La democracia argentina vuelve a mirarse en el espejo de sus horas más oscuras. David Norberto Cantarino, conocido por todos en la militancia y la comunicación popular como «El Judío Zurdo», lleva siete días desaparecido.
Desde aquel lunes 16 de marzo, cuando se perdió su rastro en la provincia de San Luis, el silencio oficial ha sido tan espeso como la angustia de su familia. Pero lo que comenzó como una búsqueda desesperada de paradero ha mutado en algo mucho más siniestro: una operación de hostigamiento y apriete contra quienes reclaman su aparición con vida.
Sandra Carrasco, esposa de David, se ha convertido en el escudo y la lanza de este reclamo. A través de un desgarrador video que circuló por redes sociales, confirmó lo que muchos temían: la justicia ordinaria no se mueve, y la policía parece más interesada en que el tema se enfríe que en encontrar a su marido. «Mi marido está desaparecido. Hoy hice la denuncia y se está preparando un habeas corpus», sentenció Sandra, recurriendo a esa herramienta jurídica que en nuestra historia simboliza la última frontera contra la arbitrariedad del poder y la desaparición forzada.
Los mensajes del horror: el apriete telefónico que busca el silencio
Lo que vuelve este caso una verdadera pesadilla institucional es el hostigamiento que Carrasco viene sufriendo en su propio teléfono. Mientras la investigación oficial duerme en los cajones de la burocracia, a Sandra le llueven mensajes intimidatorios y cargados de saña, enviados desde el celular de su marido. Buscan que deje de publicar, para que el reclamo por David no salpique a las estructuras de poder que él mismo investigaba.
Estos mensajes no son al azar. Buscan desviar la atención, ensuciar la figura de Cantarino y, sobre todo, generar un clima de terror que paralice a sus allegados. Es la metodología de la patota de civil, ahora digitalizada, operando bajo el amparo de un Estado que no investiga el origen de esas amenazas pero sí vigila quiénes son los que se movilizan.
Un Estado responsable por acción u omisión
La presentación del habeas corpus es la confirmación de que la familia no confía en los canales habituales porque sabe que, en estos casos, el tiempo es el peor enemigo. Cada hora que pasa sin noticias de David, y cada mensaje de hostigamiento que llega al celular de Sandra sin que se rastree su origen, es una prueba de la complicidad por omisión del Gobierno.
La sociedad argentina, que tiene la piel curtida por la lucha contra la impunidad, no puede permitir que en 2026 un comunicador desaparezca y su familia sea apretada impunemente. La consigna es clara y no admite grises: Aparición con vida ya de David Cantarino. Cese inmediato del hostigamiento a Sandra Carrasco y protección efectiva para su familia. El Estado es responsable.