El expediente tiene tres detenidos que esperan que se realice el juicio oral. Una pista que involucra a un político sigue abierta y la defensa de la vicepresidente sigue buscando encontrar nexos para dar con un autor intelectual.
Este hecho fue un antes y un después en la política argentina. Sociedad, medios y actores políticos se mantuvieron al filo de las novedades, con las expectativas puestas en que el atentado a Cristina Fernández de Kirchner se esclareciera lo antes posible. Un caso complejo en donde los imputados son varios, pero las respuestas son pocas: ¿cómo está la situación judicial, cómo evolucionó y en qué estado se encuentra el proceso a los culpables?
En este momento las personas procesadas son tres: Fernando Sabag Montiel, quien apuntó el arma; Brenda Uliarte, señalada como coautora del hecho; y Nicolás Carrizo, líder de la banda que se conoció mediáticamente como “Los Copitos”. Los tres están cumpliendo prisión preventiva en el penal de Ezeiza desde el septiembre pasado. A Carrizo, por caso, la Justicia le rechazó en diferentes instancias el pedido de prisión domiciliaria.
El fiscal federal Carlos Rívolo, encargado de la investigación del ataque, opina que fue un acto premeditado por el agresor Sabag Montiel y su exnovia Brenda Uliarte. Cerró la investigación en lo que respecta a los tres detenidos, sin considerar aún vínculos políticos ni responsables intelectuales, que es el principal reclamo de la vicepresidenta.
Ambos fueron imputados el 15 de septiembre con prisión preventiva por el intento de asesinato a Cristina Kirchner, en un plan diagramado y planeado, que había tenido comienzo en abril de 2022. Fueron imputados como coautores de los delitos de homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa. Sus defensas decidieron no apelar y acelerar la llegada a juicio oral.
El tercer detenido, Nicolás Carrizo, era el jefe de ambos en un negocio que se dedicaba a la venta de “copos de nieve”. Quedó detenido 12 días después del acto luego de que entregara su celular a la justicia ya que declaró como testigo de sus empleados. En el teléfono se encontraron mensajes que lo comprometieron: “Recién intentamos matar a Cristina”; “el arma es mía” y “mi empleado le quiso disparar”, son algunos de los mensajes encontrados, correspondientes a la noche del atentado. Su abogado defensor, Gastón Marano, desde un principio adujo que eran comentarios hecho en tono de broma y le intentaba dar mayor grado de certeza al decir que fue el propio Carrizo el que entregó el celular sin ofrecer ningún tipo de resistencia.
Eran épocas de mucha tensión política, luego de que el fiscal Diego Luciani realizara su alegato en el juicio oral y público de la causa Vialidad que tenía a Cristina Kirchner en el banquillo de los acusados. Esa situación derivó en jornadas de vigilia de la militancia cristinista en el frente de su departamento en Recoleta, lugar donde se terminó inmortalizando la imagen del arma siendo gatillada a centímetros del rostro de la vicepresidenta sin que saliera la bala.
Las otras líneas de investigación
Hay otras personas que están siendo apuntadas como vinculados al hecho. Una de ellas es el diputado del PRO Gerardo Milman, quien supuestamente le dijo a sus secretarias “cuando la maten yo estoy camino a la costa», según afirma el testigo Jorge Abello, que dice haberlo escuchado en el bar Casablanca. Se trata de un asesor de un diputado del Frente de Todos. Otras personas que estaban en el lugar, incluso más cerca de la mesa de Milman que Abello, fueron citados a declarar como testigos y negaron haber escuchado eso.
Luego de un año del hecho, la Cámara Federal dictaminó hace dos semanas que Milman entregue el teléfono para que este sea analizado. El dirigente, que era del núcleo cercano a Patricia Bullrich pero terminó alejado, lo entregó pero junto a un escrito rechazando la posibilidad de que lo revisen.
Otra persona que tiene la Justicia en la mira es Jonathan Morel y al grupo del que forma parte, Revolución Federal. Durante la tarde del 26 de agosto en una comunicación vía Twitter, Morel dijo: “No lo hago yo porque me conocen los de La Cámpora, sino me iría a cantar seis o siete días la marcha peronista y después la ejecuto”. Por esa razón, el entonces interventor de la AFI, Agustín Rossi, presentó una denuncia para que la charla que se mantuvo aquel día sea analizada e investigada.
