Luego de que el Gobierno anunciara que no va a acatar el fallo de la Corte Suprema sobre el recorte de fondos de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, distintas entidades empresarias se manifestaron en contra e instaron al Poder Ejecutivo que revea su decisión, teniendo en cuenta la «inusitada gravedad institucional» de la medida.
La Asociación Empresaria Argentina (AEA), que nuclea a los dueños de las grandes empresas argentinas –como Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín), Luis Pagani (Arcor), Alfredo Coto (Coto), Sebastián Bagó (Bagó) y Federico Braun (La Anónima), entre otros– definió como de “extrema gravedad” la intención del Ejecutivo de no cumplir un fallo de la Corte.
Las principales entidades empresariales instaron al Gobierno a rever su decisión de desconocer el fallo de la Corte Suprema en relación a la Coparticipación.
Por su parte, desde el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), aseguraron en un comunicado que «el respeto absoluto a los fallos de la justicia es un pilar de la democracia y, por lo tanto, de la estabilidad en las reglas de juego que es imprescindible para que aumente la inversión privada y con ello el empleo«. En este sentido, indicaron que la medida del Gobierno es de «una inusitada gravedad institucional y un peligroso precedente para que otros actores decidan cumplir solo con aquellas decisiones de la justicia que les son favorables».
A su vez, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) comunicó que el desconocimiento del fallo de la Corte trae «incertidumbre e inestabilidad política, jurídica e institucional a un país en el que, quienes invierten y dan trabajo, cada vez tienen menos certezas y garantías». Además, agregaron que «la unión que experimentamos los argentinos tras un objetivo común, como lo es la obtención de la copa del mundo de fútbol, queda así desvirtuada por luchas en estamentos del Poder Público, que demuestra no estar a la altura de las circunstancias para comenzar una senda de crecimiento».
Otra agrupación que expresó su indignación fue el Foro de Convergencia Empresarial: «Quien ocupa el más alto cargo del Poder Ejecutivo (…) debería mostrar una conducta ejemplar y acatar las decisiones del más alto tribunal. No hacerlo genera un grado inusitado de confusión e incertidumbre, de gravísimas y negativas implicancias tanto en lo económico como en lo social».
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) también manifestó su “profunda preocupación» porque «el posible incumplimiento de una sentencia del máximo tribunal es un hecho de enorme gravedad institucional». Además, dijeron que esto «dañaría severamente a nuestra República, lesionando la confianza de los inversores locales y del exterior y, fundamentalmente, dejaría a todos los ciudadanos más desamparados ante el poder de turno».
También se manifestaron desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). En un comunicado, señalaron su rechazo a la decisión del Gobierno a la que calificaron como un “golpe institucional”.