La calma parsimoniosa en los pasillos del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) se rompió abruptamente este martes. A través de la Resolución N° 0147, fechada el 10 de marzo de 2026, el directorio del organismo dispuso la desafectación inmediata del Dr. Enrique Daniel Trillo de sus funciones como Asesor Técnico Legal de la Gerencia General.
La medida, que lleva las firmas del presidente del Instituto, Dr. Carlos Moyano, y del director político, Marcelo Monfort, marca el fin de una era y muestra el temor a que se desate una tormenta judicial teniendo en cuenta las denuncias de Contrataciones Directas realizadas por el IAFAS, que son ILEGALES, y la Justicia que se anima a avanzar sobre otros casos resonantes pendientes como los Contratos Truchos. Teléfono para Rodriguez Signes (y que atienda).
El desplazamiento de Trillo no es un movimiento administrativo más. Trillo no era un simple abogado; era el hombre que, desde la gestión de Silvio Vivas, custodiaba y diseñaba los pliegos de licitación y los esquemas de contratación del juego en la provincia. Durante años, fue el socio estratégico del ahora presidente Carlos Moyano en el manejo de los números finos del organismo. Sin embargo, lo que antes era una aceitada maquinaria de «cotejos de precios» y «licitaciones privadas», hoy ha quedado bajo la lupa de la Contaduría General de la Provincia y de la opinión pública por presuntas maniobras inconstitucionales e ilegales.
Para entender el peso de Enrique Daniel Trillo, hay que mirar su árbol genealógico político. Trillo es sobrino directo del histórico José Gervasio «Negro» Laporte, quien fuera el secretario Legal y Técnico de la Gobernación durante las gestiones de Jorge Busti, Sergio Urribarri y Gustavo Bordet. Laporte, fallecido en 2020, era el «guardián de la firma» de los gobernadores, un cargo estratégico donde se filtraba cada acto administrativo de la provincia.
No es un dato menor que el nombre de Laporte sea uno de los más mencionados en las escuchas telefónicas de la «Causa Securitas», que investiga una red de sobornos y contrataciones irregulares. Ese mismo ADN administrativo parece haber marcado la gestión de Trillo en el IAFAS, donde se lo señala como el responsable de forzar los montos de las licitaciones privadas para evitar los controles de las licitaciones públicas, una práctica que habría perdurado por más de dos décadas.
La salida de Trillo se produce justo cuando la presión mediática y judicial sobre las contrataciones del IAFAS alcanzó su punto de ebullición. Las denuncias indican que el organismo habría sistemáticamente ignorado los topes legales para las contrataciones directas, incurriendo en un perjuicio millonario para el Estado. Ante la exposición pública de estas irregularidades, COMO LAS PUBLICACIONES EN NUESTRO PORTAL, la estrategia oficial parece ser la del «fusible»: sacar al funcionario cuestionado para intentar frenar el avance de las investigaciones hacia los niveles superiores.
Desde los sectores que vienen denunciando estas maniobras, la lectura es clara: «Qué casualidad que, cuando se denuncia la ilegalidad en las contrataciones y el tema toma estado público, lo sacan a Trillo. Intentan calmar las aguas entregando una cabeza, pero no se habla del daño ya producido al erario público». La pregunta que queda flotando es qué hará ahora la Fiscalía de Estado, encabezada por el Dr. Julio Rodríguez Signes, cuya obligación es defender los intereses y recursos de los entrerrianos. El silencio del Fiscal de Estado ante lo que muchos consideran un sistema de «dádivas y enjuagues» con los empresarios del juego es, para muchos, un síntoma de la complicidad sistémica.
Lo más doloroso de este escándalo reside en la naturaleza misma del IAFAS. Creado originalmente para que los beneficios del juego se transformaran en asistencia social para los sectores más desposeídos, el organismo parece haber desviado su norte. Mientras los pliegos de licitación se manejaban en mesas cerradas y con beneficios directos para los empresarios del sector y funcionarios de turno, el impacto social de esos fondos brillaba por su ausencia.
Ese dinero, que por ley debería estar destinado a fortalecer los comedores escolares, el deporte provincial y la salud pública, se habría diluido en una trama de burocracia y corrupción. La resolución que saca a Trillo de su puesto menciona «necesidades de carácter operativo» y una «reorganización del cuerpo asesor», pero el trasfondo es el de una estructura que ya no pudo ocultar más sus grietas.
Hoy, el IAFAS se encuentra en un estado de vacancia en su asesoría legal clave, a la espera de un nuevo responsable, aunque ya se menciona que una mujer ocuparía ese lugar. Mientras tanto, la sociedad entrerriana aguarda una respuesta que vaya más allá de una resolución administrativa: se espera una rendición de cuentas sobre décadas de manejos oscuros que, en lugar de ayudar a la acción social, parecen haber servido para consolidar fortunas personales a costa de los recursos públicos. (David Ricardo)