El ajuste nacional asfixia obras locales y prestaciones para discapacidad.
Por Patricia Daza
El Palacio de Hacienda será el epicentro de una jornada de alta tensión este martes debido a una doble convocatoria de protesta que converge ante las oficinas de la administración central. En una acción conjunta, intendentes de diversos puntos del país y un amplio frente de organizaciones de discapacidad inician una marcha al Ministerio de Economía para elevar un reclamo directo a Luis Caputo.
Mientras los jefes comunales denuncian una asfixia financiera derivada del recorte de transferencias y la parálisis de la obra pública, las entidades del sector salud alertan sobre un escenario terminal para el sistema de atención. Según confirmaron los organizadores este abril de 2026, la movilización busca la restitución inmediata de partidas para provincias y municipios, además de soluciones urgentes ante la falta de pago a prestadores que asisten a personas en situación de vulnerabilidad.
La Federación Argentina de Municipios (FAM), bajo la conducción de Fernando Espinoza, prevé entregar un documento oficial al ministro para visibilizar la dificultad de sostener servicios esenciales y salarios locales ante la retención de giros nacionales. A este reclamo territorial podría sumarse el apoyo del gobernador Axel Kicillof, mientras que desde el gabinete bonaerense, Gabriel Katopodis advirtió sobre la posibilidad de judicializar el conflicto si no se reactivan los fondos para infraestructura.
A la vez, el colectivo de discapacidad denunció que el ajuste presupuestario en su área ya supera el 30% anual, con deudas por parte del programa Incluir Salud que afectan a quienes presentan una diversidad funcional, poniendo en riesgo la continuidad de tratamientos y el transporte especializado.
La protesta sectorial pone el foco en el financiamiento de programas de acompañamiento terapéutico y cobertura básica para la discapacidad, cuya falta de actualización arancelaria ha llevado a las instituciones a una situación límite. Las organizaciones denuncian que los incumplimientos presupuestarios están provocando un colapso inminente en los servicios para personas con capacidades restringidas, afectando a miles de beneficiarios en todo el territorio nacional.
Ante este panorama, los manifestantes exigen que los funcionarios de la Secretaría de Hacienda establezcan un cronograma de pagos que permita revertir el desfinanciamiento acumulado. La jornada refleja una presión creciente sobre la gestión económica nacional para que flexibilice el ajuste sobre las administraciones locales y los sistemas de seguridad social. (Minuto NQN)