario de la Andis, Daniel Garbellini, y a los empresarios de la droguería Suizo Argentina, Jonathan, Emanuel y Eduardo Kovalivker. A todos ellos se les secuestraron sus celulares, que están siendo analizados. Tras el levantamiento del secreto de sumario se conoció que Spagnuolo borró mensajes poco antes del operativo que se realizó en su domicilio, a finales de agosto. También hubo allanamientos en la droguería y en las tres sedes de Andis donde se recogió documentación relevante para la pesquisa.
La familia Kovalivker, a través de su abogado Martín Magram, pidió la nulidad absoluta de todo lo actuado y reclamó el cierre de la causa. Picardi rechazó este pedido y destacó que tanto Spagnuolo como Garbellini fueron desplazados de sus cargos por el Gobierno antes del inicio de la causa y hasta se intervino la Andis, lo que refleja que el Ejecutivo le dio entidad a lo que surgía de las grabaciones. También mencionó que los hechos de corrupción en Andis se desprenden de otras denuncias periodísticas.
Para el fiscal, que Spagnuolo haya sido funcionario es determinante para considerar la relevancia de las grabaciones, que revelan una trama de corrupción que afecta a «sectores sociales especialmente vulnerabilizados». Sostuvo que Spagnuolo debió haber denunciado los hechos y no lo hizo, por lo que incurrió en un delito si se comprueba el contenido de los audios. En esa línea, dijo que la filtración tuvo un efecto «democratizador». También resaltó que el extitular de la Andis habló sobre el tema en un «espacio público (por oposición a privado o familiar)» y con varias personas, como Cerimedo, antes de la difusión de los audios por lo que no hay vulneración de su intimidad.
En este contexto, renunciaron los abogados que había contratado Spagnuolo y actualmente lo representa una defensora pública, Florencia Plazas. El exfuncionario deja correr la versión de que analiza presentarse como arrepentido.
En pos de desentrañar las contrataciones que se hacían desde Andis colabora en la causa la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Esta Fiscalía Anticorrupción está trabajando en los contratos de Suizo Argentina con Andis, algo que con el avance de la investigación podría extenderse a contratos de la firma con otros organismos del Estado. De allí, el interés de los Kovalivker de lograr la nulidad de todo lo actuado, algo que parece muy difícil. Se espera que el juez se manifieste en un sentido similar al del fiscal, lo que es una mala noticia para el presidente.