La presentación judicial advierte sobre un presunto esquema de cobros indebidos dentro del municipio. Las críticas al intendente se profundizan en medio de cuestionamientos por designaciones, opacidad y posibles irregularidades previsionales.
Una denuncia que pone en jaque a la gestión
La Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Plaza 25 de Mayo de Concordia, junto a ATE Seccional Concordia, el Movimiento Surge y ciudadanos independientes, formalizó este lunes una denuncia penal que podría tener consecuencias explosivas para la administración municipal. .
El escrito presentado en Tribunales apunta a la existencia de un posible esquema de fraude contra la administración pública, centrado en el cobro simultáneo de jubilaciones provinciales por parte de funcionarios que, al mismo tiempo, percibirían ingresos dentro de la estructura municipal.
La acusación no es menor: de comprobarse, implicaría no solo incompatibilidades legales, sino también un uso discrecional de los recursos públicos en beneficio de una casta política local.
El mecanismo bajo la lupa: “ad honorem” que cobran
Las críticas más duras giran en torno a las formas de contratación utilizadas por la gestión. Distintos medios locales, como Diario Junio, ya habían advertido sobre designaciones bajo la figura de “ad honorem” que, en la práctica, no serían tales.
El uso de adicionales salariales -como el denominado «Código 600”- aparece como una de las herramientas para canalizar ingresos sin blanquear formalmente una remuneración, lo que permitiría eludir controles y sostener situaciones de presunta incompatibilidad con el cobro de haberes jubilatorios.
«Estamos frente a un esquema que, de mínima, es opaco; y de máxima, podría constituir una defraudación al Estado”, deslizó una fuente sindical vinculada a la denuncia.
Azcué, acorralado por su propia estructura
El intendente Francisco Azcué quedó directamente bajo presión política. No solo por el avance judicial, sino por la creciente percepción de desorden y discrecionalidad en su gabinete.
Desde sectores opositores y del propio campo social advierten que las designaciones cuestionadas no podrían haberse concretado sin aval político del Ejecutivo municipal.
«No se trata de casos aislados, sino de una lógica de funcionamiento. Acá hay responsabilidad política directa del intendente”, sostienen dirigentes locales que vienen siguiendo el tema.
El malestar también se amplifica por antecedentes recientes, solo basta con recordar todos lo conflictos con trabajadores municipales, denuncias de persecución ideológica y decisiones administrativas que ya habían sido calificadas como arbitrarias.
El contraste que indigna: privilegios en medio de la crisis
El escándalo adquiere una dimensión aún más delicada en el contexto de crisis previsional que atraviesa la provincia.
Mientras miles de jubilados entrerrianos enfrentan haberes deteriorados y una creciente pérdida del poder adquisitivo, la posibilidad de que funcionarios accedan a dobles ingresos desde el Estado golpea de lleno en la legitimidad del sistema.
«Nos piden sacrificios a los de abajo mientras algunos se garantizan beneficios por arriba. Es inadmisible”, expresaron desde la Mesa de Jubilados, marcando el trasfondo político de la denuncia.
De la sospecha judicial al desgaste político
La causa recién comienza su recorrido en la Justicia, pero el impacto político ya es irreversible.
La gestión de Azcué atraviesa uno de sus momentos más críticos desde su asunción, con cuestionamientos que ya no se limitan a la oposición partidaria, sino que incluyen a organizaciones sociales, sindicatos y sectores independientes.
El caso, además, reabre un debate más profundo: el de las prácticas enquistadas en el Estado local, donde la transparencia suele quedar subordinada a acuerdos de poder.
Un conflicto que puede escalar
Lejos de cerrarse, el escenario promete escalar tanto en el plano judicial como político.
Si la investigación avanza, podría derivar en imputaciones concretas y abrir una crisis institucional de mayor magnitud en Concordia. Pero incluso sin definiciones judiciales inmediatas, el daño político ya está hecho.
En una provincia atravesada por ajustes, debates previsionales y creciente malestar social, el caso expone una postal incómoda: la de una dirigencia que, lejos de dar el ejemplo, vuelve a quedar bajo sospecha por el manejo de los recursos públicos.