Mientras el Gobierno desfinancia políticas de género y relativiza los crímenes contra las mujeres, las cifras siguen siendo alarmantes. La violencia machista se cobra una vida cada 35 horas en nuestro país. Y la respuesta estatal, lejos de mejorar, retrocede.
Por Roberto García
Cuando los números no alcanzan: la realidad detrás de las cifras
El último informe del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) revela que en 2024 se registraron 247 víctimas de violencia de género, de las cuales 228 fueron femicidios directos y 19 vinculados. El promedio devastador es de una mujer asesinada cada 35 horas.
En 2023 la cifra fue aún mayor: 250 femicidios, según el mismo registro, lo que marcó un incremento del 10,6% respecto al año anterior. En la última década, más de 2.500 mujeres fueron víctimas fatales de la violencia machista.
Las organizaciones civiles, como Mumalá y La Casa del Encuentro, alertan además sobre un subregistro persistente. Estiman entre 255 y 294 casos en 2024, contando las muertes en contexto de violencia de género que no llegan a ser clasificadas judicialmente como femicidios.
Organizaciones feministas reclaman Emergencia Nacional en Violencia de Género, mientras el Estado desmantela políticas claves como la Línea 144, el Programa Acompañar y Acercar Derechos.
El dato de hoy
En lo que va del 2025 ya hubo 196 femicidios. No son casos aislados. Son políticas ausentes.
No son números. Son nombres, rostros, familias, historias truncas. Son niñas y niños que quedan sin su madre, y un Estado que -una vez más- llega tarde o no llega.
Entre la indiferencia política y el retroceso cultural
El país que levantó la bandera del Ni Una Menos hoy asiste a un peligroso repliegue institucional.
En el equipo de gobierno de Javier Milei, trascendió que se analiza revisar o incluso eliminar la figura de femicidio del Código Penal, bajo el argumento de “igualdad ante la ley”. Detrás de ese eufemismo, se esconde un intento de borrar la perspectiva de género del sistema judicial.
Recordemos además que, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue vaciado y su estructura absorbida por otras áreas sin especialización. Las políticas preventivas se paralizan, las líneas de asistencia funcionan con personal reducido, y las capacitaciones obligatorias de la Ley Micaela se diluyen en el olvido.
Provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Jujuy encabezan las tasas más altas de femicidios. En casi la mitad de los casos, la víctima había denunciado previamente a su agresor. La justicia no las escuchó.
No es casual: la violencia institucional también es una forma de violencia de género. Cuando un fiscal archiva una denuncia o un juez minimiza una amenaza, la línea que separa la burocracia del crimen se vuelve peligrosamente delgada. Si a eso le sumamos el interés del actual ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona en desterrar la figura del «femicidio» del código penal, todo está dado para empeorar esta realidad.
Una pandemia que no se detiene sin políticas de Estado
La violencia de género no se combate con discursos ni con moralinas televisivas. Requiere presupuesto, políticas públicas y compromiso político real.
Declarar la Emergencia Nacional por Violencia de Género -como proponen las organizaciones- sería un paso urgente para dotar de recursos extraordinarios a los programas de prevención y asistencia.
Hace falta también fortalecer la Ley Micaela, garantizar la capacitación de todas las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial, agilizar las medidas de protección y asegurar que las denuncias tengan seguimiento real.
Y, sobre todo, reinstalar la educación sexual integral (ESI) en todos los niveles educativos. Sin formación ni conciencia social, los femicidios seguirán reproduciéndose bajo el manto del silencio cultural y la impunidad.
Luchar colectivamente
Argentina tiene memoria, organización y fuerza colectiva. Fue este país el que gritó “Ni Una Menos” al mundo entero.
Pero ese grito no puede transformarse en eco.
Mientras el Gobierno insista en desarmar las estructuras de cuidado, relativizar los crímenes de odio y desfinanciar las políticas de género, cada 39 horas una mujer más será asesinada por el solo hecho de serlo.
La verdadera “reconstrucción nacional” empieza cuando el Estado deja de mirar para otro lado y asume que la violencia machista no es un asunto privado, sino una tragedia pública.
Una pandemia que, a diferencia del COVID, no espera vacunas: espera justicia.
Fuentes:
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Registro Nacional de Femicidios (RNFJA) 2024
Chequeado (2024): “Ni Una Menos: hubo un femicidio cada 39 horas en Argentina”
Mumalá y La Casa del Encuentro (2025): informes anuales
The Guardian (2025): “Argentina’s government debates removing femicide from criminal code”
El Diario AR (2024): “Más de 250 femicidios en un año: una década de impunidad y dolor”
Imagen (obra «Unos Cuantos Piquetitos», creada en 1937, por Frida Kahlo. Ilustra una escena de un caso de feminicidio)
Si estás pasando por una situación de violencia de género, podés comunicarte de forma gratuita al 144 (PBA).