En simultaneo a la manifestación, se conoció un nuevo programa de financiamiento por parte del Gobierno de Alfredo Cornejo. Desde el sector expresaron que es insuficiente.
El lunes por la tarde el Sindicato Unido de Trabajadores Contratistas de Viñas y Frutales movilizó hacia la Legislatura de Mendoza, en la que entregaron parte de su producción para visibilizar la crisis agrícola. El Gobierno provincial anunciaron un programa de asistencia para cosecha y acarreo de uva. Desde el sector expresaron que no es suficiente y destacaron las complejidades para acceder al crédito.
De la protesta participaron pequeños productores vitivinícolas, trabajadores de las cadenas agroalimentarias y legisladores provinciales, quienes estuvieron de acuerdo en plantear que la crisis excede a un rubro en particular. Del mismo modo, destacaron que las consecuencias compromete el empleo, el arraigo rural, y la sostenibilidad social y económica de amplias zonas del territorio mendocino.
Al ser consultado por El Destape, el ministro de Producción provincial, Rodolfo Vargas Arizu, expresó que la crisis es mundial, y destacó el cambio en la demanda y consumo de vino por parte de la población. «La inflación cubre muchos defectos en las empresas, productores, y cuando baja la inflación se ve la situación real. Están sufriendo adaptaciones porque encima hay una reducción de demanda de alcohol», detalló Vargas Arizu.
En este sentido, el referente de la cartera provincial destacó que la misma estuvo teñida de un color político. «Esta manifestación fue prematura porque nosotros hicimos un operativo con el Fondo de Transformación y Crecimiento, y anunciamos prestamos para cosecha y acarreo a productores menso de 20 hectáreas», concluyó el funcionario.
A partir de la nueva línea de financiamiento impulsada por la gestión de Cornejo, los préstamos podrán gestionarse tanto en pesos como en dólares y estarán orientados a respaldar a productores, pymes y grandes empresas en un momento estratégico del ciclo productivo. La propuesta incluye tasas preferenciales y plazos adaptados a la dinámica del sector, y es implementada a través del Ministerio de Producción.
En este mismo sentido, el diputado provincial por el peronismo y director de COSECHA, Bruno Ceschín, se diferenció de la línea oficialista y expuso que la crisis está en todos lados pero no todas las producciones de vitivinicultura están igual. «El contexto mundial está igual para todos, pero no en todos lados la vitivinicultura está igual. Han largado una nueva línea de crédito de acarreo pero muy pocos pueden acceder a esos créditos por los requisitos. Y acá eliminaron todo tipo de apoyo, de línea de crédito», detalló a este mismo medio.
La organización frente a la crisis
Durante la jornada, los manifestantes entregaron un petitorio para solicitar la declaración de la Emergencia Económica para el sector, con la advertencia en la que están en riesgo miles de unidades productivas. En este mismo sentido, apuntaron contra las dificultades crecientes para comercializar y una fuente restricción al financiamiento.
Según expusieron los productores de uva, uno de los puntos críticos es el incremento en los costos de producción junto con el congelamiento del valor del vino. En este sentido, muchas bodegas ya no pueden financiar la elaboración ni adelantar pagos por lo que se extiende a aquellos productores que se ven forzados a entregar cosechas sin precio cierto, y sin saber ni cuando ni cuanto se cobrarán.
Una de las modificaciones que impulsaba el ministro de Desregulación de Nación, Federico Sturzenegger, era la eliminación del Certificado del Ingreso de la UVA (CIU) otorgada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Como consecuencia de una cautelar, este documento legal continúa en vigencia y valida la cantidad de kilos de uva entregados para que luego sean liquidados con su valor correspondiente al productor local.
Crisis del sector
Los productores de hortícola y frutícola enfrentan precios por debajo de los costos de producción, los cuales afectan a las políticas de comercialización y ausencia de políticas públicas de acompañamiento. La vitivinicultura sostiene 100 mil puestos de trabajo directos e indirectos y es uno es los pilares productivos, sociales y hasta turísticos que activan la economía en la provincia de Mendoza.
Más específicamente el sector de la uva habita un escenario complicado frente al congelamiento del valor y el aumento constante de los costos de producción. En este sentido, pequeños y grandes productores denunciaron su cercanía al borde de la quiebra, lo que genera una pérdida de empleo. (El Destape)