Un fallo obliga al municipio a reconocer antigüedad y pagar diferencias salariales a trabajadores precarizados. La gestión de Azcué, lejos de corregir el problema, queda en el centro de las críticas por sostener un esquema que ahora amenaza con multiplicar reclamos y generar un fuerte impacto económico.
Un fallo que golpea de lleno a la gestión
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Concepción del Uruguay resolvió que la bonificación por antigüedad no distingue entre trabajadores contratados y de planta permanente, y ordenó a la Municipalidad de Concordia pagar diferencias salariales a empleados que durante años fueron mantenidos bajo condiciones laborales precarias.
Aunque la sentencia no está firme, el mensaje político y judicial es claro: el municipio pagó menos de lo que correspondía. Y eso coloca a la gestión del intendente Azcué en una posición incómoda, no sólo por el impacto económico que podría derivarse, sino por la evidencia de un problema estructural que no fue abordado.
«Precarizar fue una política, no una excepción”
Desde sectores gremiales y del ámbito jurídico no tardaron en llegar las críticas. “Lo que confirma este fallo es algo que los trabajadores vienen denunciando hace años: la precarización fue una política sostenida del municipio”, señalaron desde el entorno de los demandantes.
En la misma línea, una voz del ámbito sindical local fue más directa: “Azcué no puede mirar para otro lado. No alcanza con decir que es una herencia. Gobernar también es hacerse cargo de lo que sigue pasando hoy”.
El cuestionamiento apunta a que, pese al cambio de gestión, no hubo una revisión de fondo del esquema laboral. Por el contrario, se mantuvieron prácticas que ahora la Justicia empieza a desarmar.
Años de trabajo sin derechos
Los trabajadores afectados lograron demostrar que durante más de una década cumplieron funciones permanentes como monotributistas o contratados. Sin embargo, al ser incorporados a planta en 2022, su antigüedad fue desconocida, lo que implicó una pérdida salarial significativa y años sin aportes jubilatorios.
«No es sólo plata lo que se debe, es dignidad laboral”, señalaron allegados a la causa, poniendo el foco en el impacto humano detrás del conflicto.
Una defensa débil frente a un fallo contundente
La Municipalidad de Concordia intentó sostener que la antigüedad debía computarse desde el ingreso a planta permanente y negó irregularidades en los contratos previos. También planteó la prescripción del reclamo.
Pero el tribunal rechazó esos argumentos y respaldó una interpretación amplia del derecho laboral, señalando que el concepto de “personal municipal” no admite distinciones arbitrarias. En otras palabras: si el trabajo fue permanente, los derechos también lo son.
La condena y el efecto dominó
La sentencia ordena al municipio pagar las diferencias salariales con intereses y realizar los aportes a la Caja de Jubilaciones, además de hacerse cargo de las costas del proceso.
Pero el mayor problema para la gestión de Azcué no está en este expediente puntual, sino en lo que puede venir. “Este fallo abre la puerta a cientos de reclamos similares. Es una bomba de tiempo que el municipio no quiso desactivar”, advirtió una fuente del ámbito judicial.
Un modelo en crisis y una gestión cuestionada
El fallo no sólo obliga a reparar una injusticia, sino que deja al descubierto un modelo de empleo público basado en la precarización. Un modelo que la actual gestión no corrigió y que ahora amenaza con volverse inmanejable.
«Si no hay una decisión política de fondo, esto recién empieza”, deslizan desde el entorno gremial.
Para Azcué, el desafío ya no es sólo jurídico. Es político. ¿Hubo voluntad real de cambiar lo que estaba mal o simplemente se administró la misma lógica con otro discurso?, esa es hoy, la pregunta más incómoda y que más resuena en la sociedad concordiense.