La denuncia por presunta malversación de fondos en comedores municipales de La Paz abre una oportunidad incómoda pero necesaria para discutir controles y no centrarnos en excusas.
Por Roberto García
Lo que sucede por estas horas en La Paz, Entre Ríos, no puede reducirse a un nuevo capítulo de la discusión estéril sobre quién roba más o quién tiene más prontuario político. La denuncia penal presentada por el bloque de concejales de UxP, que apunta al ejecutivo local por la presunta malversación de fondos públicos destinados a comedores y merenderos municipales, es un hecho de extrema gravedad institucional y social. No se trata de una interna partidaria, sino de comida que supuestamente no llegó a la mesa que alimenta a los más débiles.
De los pedidos de informes al allanamiento judicial
Desde comienzos de 2024, el bloque opositor venía realizando pedidos de informes al ejecutivo municipal para conocer el destino de partidas asignadas al abastecimiento de comedores y merenderos. La falta de respuestas, sumada a la decisión de realizar una investigación en territorio, terminó de encender las alarmas. Según la información recabada, se detectaron irregularidades significativas: espacios que figuraban como activos pero no funcionaban y partidas que, directamente, nunca llegaban a destino, según lo indica el cuerpo de la denuncia penal.
Ante ese cuadro, la decisión de acudir a la Justicia fue inevitable. Y la respuesta judicial no tardó. La fiscalía avanzó con allanamientos en distintas dependencias municipales, secuestrando documentación del área contable y de la Secretaría de Desarrollo Social, de la cual dependen los comedores. No es un dato menor: cuando la Justicia allana, es porque el.marci de la denuncia o los indicios que contempla, ameritan ser investigados en serio y con celeridad.
El falso debate: “ellos roban, nosotros también”
Sin embargo, en paralelo al avance judicial y a la legítima preocupación social, se instaló un debate político empobrecedor. La discusión se corrió rápidamente hacia el terreno de siempre: quién roba, quién robó antes y quién robó más. Aparecieron frases conocidas, casi automáticas: “ellos señalan a las gestiones peronistas como ladronas, pero ahora sabemos que ellos también lo son”.
Ese razonamiento no busca justicia ni verdad. Busca consuelo moral. Es la lógica del “nosotros robamos, pero ustedes también”, que desemboca en la conclusión más peligrosa de todas: “son todos lo mismo”. Y cuando todo da lo mismo, nadie rinde cuentas. Para una ciudad súper conservadora por La Paz, estás expresiones viajan hondo.
Alguien debe poner un freno
Vale recordar que cuando el exintendente Bruno Sarubi (UCR) asumió la gestión municipal en 2019, una de sus primeras decisiones políticas fue auditar de manera integral a la administración saliente. Se revisaron cuentas, expedientes y procedimientos. Invirtió mucho dinero de la gente en esa medida. El resultado de ese proceso fue claro y concreto: ningún funcionario de la gestión anterior terminó en el banquillo de los acusados ni enfrentó procesos judiciales por malversación o delitos contra el Estado. En términos institucionales, eso significa que no se constató desmanejo ni ilícito alguno. La pregunta incómoda —pero necesaria— es si ese hecho fue suficiente para que se dejara de estigmatizar a esa gestión como “ladrona”.
La responsabilidad política de entonces, debía haber transitado por esos carriles: se audita, no se detectan delitos y se cierra la discusión. Sin embargo, aun con auditoría mediante, desde el entorno del propio Sarubi se continuó insinuando, en discursos de campaña y declaraciones públicas, que los gobiernos peronistas anteriores habían sido corruptos y que la UCR “no era lo mismo”, reivindicando la honestidad y la transparencia como valores innegociables. Esa actitud , a la que muchos podrían ver cómo irresponsabilidad, fue alimentando en lo discursivo una bola de nieve que hoy termina tapando a todos. Ya no se trata de un sector político en particular, sino de la credibilidad de toda la clase política, un capital simbólico que debería ser protegido y valorado casi como un dogma por quienes gobiernan.
Hay que creer en la justicia, porque imaginemos que luego de todas las investigaciones que se hagan en este caso en particular que se investiga hoy en la ciudad, todo termina siendo esclarecido y no se constata ningún hecho de corrupción en la administración del intendente Walter Martin. ¿Cómo se vería si el concejal José Esquivel (UxP) y toda la oposición continúa deslizando en sus discursos que Martin roba, que su gobierno roba?
Alguien debe tomarse en serio a la política como herramienta de transformación y con ello, respetar a las instituciones. Alguien tiene que entender que lo simbólico y. Los señalamientos discursivos crean realidades.
No van a encontrar un fallo Judicial que indique inocencia para el gobierno peronista e inocencia para un gobierno radical, ¡¡¡pero!!! el fallo emitido para gobierno peronista es de menor intencidad. No existe eso.
Una oportunidad para levantar la vara
Lo que ocurre en La Paz debería servir para algo más que el escándalo del momento. Es una oportunidad inmejorable para exigir que la política, en su conjunto, implemente mecanismos institucionales de control reales, efectivos y permanentes. No alcanza con promesas de honestidad ni con discursos de ocasión. Hace falta transparencia estructural.
La discusión de fondo debería ir por otro lado
¿Qé herramientas existen —o deberían existir— para que la ciudadanía controle cómo se administran los fondos públicos? ¿Cómo se garantiza que el dinero destinado a políticas sociales llegue efectivamente a quienes lo necesitan? ¿Por qué los controles siempre llegan tarde y casi nunca por iniciativa del propio Estado?
Salir de esta lógica implica innovar para un mejor control ciudadano, acceso público a la información, seguimiento de partidas, auditorías abiertas. Es la gente controlando y transparentando lo que pone en manos de sus representantes para que hagan bien las cosas
No erosionar a la política
Basta de excusas
Basta del “roban pero hacen”.
Basta del “ellos roban, nosotros también”.
Basta de naturalizar lo inaceptable.
Cuando lo que está en juego es la comida de los sectores más vulnerables, no hay relativismo posible. La corrupción no se compensa con comparaciones ni se diluye señalando al pasado. Se enfrenta con instituciones fuertes, controles efectivos y una ciudadanía que no se resigna.
Si esta vez la discusión logra salir del barro, quizá La Paz pueda dar una lección que trascienda sus fronteras. Si no, será apenas otro capítulo de una historia que ya conocemos demasiado bien.
Lo que está en juego en La Paz no es solo una causa judicial ni la suerte de una gestión en particular. Lo que se erosiona —cuando se banaliza la acusación, cuando se estigmatiza sin pruebas y cuando se naturaliza el “todos roban”— es la confianza social en la política como herramienta de transformación. Esa credibilidad no se recupera con slogans ni con campañas que se construyen señalando al otro, sino con reglas claras, controles efectivos y una conducta institucional coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Basta del “roban pero hacen”. Basta del “ellos también”. Si de verdad se pretende una política distinta, el primer paso es dejar de degradarla. Porque cuando la vara se baja, no cae un partido sino la democracia cotidiana, esa que se juega todos los días en un plato de comida que llega —o no— a la mesa de quienes más lo necesitan.