La reforma penal impulsada por el Gobierno declara perseguir a las organizaciones criminales pero solo apunta al eslabón más débil de las cadenas delictivas. Una intervención policial más violenta.
Por Osvaldo Aguirre
Mayores atribuciones a las fuerzas de seguridad, menores controles por parte del Poder Judicial, facilidades para el blanqueo de capitales, desconocimiento del delito económico. Las reformas planteadas para el Código Penal y el proyecto de Ley Antimafia del Gobierno nacional invocan la expansión de la criminalidad organizada, pero las propuestas recrean las condiciones de posibilidad del problema, según los especialistas.
«Lo que propone la gestión actual es más de lo que se viene haciendo con los problemas de seguridad y de una manera agravada: una mayor respuesta del Estado penal sin atender las problemáticas criminales ni las formas de organización de las economías ilegales», advierte Victoria Darraidou, del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).
La violencia narco en Rosario es la justificación repetida del Ministerio de Seguridad de la Nación. Pedro Biscay, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), describe un iceberg: «La parte que vemos del crimen organizado es la que está en la calle, los estratos bajos de las estructuras criminales. No estamos viendo a los que controlan ese poder. El sicariato es el último eslabón de un fenómeno sumergido en la economía y cuya finalidad es disciplinar para que los negocios sigan produciéndose de manera estable».
Las propuestas del Poder Ejecutivo comprenden la reforma del artículo 34 del Código Penal, para ampliar el marco de la legítima defensa y el cumplimiento del deber como excluyentes de punibilidad, «lo que habilita una intervención policial más violenta y quita a las víctimas la posibilidad de querellar, lo que no es menor porque hay un patrón establecido para falsear hechos, como se vio en el caso de Lucas González», destaca Darraidou, en alusión al futbolista de 17 años de Barracas Central cuya ejecución fue presentada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires como el resultado de un enfrentamiento.
El proyecto se complementa con el aumento de las penas por resistencia a la autoridad. «Es un tipo penal que se utiliza para castigar la protesta social, donde también se observa un patrón para el armado de causas –observa Darraidou, coordinadora del equipo Seguridad democrática y violencia institucional del Cels–. Este Gobierno es explícito en cuanto a la decisión de ir contra las organizaciones sociales y sindicales y limitar los derechos a la libertad de expresión y de reunión».
La ley antimafia declara perseguir a las organizaciones criminales. Biscay señala «un pase de manos» entre los propósitos y la norma: «Lo que expresa el Gobierno es traer lo mejor de la ley norteamericana y lo mejor de la ley italiana, pero, en definitiva, lo que propone es lo peor del modelo de Bukele. El statu quo que se construyó en El Salvador fue encarcelar a las personas bajo reglas de imputación muy simples, sin importar si están insertas en estructuras criminales, sumado a una reforma que permite procesamientos masivos».
El proyecto del Ministerio de Patricia Bullrich contempla el concepto de zona especial de investigación, donde la aplicación de reglas de imputación especiales se combinaría con el aumento de las penas y la reducción de garantías constitucionales. «Si una persona cometió un delito violento en lo que se define como zona especial de investigación podría ser considerada parte de una estructura criminal», ejemplifica Biscay. Sobre la misma base, «la fuerza policial podría practicar detenciones por 48 horas para obtener información; hacer allanamientos de uno o varios domicilios o de un área; hacer interceptaciones telefónicas sin orden judicial y de líneas contiguas cuando replican llamadas entrantes y salientes en un teléfono celular; e incautar bienes también sin orden judicial».
Superpoblación de presos
Otro proyecto, la ley de reiterancia, alega el fin de combatir la impunidad. «Propone ampliar los casos y supuestos para la prisión preventiva –explica Darraidou–. La política de prevención del delito sería detener y privar de la libertad a las personas, cuando tenemos una emergencia penitenciaria. La ley antimafia también agravaría ese problema, porque sabemos que los servicios penitenciarios no pueden gobernar las cárceles donde hay superpoblación de presos».
Biscay subraya que el concepto de zona de investigación es impreciso en el proyecto, del mismo modo que términos como mafia y crimen organizado se dan por sobreentendidos. «La determinación de esas zonas serían fáciles de construir en términos de datos. Es evidente que Rosario tiene un problema grave de seguridad, pero también que la provincia de Buenos Aires no parece tenerlo porque hay un control del crimen organizado a través de pactos con la Policía bonaerense», afirma el investigador, a la vez integrante del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce).
«El proyecto antimafia apunta al último eslabón de las estructuras criminales –puntualiza Darraidou–. En un contexto de empobrecimiento como el de la Argentina, el supuesto de perseguir las bandas y la violencia genera un impacto en la sociedad. Hay que atender los problemas, pero restringirse a esa dimensión no lesiona al crimen organizado ni a su sistema de enriquecimiento».
Para Biscay, la propuesta del Gobierno nacional «no tiene nada» de lo que establece la reivindicada Ley Rico sobre el decomiso de bienes, donde «el crimen organizado no está en las pandillas o en los grupos juveniles que generan violencia en las calles, sino en las estructuras criminales y en los fondos ilícitos que contaminan los fondos lícitos». En la Argentina, «el crimen organizado es un problema real, pero el proyecto no está mirando el contenido empresarial, sino a la pandilla, los chicos pobres que encuentran un empleador en el narco».
«Hay tres factores que explican la expansión del crimen organizado y esto lo vamos a ver cada vez más en los próximos años –anticipa Biscay y puntualiza–: la crisis económica, porque hay necesidad de mano de obra en mercados criminales; los crímenes comunes en relación con crímenes económicos, donde unos son funcionales a los otros; y los fenómenos de corrupción estructurales que tiene la Argentina». En ese marco, «los negocios vinculados con el crimen económico y al crimen organizado tienen un punto en común que es el lavado de dinero». La Asociación Americana de Juristas advirtió al respecto que el país podría convertirse «en una suerte de paraíso –o más bien guarida– para el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo internacional» en caso de aprobarse el Régimen de Regularización de Activos, como se llama al blanqueo incluido en la Ley Bases.
Las perspectivas de que las propuestas se transformen en leyes son inciertas. «Argentina atraviesa un problema institucional grave desde hace años, quisiera creer que la política va a tomar nota», dice Biscay. La coyuntura no es propicia para Darraidou: «La discusión pública está corrida a la derecha y la falta de respuestas a la sociedad por los problemas de violencia alimenta estos discursos. Una vez más se entiende que la única opción es mayor respuesta punitiva».