Las autoridades adelantaron convocaron a una Asamblea General Extraordinaria para iniciar los trámites correspondientes a la liquidación.

Tras el primer aniversario del mandato presidencial de Javier Milei y el anuncio de la profundización de la «motosierra» en el Estado, la Secretaría de Transporte confirmó el «cese de actividades de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF)«. «Con esta medida, concluye el proceso de cierre definitivo que inició en octubre», indicaron las autoridades.

Desde la cartera que está bajo la órbita del Ministerio de Economía sostuvieron que, a partir de esta medida, «Trenes Capital Humano no realizará contrataciones ni facturaciones«, al tiempo que adelantaron que «en los aspectos puntualmente económicos, no tendrá egresos ni tampoco ingresos». Y agregaron: «Además, al darse de baja la empresa, no contará con personal ni realizará ninguna actividad«.

Así se determinó este martes a través de la resolución 58/2024, publicada en el Boletín Oficial. En el mismo documento se ordena al Directorio de la sociedad a convocar una Asamblea General Extraordinaria para iniciar los trámites correspondientes a la liquidación.

El anuncio va en consonancia con las políticas de ajuste fiscal que lleva adelante el Gobierno desde diciembre del año pasado. «El cierre del organismo constituye un ahorro para el Estado de 42 mil millones de pesos anuales», sostuvo el organismo dirigido por Franco Mogetta.

Este recorte podrá concretarse a partir del despido de 1.388 empleados «y la eliminación de 23 cargos jerárquicos que cobraban promedio entre 2 y 4 millones de pesos mensuales», puntualizaron las autoridades.

En esta línea, dispararon contra la Administración anterior al sostener que «Trenes Argentinos Capital Humano demandó 180 millones de dólares al Tesoro Nacional» por motivos que calificaron de «insólitos».

En octubre pasado, durante una conferencia de prensa, Mogetta justificó el cierre de la empresa estatal al consignar que había funcionado como un espacio de “despilfarro de recursos públicos”. También afirmó que su estructura sobredimensionada carecía de justificación operativa.

Visto el expediente EX-2024-133051370- -APN-DGDA#MEC, la ley 27.742, los decretos 1774 del 23 de agosto de 1993, 28 del 10 de enero de 2018, 525 del 12 de junio de 2024, 526 del 12 de junio de 2024 y la resolución 35 del 26 de septiembre de 2024 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el decreto 1774 del 23 de agosto de 1993 se creó la entonces Empresa Ferrocarril General Belgrano Sociedad Anónima, hoy Desarrollo del Capital Humano Ferroviario Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (DECAHF), en virtud de las modificaciones de su estatuto social, objeto y denominación social, conforme lo previera el decreto 28 del 10 de enero de 2018, teniendo por objeto diseñar, organizar, promover y realizar actividades de asistencia técnica, asesoría, capacitación, complementación, entrenamiento, especialización, formación y recalificación y gestión de recursos humanos, fortalecimiento organizacional y resguardo documental en materia ferroviaria.

Que mediante el artículo 1° de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos 27.742 se declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética.

Que por el decreto de necesidad y urgencia 525 del 12 de junio de 2024 se declaró la emergencia pública en materia ferroviaria para los servicios de transporte de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional por el plazo de veinticuatro (24) meses, la cual abarca la totalidad de las actividades inherentes a la administración y al mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y a la operación de los servicios ferroviarios en la Red Ferroviaria Nacional, sean ejercidas o no de manera directa por el Estado Nacional.

Que al momento de declararse la emergencia pública en materia ferroviaria, se ponderó que resulta fundamental  orientar el destino de los fondos públicos hacia el objetivo primordial de maximizar las inversiones y los recursos  empleados para la prestación de un servicio ferroviario en condiciones de eficiencia y seguridad, que únicamente  

puede lograrse a través del rigorismo en la imputación presupuestaria que debe ser focalizada exclusivamente en la  seguridad operativa, y con ello se entendió que en el plano institucional corresponde hacer una revisión de la  organización y funcionamiento de las distintas empresas del sector ferroviario con el objetivo de mejorar la eficacia

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