El juez Casanello rechazó el acuerdo de reparación integral con el que Leonardo Kebleris buscaba evitar ser juzgado por la creación de Coxtex S.A., firma que facturó más de 5 millones al Ministerio de Desarrollo Social como gastos del Plan Potenciar Trabajo.
El magistrado federal Sebastián Casanello desestimó el ofrecimiento por 87.963.534 pesos como propuesta de reparación económica de Leandro Gastón Kebleris, uno de los dos procesados como partícipe necesario en el desvío de fondos públicos destinados al Plan Potenciar Trabajo, que buscaba evitar el debate oral y extinguir la acción penal en su contra «sin reconocer hechos ni derechos».
A disposición del Polo Obrero
Según lo indica la resolución, el juez consideró que los delitos contra la administración pública no pueden resolverse mediante un acuerdo privado. Junto a Anahi Rivero, Leonardo Kebleris está acusado de haber puesto a disposición del Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor la empresa Coxtex S.A., calificada por la fiscalía como «una usina de facturación apócrifa, desprovista de toda capacidad operativa, económica o financiera». Según la investigación, en octubre de 2021 esa firma emitió dos facturas por un total de 5.459.418 pesos que permitieron a las organizaciones desviar dinero del programa social para destinarlo a actividades de prensa, militancia y campaña electoral.
La propuesta de Kebleris contemplaba la transferencia inmediata de más de 14 millones de pesos ya embargados y transferir el restante en doce cuotas. Sin embargo, la fiscalía y la Oficina Anticorrupción (OA), el Ministerio de Capital Humano y la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúan como querellantes, se opusieron rotundamente al acuerdo.
Una maniobra de múltiples actores
Precisamente la fiscalía advirtió que la maniobra investigada involucraba a múltiples actores , «no resultaría admisible fragmentar la valoración del daño ni abordarlo aisladamente respecto de un solo interviniente», sostuvo el Ministerio Público. Además, señaló que la causa aún tiene líneas de investigación abiertas, «respecto de otros sujetos y otros tramos delictivos», por lo que admitir el beneficio «podría acarrear el riesgo concreto de comprometer la solidez y coherencia de la acusación».
Casanello rechazó incluso convocar a una audiencia para que Kebleris explicara su propuesta al argumentar que no existía un acuerdo previo entre él y el Estado como parte afectada. Para el magistrado, homologar el acuerdo «podría entorpecer el trámite de las actuaciones” que actualmente transcurren ante el tribunal oral número 8 que enjuiciará al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni y a otras 15 personas.
La elevación a juicio
Finalmente, el juez Casanello quedó en condiciones de resolver el pedido de elevación a juicio formulado por la fiscalía el pasado mes de noviembre. El Ministerio Público ubicó a Kebleris y a Rivero como piezas clave dentro de un engranaje mayor que funcionó durante casi cuatro años en el seno del Polo Obrero y dos de sus unidades de gestión: la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor.
Rivero y Kebleris aparecen vinculados a la empresa Coxtex S.A., señalada por ARCA como una usina de facturación apócrifa. Según consta en el expediente, ambos administraron la firma, que no tenía actividad comercial real ni sede operativa, y que sus titulares eran prestanombres reclutados y remunerados para ese fin. A través de esa estructura, Coxtex emitió dos facturas millonarias correspondientes a supuestas compras de materiales e insumos que nunca habrían sido entregados.
Para los investigadores, la participación de Coxtex S.A. se encuentra dentro de un circuito más amplio que incluía a otras empresas como Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, Urban Graphics, Ricoprint y Miniso Trade, todas señaladas por emitir documentación falsa para simular adquisiciones y encubrir el desvío de fondos públicos. Con esa ingeniería, las unidades de gestión habrían ocultado gastos inexistentes para presentar rendiciones que parecían formales pero que, según los peritajes, estaban diseñadas para dar apariencia de legalidad a desvíos millonarios.
El aporte de Rivero y Kebleris fue clave, pues, de acuerdo a la fiscalía, su empresa actuó como vehículo necesario para blanquear una parte del dinero que debía destinarse a proyectos socioproductivos: mediante Coxtex se generaba documentación que permitía justificar compras inexistentes y, con eso, liberar fondos que luego se habrían aplicado a campañas, actividades partidarias y gastos corrientes del Polo Obrero. (mdzol)