Lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni; un equipo de la Agencia Nacional de Discapacidad identificó desvíos por unos US$3400 millones solo en 2023 en beneficios a personas sin problemas de salud.
El Gobierno anunció hace instantes que auditará “uno por uno” a los beneficiarios de las pensiones por invalidez laboral, tras identificar el otorgamiento de esas asistencias a personas que no las necesitaban. Lo que definieron como “una actividad fraudulenta a gran escala” equivale a desvíos de fondos que estiman en unos US$3400 millones en 2023, según surge de una investigación interna de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
“La cifra de pensiones a diciembre 2023 se ubicó en 1.222.000 beneficiarios después de cuatro años de gestión del profesor [Alberto] Fernández. Este número estratosférico no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras ni catástrofes naturales”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, al anunciar en conferencia de prensa la revisión a partir de agosto de más de un millón de personas que reciben ese beneficio de unos $210.000 por mes. “Cada pensión que fue otorgada de manera fraudulenta será denunciada penalmente”, agregó el funcionario.
La auditoría será sobre el 100% del padrón de beneficiarios, según reforzaron desde la Andis a LA NACION. “Va a ser uno por uno –insistieron–. No podemos cometer el error de sacarle la pensión a quien le corresponde. Citaremos a todos y la evaluación será con criterio médico y socioeconómico. Habrá instancias de revisión”.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había dado a conocer el mes pasado que el equipo de trabajo a cargo de Diego Spagnuolo, director ejecutivo de la Andis, había detectado un incremento exponencial de la entrega de las pensiones por invalidez laboral en las dos últimas décadas: de las 79.581 existentes en 2003, según indicaron, el gobierno de Alberto Fernández culminó con más de 1,2 millones de pensiones, “una cifra que volvió a ascender” con respecto a 2019.
Una auditoría médica sobre una muestra de 2559 casos, en parte judicializados y en parte seleccionados al azar, encontraron que apenas un 7% reunía los requisitos de invalidez para poder trabajar. En el resto, identificaron que “no cumplían con los requisitos mínimos” de acceso a una pensión.
“Se encontró un sistema de pensiones por invalidez poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude”, ampliaron desde la agencia, que depende del Ministerio de Salud de la Nación desde la reorganización del organigrama del Estado en diciembre pasado. “Durante las gestiones anteriores, las pensiones fueron utilizadas como moneda de cambio para favores políticos, otorgándolas a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez laboral o discapacidad”, continuaron. (La Nación)