Empresas de todo el país implementarán subas de 3% en los valores de adquisición, transporte y distribución, con el objetivo de «mantener los precios y tarifas del sector en cifras reales lo más constantes posibles».
El Gobierno aprobó el nuevo cuadro tarifario de transición de gas natural, que entró en vigencia durante la madrugada del 4 de diciembre y consiste en un aumento de 3% en las tarifas de adquisición, transporte y distribución, con el objetivo de «mantener los precios y tarifas del sector en valores reales lo más constantes posibles».
La medida se implementó a través de varias resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicadas este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de su interventor, Carlos Casares.
Las normas incluyen a varias empresas: Transportadora de Gas del Norte S.A., Transportadora de Gas del Sur S.A., Refinera del Norte S.A., Gasoducto Nor Andino Argentina S.A., Energía Argentina S.A., ENEL Generación Chile S.A. Sucursal Argentina, Gasoducto Gas Andes Argentina S.A., Gas Link S.A., Transportadora de Gas del Mercosur S.A., Naturgy NOA S.A., Naturgy BAN S.A., Distribuidora de Gas del Centro S.A., Distribuidora de Gas Cuyana S.A., Litoral Gas S.A., Metrogas S.A., Camuzzi Gas Pampeana S.A., Camuzzi Gas del Sur S.A., Gas NEA S.A. y Redengas S.A.
Además, las resoluciones indicaron que el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) deberá ser determinado por Enargas, de acuerdo a la fórmula determinada en el artículo 5° de la resolución 41/2024.
En los textos, el Gobierno sostiene que el aumento era necesario para «evitar un proceso de deterioro de los mismos que no permitan el sustento del sector y hasta amenacen su continuidad», y remarcó la vigencia hasta el 9 de julio de 2025 del estado de emergencia en el que se encuentra en sector energético nacional.
A raíz de esto, la Secretaría de Energía solicitó a los organismos estatales que pongan en marcha «las acciones necesarias e indispensables» para que los costos estén en condiciones de competir en el mercado, a la vez que debía de garantizarse la distribución de los servicios a los prestadores y a los usuarios de todas las categorías.