La medida fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni y apunta contra ciudadanos venezolanos “relacionados al régimen”. Organismos de derechos humanos advierten sobre estigmatización, arbitrariedad y un giro regresivo en la política migratoria argentina.
Horas después de que se conociera la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos, la administración de Javier Milei anunció una nueva medida que vuelve a generar polémica: la prohibición de ingreso a la Argentina de ciudadanos venezolanos presuntamente vinculados al régimen chavista.
El anuncio fue realizado por el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de un mensaje en la red social X. “La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro. La Dirección Nacional de Migraciones, en un trabajo conjunto con otros organismos del Estado Nacional, ha establecido restricciones para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos relacionados al Régimen de Maduro”, escribió el funcionario.
La decisión, tomada sin precisiones sobre los criterios utilizados para determinar quiénes estarían “relacionados” con el chavismo, encendió alertas en sectores políticos, académicos y de derechos humanos, que advierten sobre el carácter discrecional y discriminatorio de la medida. En particular, cuestionan la falta de garantías jurídicas y la posibilidad de que se habiliten vetos migratorios basados en afinidades políticas, una práctica ajena a la tradición democrática argentina.
Además, el anuncio refuerza el alineamiento automático del gobierno de Milei con la política exterior de Estados Unidos, incluso en acciones de alto impacto regional. Lejos de una postura soberana o multilateral, la Casa Rosada parece optar por replicar decisiones de Washington sin debate interno ni intervención del Congreso.
La Argentina ha sido históricamente un país receptor de migrantes y refugiados, incluidos miles de venezolanos que huyeron de la crisis económica y social de su país. La nueva política migratoria, impulsada bajo el argumento de la “seguridad” y el combate al chavismo, amenaza con instalar un precedente peligroso: convertir la orientación ideológica en un motivo de exclusión.