La decisión del Gobierno de eliminar la intermediación de las obras sociales activó la alarma en la mesa chica de la central sindical, que pierde la gestión de unos 360 mil millones al año.
El dialoguismo de la CGT con el gobierno de Javier Milei entró en una etapa de enrarecimiento luego de la decisión de la gestión libertaria de eliminar la intermediación de las obras sociales.
La medida representa la pérdida de al menos unos $30.000 millones mensuales para los gremios, al permitir que las prepagas reciban el total de aportes sin necesidad de derivación previa, según cifras oficiales; cifra a la que se suman los aportes, contribuciones y subsidios que recibían y que a partir de ahora van a ir directamente las prepagas.
La central obrera tenía prevista una reunión del Consejo Directivo para la semana pasada. Por la medida del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, que apunta a que los trabajadores registrados envíen sus contribuciones directamente a la empresa de medicina privada elegida, sin necesidad de estar afiliados a una obra social que opere como una intermediaria para derivar los aportes, los gremios pierden un ingreso de entre 3% y 6% mensual por cada trabajador, por lo que es un golpe directo a los sindicatos.
¿Seguirá el dialoguismo?
La disposición puso en alerta a la CGT, que desde la salida del líder camionero Pablo Moyano de la cúpula de la central obrera, abandonó la posición combativa y acentuó una dialoguista con Balcarce 50, dispuesta a negociar algunas iniciativas impulsadas por el oficialismo. Sin embargo, el avance sobre una de las fuentes de financiamiento del sistema de salud sindical podría volver a tensar el vínculo.
Luego de los paros generales, que no tuvieron el impacto social ni político que los gremios buscaban, la CGT abrió canales de diálogo con el Gobierno. Primero fueron de manera informal y luego se hicieron oficialmente.
Así, la central obrera se limitó a confrontar con el presidente Javier Milei y el ajuste que lleva adelante, a través de comunicados y manifestaciones por redes sociales o acompañando movilizaciones convocadas por otros sectores de la sociedad, como los estudiantes universitarios o de las organizaciones LGTBQ+ que se realizó este sábado.
Sin embargo, la decisión de la cartera de Salud de avanzar sobre una fuente de financiamiento para las obras sociales podría significar un punto de inflexión en el vínculo con el Gobierno. La medida impacta a 1.380.000 afiliados titulares, lo que representa como mínimo unos $30.000 millones por mes, lo que anualizado significa no menos de $360.000 millones. Un golpe que podría ser letal para el sistema de salud sindical.