La informalidad laboral avanza, y la sociedad argentina se presenta cada vez más pauperizada como consecuencia de las políticas ajuste y licuación de ingresos.
El indicador de GINI mostró una mejora en relación al segundo trimestre de 2024, luego de la fuerte depresión social que se vivió al inicio de la gestión Milei. Según los datos oficiales, avanza la informalidad laboral.
La informalidad laboral avanza. Y la sociedad argentina se presenta cada vez más pauperizada como consecuencia de las políticas ajuste y licuación de ingresos aplicada por la administración Milei. Si bien el último informe del Indec sobre la distribución del ingreso dio cuenta de una mejora en el índice de GINI (leve descenso de la desigualdad comparado con la profunda crisis del año pasado), también se registró un avance de las relaciones laborales no formales y una pauperización en los niveles de ingresos medios de la población.
Al segundo trimestre de este año, la cantidad de trabajadores sin recibo de sueldo ni descuentos jubilatorios pegó un salto de cuatro puntos porcentuales, comparado con el mismo período de 2024. Del total de la población ocupada (asalariados y cuentapropistas), el 43,2% se encuentra bajo condiciones de contratación informales.
La crisis de ingresos y la creación de puestos de trabajo precarios forman parte de la reforma laboral adhoc de la administración Milei.
Un prisma para ver la desigualdad Milei
El Coeficiente de Gini mide los niveles de igualdad y desigualdad dentro de una sociedad, medido por ingresos. Al segundo trimestre de 2025, el GINI fue de 0,424, mientras que en el mismo trimestre del año pasado había sido de 0,436. De manera estadística, esto significaría una “disminución de la desigualdad en la comparación interanual”. Sin embargo, no pueden dejar de mencionarse los efectos distorsivos en la forma en que se captan los datos dentro de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
“Luego de los saltos en la pobreza monetaria y la desigualdad que generan los shocks regresivos, siempre es esperable que luego el indicador descienda, en la medida que las variables se estabilizan. Sin embargo, la discusión relevante pasa por evaluar cuál es el nuevo piso en el que se ubica la pobreza y la desigualdad luego de estos procesos. En este sentido, incluso tomando como válida la medición oficial, se aprecia una desaceleración en el descenso de la pobreza en el cuarto trimestre, que anticipa los límites del modelo económico vigente para generar una baja aún mayor, más aún cuando tenemos en cuenta los meses de estancamiento económico y deterioro salarial que se vienen transitando durante el 2025”, puede leerse en un reciente trabajo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).
La clave del último informe sobre la distribución del ingreso difundido por el Indec tiene que ver con las características de pauperización de las condiciones laborales y un achatamiento de los ingresos de la población. Acá también se perciben distorsiones metodológicas donde el Indec incluyó dentro de la EPH preguntas más específicas sobre la contabilización de los ingresos dentro de un hogar. No es que mejoraron los ingresos en términos generales, sino que se “blanquearon” los ingresos existentes dentro de cada hogar. Aun así, la pauperización es evidente.
Los datos sobre la distribución del ingreso al segundo trimestre de este año dan cuenta de un avance de la informalidad laboral, con un 22,5% de los ocupados sin contar con descuentos jubilatorios cuando para el mismo período del año pasado, ese guarismo era del 18%.
Pero el dato clave tiene que ver con de la totalidad de la población ocupada – que incluye asalariados y cuentapropistas-, el 43,2% se encuentra bajo condiciones de contratación informales, frente al 56,8% que se encuentra bajo una relación regulada por los convenios colectivos de trabajo. Esto supone un avance de la pauperización de las relaciones laborales, algo así como una reforma laboral de hecho en la era Milei que se combina con la pauperización de los ingresos.
Según los ingresos medios por hogares (ingreso total familiar), el 50 por ciento de la población reunía ingresos familiares que no superaban el 1,11 millón de pesos, cuando la canasta básica para junio de este año se había ubicado –para una familia tipo de cuatro integrantes- en los 1,12 millón de pesos.
Y al tomar el ingreso per cápita familiar, el 70% de la población recibía menos de 700.000 pesos. Este sería el otro componente de la reforma laboral adhoc impulsada por La Libertad Avanza.
Salario planchado
La Libertad Avanza planchó al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, que durante la gestión Milei finalizó sin acuerdo entre el sector empresario y los representantes de los trabajadores. Los laudos oficiales redundaron en una pérdida en la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras; a esto se le suma la política de pisar paritarias.
De acuerdo a un trabajo del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA – CTA), “la pérdida sufrida durante este gobierno se acumula con retrocesos previos, por lo que el salario mínimo se ubicó en agosto de 2025 en un nivel real que resulta 43,4% más bajo que en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos y 56,7% menor que noviembre de 2015”.
Si el salario mínimo no hubiese perdido poder de adquisitivo a lo largo de esta década, superaría actualmente los $ 740.000. Esta fuerte reducción ha debilitado la relación entre el salario mínimo y los salarios efectivamente pagados. “En la actualidad, el salario mínimo representa menos de una quinta parte del salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado”, puede leerse en el documento de CIFRA-CTA.
Tras este retroceso histórico, el valor real del salario mínimo resulta inferior al que rigió durante la mayor parte de la década de 1990 y en la crisis final del régimen de Convertibilidad. “La comparación entre el salario mínimo y las líneas de pobreza y de indigencia revela una situación incluso peor que la del año 2001. En julio, una familia tipo (compuesta por dos adultos y dos niños) necesitó casi cuatro salarios mínimos para cubrir el costo de la canasta básica que determina la línea de pobreza”, concluyó CIFRA.
La transferencia
El famoso “ancla salarial” para frenar la inflación tuvo como resultado que cada trabajador y trabajadora haya perdido cerca de 2,5 millones de pesos de bolsillo, mientras que la inflación de la clase trabajadora acumulada superó – para julio- en tres puntos porcentuales a la determinada por el Indec.
Tomando en cuenta este dato, el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) calculó la transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital concentrado. En total fueron 46,1 billones de pesos, prácticamente el mismo monto de los intereses de la deuda capitalizados por el ministro de Economía, Luis Caputo, para remunerar al sistema financiero.
El cuadro resulta mucho más agudo al analizar el comportamiento del sector público, especialmente atacado por la motosierra libertaria y las directrices del ministro de destrucción del Estado, Federico Sturzenegger. Bajo esta lógica, el salario estatal no recuperó nada de lo perdido con la devaluación inicial de diciembre de 2023. Es decir, se ubica un 22% por debajo del nivel percibido al cierre de la administración del Frente de Todos, que también había tirado hacia abajo el salario estatal (-8%).
Como consecuencia de esta política de achicamiento de los ingresos, el Estado dejó de percibir 10,5 billones de pesos en concepto de aportes y contribuciones, las obras sociales perdieron 4,3 billones y los sindicatos, 948.000 millones de pesos. ¿Hasta cuándo seguirá avanzando la crueldad? (El Destape)