El miércoles se votará una mejora en los haberes previsionales y una posible extensión de la moratoria. Esperan educación y salud.
Aún sin tener asegurado el quorum, los bloques de la oposición en Diputados pretenden aprobar el aumento en los ingresos jubilatorios en una sesión especial. Se colarán allí otras agendas que ya tuvieron -y tendrán en simultáneo a la votación- movilizaciones en los principales centros urbanos del país: emergencia para discapacidad, financiamiento universitario y situación sanitaria.
El Gobierno volverá a apostar el próximo miércoles a hacer caer la sesión, como en todos los debates que involucraron su equilibrio fiscal y como ocurrió el pasado 21 de mayo. Esa vez hubo ausencias influenciadas por los gobernadores de Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero y Misiones. «La postura volverá a ser uniforme en ese asunto. Están divididas las posiciones en algún que otro tema», le dijeron a este medio desde Innovación Federal, bloque provincialista aliado a Casa Rosada, donde ratificaron la estrategia oficialista pero dejaron habilitada la posibilidad de filtraciones en caso de que empiece el tratamiento del temario.
«Una vez que empieza la sesión, toma vida propia», se entusiasman desde la oposición, en donde estiman una jornada extensa dentro del Palacio Legislativo. El cálculo que hacen abona a su esperanza: si todos los bloques que apoyaron en comisiones las iniciativas (Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica, el Frente de Izquierda e incluso un sector de la UCR) se hace presente, superan por diez el mínimo que se requiere para concretar el quorum. Aún así, hace dos semanas les faltaron cinco diputados.
De las propuestas vinculadas a jubilaciones que se tratarán este miércoles, existen tres líneas de tratamiento: un aumento único de emergencia, el incremento del bono de $70.000 (valor congelado desde el gobierno de Alberto Fernández) y una alternativa -o bien la continuidad- de la moratoria previsional, vencida en marzo de este 2025, paralizando los ingresos para personas con edad jubilatoria sin los 30 años de aporte. Existen consensos en torno al bono, aunque las cifras que se discuten en los proyectos varían entre los $105.000; $115.000; y $154.000. Lo que aún no alcanzó claridad es la moratoria.
Unión por la Patria tiene el dictamen mayoritario y el que primero se votará. Su intención es prorrogar la moratoria previsional hasta diciembre del 2027 bajo dos premisas: la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó un costo fiscal bajo (0,084% del PBI para el primer año y 0,081% para el segundo) y más de 240.000 personas podrían alcanzar su jubilación este año. «La moratoria es nuestra bandera y la vamos a defender, porque entendemos que es la mejor opción», señaló uno de los diputados del bloque que más trabajó en el proyecto, que sin embargo reconoció: «Todavía no tenemos las adhesiones que se necesitan para alcanzar la media sanción».
«Ante esa disyuntiva, se puede crear una mayoría en torno a la prestación proporcional con algunas modificaciones que consideramos que tiene que tener el proyecto», planteó y apuntó al proyecto dictaminado por Encuentro Federal, que prevé reconocer el esfuerzo contributivo realizado en la etapa activa de los trabajadores y ofrece una remuneración base con adicionales porcentuales por cada año de aporte, siempre que sean menores a los 30.
En simultáneo, se votará la declaración de emergencia para la discapacidad, que abordará el pago para los prestadores de servicios y reactivar el otorgamiento de pensiones por invalidez. En el peronismo entienden que es difícil evitar la aprobación, pero entre sus aliados aparecen más dudas. Aún si el proyecto se vuelve ley, la decisión final la toma el Ejecutivo. “Hay que tener estómago para vetar un proyecto así», se adelantó Daniel Arroyo (Unión por la Patria), autor del proyecto. La oposición observa con atención la confluencia de manifestantes por las jubilaciones, discapacidad, el feminismo (por el 10° aniversario del Ni Una Menos) y universidades en las inmediaciones del Congreso, para terminar de sensibilizar a los neutrales y para evitar un operativo de seguridad ofensivo como el de cada miércoles.
El equilibrio fiscal será el principal argumento que repetirá el oficialismo en caso de que inicie la sesión. A los 0,084% de la extensión de la moratoria, se podría sumar un 0,3% del PBI en el incremento del bono y entre el 0,22% y el 0,42% por la declaración de la emergencia en discapacidad. Esas cifras, relevadas por la Oficina de Presupuesto del Congreso, son distintas a las que generó la calculadora de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados: “El kirchnerismo con sus actuales aliados -que hasta ayer eran enemigos íntimos- con falsa demagogia y total irresponsabilidad, proponen una sesión con proyectos de ley que, de aprobarse, tendrían un costo fiscal de más de 12.000 millones de dolares, 1.8% PBI”, publicó en sus redes sociales.
Entre las respuestas está la del mendocino Julio Cobos, único miembro de la Unión Cívica Radical que dio quorum en la sesión por jubilaciones y estafa $LIBRA el 21 de mayo. «Habilite la discusión del Presupuesto y los diputados le indicaremos la asignación de las partidas con equilibrio fiscal. Evitemos la discrecionalidad que esta situación -por 2 años consecutivos- le permite. La SIDE no es prioridad, sí lo son jubilaciones, salud y educación”, escribió el parlamentario radical. ¿Se consolidará un antagonismo entre los dirigentes antes considerados dialoguistas?
Universidad y Salud, las próximas agendas
El miércoles también se tratará sobre tablas la declaración de emergencia para las ciudades inundadas en el noreste de la provincia de Buenos Aires. En los últimos días, ingresó un nuevo tema. Será el emplazamiento de las comisiones de Educación y Presupuesto, que aspira a sacar de la parálisis a los espacios presididos por el oficialismo para poder tratar la ley de Financiamiento Universitario, presentado el pasado miércoles por los rectores académicos bajo tres premisas: reapertura de paritarias, fondos para garantizar el funcionamiento y partidas para sostener y reactivar las becas. Si consiguen mayoría, lograrían que inicie el debate en plenario.
El reclamo del Hospital Garrahan también alcanzó al Congreso. Luego de una reunión de los legisladores de la Comisión de Salud con los trabajadores del instituto pediátrico, se concretó una asamblea en el Anexo de Diputados en donde se diseñó un plan de acción: el martes se debatirá la aprobación de una declaración de emergencia de la salud infantil. Los bloques opositores intentarán anexar respaldos de los gobernadores aliados a Casa Rosada. “El Garrahan es fundamental para las provincias, porque llegan ahí a través de avión sanitario a niños o bebés cuyas patologías no pueden resolver con el sistema de salud provincial», sostuvo una autoridad de la Comisión de Salud.
En ese contexto, otros dos proyectos pueden alcanzar estado parlamentario antes del recambio electoral. Una es la demanda del sector científico, que encontró correlato en el Senado a través de la recientemente constituida Comisión de Ciencia. «Estamos en terapia intensiva y con pronóstico reservado», definió la titular de ese espacio, Silvina García Larraburu (Unión por la Patria).
Su compañero de bloque Martín Doñate apuntó a otra demanda. «El decreto 345/25 es un golpe directo al Instituto Nacional del Teatro», señaló en referencia a la pérdida de autonomía que sufrieron varios organismos culturales la semana pasada por decisión del Ejecutivo. Por el momento, la reacción fue una convocatoria en la Comisión de Cultura de la Cámara baja y un pedido de anulación del decreto por parte del diputado Esteban Paulón (Encuentro Federal). Todo hace pensar que el segundo semestre no tendrá la quietud que se pronosticaba. (Ámbito)