El gremio de la UBA inicia huelga desde el 16 de marzo, exige 51% de aumento y rechaza oferta del Gobierno de 12,3% en cuotas.

Paro por incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

Los docentes de Universidad de Buenos Aires anunciaron un paro por tiempo indeterminado a partir del 16 de marzo. La medida fue aprobada por unanimidad en la asamblea de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).

El sindicato reclama el pago del 51% de aumento salarial dispuesto por la Ley de Financiamiento Universitario, normativa que el Congreso aprobó en 2025 y cuyo veto presidencial fue rechazado. La secretaria general Laura Carboni señaló: «Nos deben el aumento del 51% de los salarios dispuestos por la Ley de Financiamiento Universitario. El gobierno, en completa ilegalidad, desconoce lo votado cuatro veces en el Congreso».

Rechazo a la oferta del Gobierno

El Ejecutivo propuso un incremento del 12,3% en tres cuotas hasta octubre de 2026, cifra que el gremio considera insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo. Por ese motivo, las clases no se retomarán hasta que se efectivice el pago del aumento y se respete la ley vigente: «No volveremos a las aulas hasta que nos paguen el 51 por ciento que nos deben y que se cumpla la ley vigente», se lee en la resolución.

Plan de lucha y acciones previstas

El plan de acción de los docentes contempla:

  • Paros y movilizaciones regionales y federales.
  • Clases abiertas y actividades dentro de facultades y colegios preuniversitarios.
  • Cortes y permanencias en los establecimientos educativos.

Además, la UBA queda en estado de deliberación permanente, con una nueva asamblea prevista para el 20 de marzo. Participarán docentes, estudiantes y trabajadores no docentes para evaluar la continuidad de las medidas y la posible convocatoria a una nueva marcha federal en defensa de la educación pública.

Reapertura de paritarias y financiamiento

Entre los reclamos centrales, los docentes exigen la reapertura de paritarias y rechazan un proyecto del Poder Ejecutivo que busca modificar el esquema de financiamiento universitario aprobado el año pasado.

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