La informalidad laboral sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales del mercado de trabajo argentino: según un relevamiento reciente, el 42% de las personas ocupadas en el país trabaja sin aportes, cobertura médica ni derechos básicos garantizados.
La cifra -que surge del último informe de Argendata, un sitio de datos de FUNDAR curado por Daniel Schteingart-, equivale a unos 8,8 millones de trabajadores, de los cuales 5,5 millones son asalariados que no reciben aportes de parte de su empleador, y 3,3 millones son trabajadores no asalariados, como cuentapropistas o patrones, que tampoco están registrados en el sistema previsional. El número revela una problemática estructural que se profundiza en determinados sectores y regiones del país.
Entre los asalariados, la tasa de informalidad es del 36%, pero se eleva al 57% entre los trabajadores independientes. Dentro de este último grupo, los cuentapropistas alcanzan una informalidad del 62%, mientras que los patrones, generalmente dueños de pequeñas empresas, presentan una tasa inferior al 20%.
Uno de los factores clave que explica la informalidad es la actividad económica en la que se desempeñan los trabajadores. Las tasas son bajísimas en sectores de alta formalidad, como el petróleo, la minería, las finanzas o los servicios profesionales, donde están por debajo del 15%. En cambio, en sectores como el agro, la construcción, la gastronomía o el servicio doméstico, más del 60% de los trabajadores están por fuera del sistema formal.
La ubicación geográfica también marca diferencias abismales: las provincias del Norte Grande concentran las mayores tasas de informalidad asalariada. En provincias como Salta, Santiago del Estero o Tucumán, más de la mitad de los asalariados no están registrados. Estas regiones presentan un bajo PBI per cápita, escasa densidad empresarial y estructuras productivas asociadas a actividades con alta informalidad, como la agricultura o la economía popular.
Por el contrario, las provincias patagónicas y la Ciudad de Buenos Aires muestran los menores niveles. En jurisdicciones como Santa Cruz, Tierra del Fuego o Neuquén, la informalidad asalariada es inferior al 20%, impulsada por la presencia de grandes empresas, industrias intensivas en capital y una cultura empresarial más alineada con la formalidad.
En el caso de la CABA, la elevada densidad de empresas formales, la presencia de sectores de servicios de alto valor agregado, como los jurídicos, financieros o tecnológicos, y un consumo con mayor capacidad adquisitiva, empujan al empleo hacia la formalidad. A su vez, los consumidores tienden a exigir servicios y productos legales, lo que desincentiva el trabajo informal.
Históricamente, la informalidad en Argentina ha ido en aumento, aunque con altibajos. En los años ‘80, el 27% de los asalariados estaba en negro. Esa cifra trepó al 49% tras la crisis de 2001. Luego bajó de manera significativa entre 2003 y 2011, acompañando el crecimiento económico y el fortalecimiento del aparato institucional. Sin embargo, desde 2015, el número volvió a subir y actualmente ronda el 36% entre asalariados.
El crecimiento del empleo informal no es casual: responde a una década de estancamiento económico, baja inversión privada, caída del empleo formal en el sector privado y un aumento del empleo público como paliativo. A esto se suma una presión tributaria elevada sobre el empleo formal, que desalienta la registración laboral.
En el plano regional, Argentina presenta un nivel de informalidad inferior al promedio de América Latina, pero superior al que debería tener por su nivel de ingreso per cápita. Países como Uruguay (9,6%) o Chile (14,8%) muestran mejores indicadores, mientras que Argentina, con el 36%, se ubica por encima de Brasil (23,6%) y Colombia, y por debajo de economías como Bolivia, Perú o México, donde el trabajo informal es norma más que excepción.
Uno de los problemas centrales que plantea la informalidad laboral es la desprotección estructural: millones de personas quedan por fuera del sistema jubilatorio, no tienen cobertura de salud, ni licencias pagas, ni representación gremial. Además, este fenómeno afecta directamente la recaudación del Estado y la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social.
Desde 2011, mientras que la mayoría de los países de la región redujo sus niveles de informalidad, en Argentina la tendencia fue inversa. Esto plantea interrogantes no solo sobre el crecimiento económico, sino también sobre la calidad del crecimiento, el marco regulatorio laboral, y las políticas de fomento a la registración.
Los especialistas coinciden en que sin crecimiento sostenido, es muy difícil reducir la informalidad. Aunque también advierten que el crecimiento por sí solo no alcanza: debe estar acompañado de instituciones laborales robustas, incentivos a la formalización, y un esquema tributario que no penalice la contratación legal.
Mientras tanto, más del 40% de los trabajadores argentinos siguen en una situación precaria, sin acceso a derechos ni garantías, empujados por un sistema que, en muchas regiones y sectores, hace de la informalidad la única alternativa para subsistir. (C5N)