El grupo quedó en la mira judicial en una causa paralela a la del atentado, y sus miembros fueron acusados de incitación a la violencia colectiva. Las imágenes más recordadas los mostraban con antorchas y una guillotina en la Plaza de Mayo. En una de sus marchas, además, había participado Brenda Uliarte.
Revolución Federal le sirvió también a la vicepresidenta para buscar un nexo político. La carpintería de Morel había sido contratada por una empresa de la familia Caputo. Esa vía de investigación tampoco prosperó.
Esta semana, además, la defensa de Cristina Kirchner abrió una nueva línea de investigación más. Sus letrados, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, solicitaron que se investigue los lazos de la panelista de TV Delfina Wagner con «la banda de los copitos». Según ellos, podría ser el nexo entre los coautores del atentado y la banda Revolución Federal. Además, también pidieron que se investigue a Ximena Tezanos Pintos, la vecina de la vice que vive en el piso de arriba del edificio de Recoleta.
Las peleas de Cristina Kirchner con la jueza
La jueza a cargo del caso es María Eugenia Capuchetti, quien asumió a cargo del Juzgado Federal número 5 en 2019, llegando gracias a los votos de Cambiemos y del Peronismo Federal, y el rechazo del kirchnerismo. En el momento que se dió a conocer la pista “Casablanca”, según los alfiles kirchneristas y también la propia CFK, la jueza no avanzó contra Gerardo Milman, por lo que Cristina pidió expresamente que la desplacen de la investigación. «A raíz de los hechos que van a ver y escuchar, he instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti», tuiteó CFK.
Cristina Kirchner también había pedido que se desplace también a Carlos Rívolo, el fiscal que quedó a cargo de la investigación, pero la Cámara Federal de Casación Penal declaró «inadmisible» el recurso. En el caso de Rívolo, Cristina quiso recursarlo por haber sido él quien supuestamente había filtrado el dato de que la exsecretaría de Milman Ivana Bohdziewicz había querido ampliar su declaración testimonial, poniendo en riesgo al testigo.
La declaración de Bohdziewicz se demoró por un viaje de Rívolo, pero desde que se solicitó la ampliación de la declaración, estuvo recibiendo mensajes y llamados de quien fue su compañera de trabajo en el momento de la reunión en Casablanca.
En cuanto a Sabag Montiel y a Uliarte, el 16 de junio se dictaminó la primera condena, luego de una audiencia en el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín. Pero esta condena no se debe al intento de magnicidio, sino a la tenencia de un DNI que no era suyo, que fue encontrado durante los allanamientos realizados en el marco de la investigación por el intento de atentado.
Los absueltos
Quienes quedaron absueltos de la causa se llaman Agustina Díaz y José Derman. Agustina Díaz es una amiga de Brenda Uliarte, con quien intercambiaba mensajes en relación al atentado: “¿Por qué falló el tiro? ¿Cómo mandaste a este tarado? (…) ¿se puso nervioso?”, decían algunos de ellos. Por parte de Uliarte, ella también había enviado mensajes comprometedores: «Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina. Me re pudrí que hablen y no hagan nada. Yo si voy a hacer». La Sala I de la Cámara Federal había dictaminado que “restan medidas probatorias” para detenerla, por lo que Díaz resultó absuelta.
José Derman había compartido en redes un video suyo en donde se lo vió celebrando el ataque a la vicepresidenta. Frente a un comentario de un usuario donde le preguntaba si se animaría a hacerlo por su cuenta, él respondió: “eso ni lo dudes”. La justicia lo dejó en libertad por considerarlo inimputable por condiciones psiquiátricas.
Derman dirigía el Centro Cultural Kyle Rittenhouse, en donde, gracias a las filmaciones y fotos posteadas en sus redes, se pueden detectar que conservan imágenes de Javier Milei, Jair Bolsonaro y hasta iconografía nazi, un Wolfsangel. El nombre del Centro hace referencia a un hombre de 17 años de Estados Unidos que disparó a dos personas durante una movilización en contra de la discriminación racial, en el estado de Wisconsin.