Se reavivan conflictos regionales: Caputo reivindica las políticas del dictador Pinochet, Bullrich envía gendarmes a Caracas. Por decreto, amplían las facultades de las Fuerzas Armadas.
Por Alberto López Girondo
La consigna central que emana del presidente Javier Milei y se disemina entre quienes forman parte de su Gobierno es llevar adelante la «batalla cultural», que se resume en fomentar los valores neoliberales-paleolibertarios contra viento y marea. La experiencia de este año de gestión es que quien no se suma a la cruzada queda fuera de juego de un modo no solo impiadoso, sino también embadurnado de las mayores diatribas en las redes sociales, duchos como son los trols «estadodependientes» en estas lides.
Sucede, a veces, que en esa necesidad de mostrar la fe oficialista se adoptan posiciones que generan rispideces innecesarias, incluso más allá de las fronteras. Como si no hubiera ya demasiados cruces por la pertinacia del propio presidente. Huelga recordar incidentes con Brasil, España, Colombia, México y así. Pero sumadas una a una, expresan el revés de una trama preocupante.
Hace algunos días el ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista con Radio Mitre habló directamente de esa contienda que ahora pretende impulsar desde su cargo. Y en ese jaleo no se anduvo con vueltas. «La batalla cultural es clave», arrancó el «Messi de las finanzas», como le decía su exjefe, Mauricio Macri. «Mirá el ejemplo de Chile, el país de Latinoamérica que sacó de la pobreza desde los años 80 hasta el 2010 y descuidó la batalla cultural, esa que hoy da fuertemente Axel Kaiser». Ya que estaba, agregó que ese descuido cultural llevó a que «hoy lo gobierna un comunista que los está por hundir».
Veamos: alabar las políticas económicas chilenas de aquellos años es celebrar las que impuso a sangre y fuego la dictadura pinochetista. Axel Kaiser Barents-Von Hohenhagen, por su lado, es fundamentalmente un activista chileno que promueve los postulados de la escuela austríaca, esa que atrapa a Milei. En su anterior paso por la gestión pública, aquella vez que contrató el explosivo crédito con el FMI, Caputo no había explicitado el fondo de su pensamiento. Nada serio, pero en esta ocasión hasta defendió el libertarianismo con uñas y dientes.
La respuesta no tardó en cruzar las altas cumbres de los Andes, con una elegancia que no se destaca de este lado. Fue cuando el presidente Gabriel Boric, de gira por la Región de Ñuble, le recordó al presidente Milei –no cabía responderle a un ministro– que hay algo permanente y algo provisorio en la vida. Que «los 5.000 kilómetros de cordillera van a seguir allí cuando usted y yo nos vayamos». Que es necesario tener humildad, que son dos pueblos hermanos y que las instituciones continuarán más allá de cada uno.
A los pocos días un helicóptero chileno cruzó la frontera unos pocos kilómetros y medios locales propensos al escándalo hablaron de «invasión». Primó la cordura y desde Santiago llegó un pedido de disculpas del canciller Alberto van Klaveren y desde Buenos Aires dejaron que las aguas se calmaran.
Para ese entonces crecía la tensión, de vieja data, con el Gobierno de Venezuela. Nicolás Maduro figura en los primeros lugares en la lista de enemigos de la batalla cultural mileísta, y desde Caracas no le esquivan a los epítetos. En marzo pasado, seis opositores al chavismo acusados por la fiscalía de conspiración e intento de desestabilización se refugiaron en la embajada argentina en Caracas. Recibieron el asilo político de Buenos Aires, pero nunca obtuvieron los salvoconductos para salir del país. El tema fue escalando y para agosto el personal diplomático argentino fue expulsado del país. Desde entonces, las relaciones entre Venezuela y Argentina las maneja la representación brasileña. En el edificio ahora flamea la bandera verde-amarelha. Y eso que el presidente Lula da Silva también es un comunista irredento, según Milei.
Estos días, uno de los asilados venezolanos, Fernando Martínez Mottola –colaborador cercano del autodesignado «presidente interino» (MC) Juan Guaidó– salió voluntariamente del edificio para someterse a la Justicia. Casi al mismo tiempo, un gendarme argentino fue detenido al querer ingresar a Venezuela, según declaró, a encontrarse con su esposa y su hijo de dos años, residentes en el estado de Anzoátegui.
La ministra Patricia Bullrich, que también es de verborrea fácil, había metido baza en el caso de los asilados y afirmó que enviaría a ocho gendarmes a custodiar la embajada. ¿Qué fue a hacer a Venezuela un gendarme con destino en el Escuadrón 27 de Uspallata, Mendoza, que cruzó a Chile y atravesó Colombia para ingresar por un paso de los llamados «calientes»?
El exembajador argentino, Oscar Laborde, mientras crecían los cruces entre Bullrich y las autoridades bolivarianas, intercedió para hacerle llegar a Gallo una carta de su madre, preocupada por la falta de novedades sobre él y por las Navidades. La respuesta de la Casa Rosada fue una denuncia por «traición a la patria» contra el exdiplomático, al que además de endilgarle el entorpecimiento de las negociaciones en curso con Caracas lo acusó de ser «agente al servicio de la dictadura de Maduro».
Laborde sostuvo que solo hizo una gestión en base a los contactos que logró en su gestión, que el Gobierno nacional ni siquiera había puesto un abogado para defender los intereses del gendarme ante la Justicia venezolana. La madre de Gallo llegó a Laborde por el dirigente social Juan Grabois, que, ante este entuerto, pidió –al igual que Laborde–, ser llevado ante los tribunales y defenderse allí de cada una de las imputaciones de manera pública.
Este viernes, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó en un comunicado que «el Sr. Nahuel Agustín Gallo ha sido detenido al haber intentado ingresar irregularmente a la República Bolivariana de Venezuela ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental», y afirmó que el gendarme «se encuentra sometido a la respectiva investigación por su vinculación a un grupo de personas que intentaron desde nuestro territorio y con apoyo de grupos de la ultraderecha internacional ejecutar una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas». Acusa de esa supuesta intentona «subversiva» a las autoridades argentinas y colocó en la lista de «personas de interés para la investigación» (sospechosos) a Bullrich y al canciller Gerardo Werthein.
El caso, acotación aparte, sirvió para limar aún mas, si cabe, la relación del primer mandatario con la vicepresidenta. Es que Victoria Villarruel, cuando estalló el incidente, publicó un posteo en su cuenta de X, que luego borró pero que Bullrich se encargó de recuperar, y que decía: «Jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela. Lo que está ocurriendo es la consecuencia tristemente obvia, pero como no soy del área de Seguridad no opino de las sanciones y acciones que se deberían tomar. Saludos».
La otra pata de la «batalla cultural» muestra una coordinación impactante. Caputo alabando al dictador Pinochet cuando Milei firma los decretos 1107 y 1112/2024, que amplían las facultades de las Fuerzas Armadas, no es una casualidad. El primero de ellos establece los «Objetivos de Valor Estratégico» a defender y señala que la definición de cada uno de esos objetivos «será competencia exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional».
El otro decreto afirma que serán consideradas agresiones a «la ejecución y consumación de un conflicto armado o guerra, que provengan de Fuerzas Armadas u organismos paraestatales extranjeros, de organizaciones terroristas u otras organizaciones transnacionales, o cualquier forma de agresión externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas».
En conjunto, abren las puertas a la intervención de las FF.AA. en seguridad interior, a contramano de una conquista de la democracia que resulta incompatible con las políticas neoliberales, como lo fue hace medio siglo.