La decisión fue anunciada mediante la publicación del Decreto N° 1023/2024 en el Boletín Oficial. De este modo, se busca garantizar la prestación continua y adecuada de estos servicios públicos esenciales.
Este miércoles, el Gobierno nacional prorrogó la emergencia del sector energético nacional en lo que respecta a los “segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural”. De esta forma, el nuevo acuerdo general entre los ministros se prorrogará hasta el 9 de julio de 2025.
La disposición fue confirmada a través del decreto 1023/2024, publicado este martes en el Boletín Oficial. “La Secretaría de Energía debe continuar con la implementación de las acciones necesarias e indispensables con el fin de establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso», indicó el documento.
En ese sentido, la normativa señala que se buscará «mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para seguir garantizando la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías”.
En tanto, el Gobierno decidió extender la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) hasta que se constituya y ponga en funcionamiento el directorio. En ese sentido, también se deberá designar los miembros a cargo.
Por su parte, los interventores deberán ajustar sus facultades a lo establecido en las leyes vigentes y en los decretos correspondientes. Además, en la disposición, se invitó a las provincias a coordinar las acciones de emergencia “necesarias para asegurar la prestación de los servicios de distribución de electricidad que correspondan a su jurisdicción”.
Y continuó: “En el proceso de adecuación tarifaria transitoria serán de aplicación mecanismos que posibiliten la participación ciudadana, los que deberán contemplar las previsiones del Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional”.
Por último, el Ejecutivo aseguró que pretende “ordenar y unificar los tiempos”, debido a que por el momento no se completaron las inversiones necesarias por tratarse de obras de envergadura que demoraran largos plazos para materializarse. (Crónica)