El tema de la responsabilidad fiscal es el mantra preferido por el Gobierno nacional para dinamitar cualquier iniciativa opositora, pero es irrelevante cuando se trata de entregar concesiones a los sectores prioritarios para la Casa Rosada. Algunos ejemplos prácticos para demostrar que detrás del razonamiento técnico se esconde la crueldad del modelo Milei.
Por Pablo Esquivel
A horas de que se concrete una nueva toma de deuda con los bancos, que presionan y amenazan con irse al dólar, y generar una corrida que podría hacer tambalear el plan “libertario” de baja de la inercia inflacionaria, Javier Milei y su mesa chica dieron el brazo a torcer con el campo.
Las medidas de alivio por los derechos de exportación que anunció el Presidente el sábado en La Rural sobre el que es todavía el sector más competitivo de la Argentina se venían rumoreando por lo bajo en los días previos.
Los principales jugadores del complejo agroexportador ya descontaban que la Casa Rosada volvería a la carga con un esquema que los beneficiaría, como sucedió hasta fines de junio cuando finalizó la quita temporal de alícuotas a los productos del campo.
De hecho, en el mercado se ofrecían valores superiores para que los productores vendieran, lo que induce a que no se producirán subas en los precios de los commodities agrarios de forma inmediata.
El Gobierno necesita los dólares como el agua, y es por eso que debió dar el brazo a torcer. A pesar de que se produjo un ingreso récord por US$ 15.419 millones de exportaciones agroindustriales, un 40% más que el mismo período del año 2024, el esquema de disponibilidad constante de divisas hace que el Poder Ejecutivo se quede sin margen.
Milei y su equipo económico comandado por Luis Caputo no podían darse el lujo de ver cómo se acopiaban en silobolsas aún una buena parte de la cosecha de soja, maíz y trigo, con porcentajes de stock sin liquidar de más del 40%.
De un instante al otro y, en este caso, sí haciendo un anuncio estridente como no sucede con las licitaciones de bonos y letras en pesos en el Ministerio de Economía para contener la escalada sobre el mercado único libre de Cambios, el Presidente se embanderó con la quita de 1250 millones de dólares anuales sobre el campo.
El economista y extitular del Banco Nación Claudio Lozano destacó que de un plumazo el Gobierno “transfirió el equivalente a cinco meses de financiamiento universitario o a más de siete años de financiamiento del Hospital Garrahan”.
De acuerdo con el especialista, esta transferencia para privilegiar el aumento de la renta de la tierra, puede estimarse en aproximadamente unos 11.500 millones de dólares solo en granos y ganadería.
“Si se considera que el 10% de los propietarios controla el 50% de la superficie de explotación, estos grandes terratenientes embolsan unos 6000 millones de dólares en concepto de renta de la tierra. Hablamos de 1414 propietarios con más de 2500 has cada uno”, sostuvo Lozano.
“Ponemos en crisis e hipotecamos la salud y la educación de nuestros pibes para alimentar el comportamiento rentista de grandes terratenientes que vigilan, desde sus helicópteros, tareas que no realizan pero por las que se llevan unos 6000 millones de dólares anuales, ya que son dueños de 6.950.000 hectáreas”, completó el dirigente de Unidad Popular.
DESIGUALDAD MATA RELATO
El gobierno nacional ataca a los legisladores y representantes de la oposición, e incluso actores que simpatizan con la política de motosierra del gasto público, pero que en ciertos temas plantean distancia. Este achaque seguido por insultos apunta sobre la “irresponsabilidad” fiscal y de ir contra los lineamientos del superávit.
Milei fue directo contra las iniciativas que se aprobaron en el Congreso para aumentar un 7,2% las jubilaciones, la reactivación de la moratoria previsional, y la emergencia para los prestadores en Discapacidad. “Financiar este atropello vía impuestos implicaría un aumento de presión fiscal entre 2 y 3 puntos del PBI”, expresó frente a las confederaciones agrícolas el sábado.
Para considerar los números, el costo de la medida fiscal por la quita de derechos de exportación anunciados es igual a lo que resignaría de recaudar el Estado para atender a la población con discapacidad: 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI), según el dato que publicó la oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
También es irrelevante el costo que traería aparejado aprobar la extensión de la moratoria: se trata del 0,084% del PBI para el primer año y de 0,081% para el segundo. En total, la medida implicaría un 0,165% del PBI.
La misma Oficina estimó que el aumento en las jubilaciones tendría un costo fiscal anualizado del 0,41% del PBI. El incremento del bono, que hoy sigue congelado en 70 mil pesos para los haberes mínimos y pasaría a 110 mil, implicaría un esfuerzo fiscal anualizado del 0,38%.
Esta paridad numérica, pero disparidad ideológica que promueve el Gobierno para repartir la torta también queda al descubierto con otros proyectos legislativos que tienen media sanción parlamentaria y que son la bandera de la unidad entre los gobernadores.
La consultora PxQ, que dirige Emmanuel Álvarez Agis, difundió que el proyecto para redistribuir los fondos del Impuesto a los Combustibles Líquidos tendría un impacto en el PBI en 2025 que sería de 0,2% y en 2026 de 0,4%.
En el caso de los Aportes del Tesoro Nacional, la aprobación del proyecto que ya tiene el aval del Senado representaría un 0,05% para 2025 y un 0,10% para el ejercicio 2026.
Poco le importa esta comparación al Poder Ejecutivo. Lo que le importa a los Milei es que los sectores concentrados del agro y de los bancos no queden en la vereda opuesta. Con ellos sí hay flexibilidad.